El tribunal integrado por los jueces Rodolfo Zvala, Ismael Manfrín y Nicolás Vico Gimena está encargado de juzgar el caso de un hombre que mantuvo privadas de la libertad a su hija y a su pareja hasta el día en que estranguló a esta última, el 28 de agosto de 2019.
Norma Quiroga fue asesinada por su pareja luego de estar al menos un mes privada de su libertad junto a su hija Laura G. Provenientes de la comunidad Qom en Chaco, se habían instalado en la zona sudoeste de la ciudad, en pasaje 1821 al 6200, lugar en el que ocurrieron los hechos llevados a juicio.
Según la acusación del fiscal Ávila, desde los inicios de la relación, pero principalmente durante los últimos años, Rubén Lucio G. ejerció violencia de género en forma física, psicológica, sexual y económica contra Norma. Al menos desde principios de agosto de 2019 la mantuvo a ella y a su hija, privadas de la libertad: además de amenazarlas de muerte tapió las ventanas y puertas para impedir que salieran de la casa.
Durante ese mes de encierro no les proporcionó suficiente comida ni atención médica, lo que a su hija le produjo graves problemas de salud. Ella es la principal testigo de la causa y por indicación de los profesionales que la atendieron, debió declarar en cámara Gesell pese a tener más de 30 años.
El desenlace fatal tuvo lugar el 28 agosto de ese mismo año. Aquella tarde abusó sexualmente de Norma introduciéndole vía vaginal un objeto contundente que le causó una grave lesión, le dio una paliza y la estranguló.
El fiscal Ávila solicitó al tribunal que Rubén Lucio G. sea condenado a prisión perpetua por considerarlo autor de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida mediante amenazas y violencias y por haber causado un grave daño a la salud, abandono de persona agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño a la salud de la víctima y homicidio calificado por el vínculo de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando contexto de violencia de género.
Por su parte, la defensora pública Susana Brindisi explicó al tribunal que el acusado no estaba en su casa en el momento en que la víctima fue asesinada y que podrá probarlo mediante testigos que declararán en el juicio, por lo que solicitó la absolución de su defendido.
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