El presidente de la Nación debió haber vivido su visita a Rosario como unas minivacaciones, alejado de los insensatos niveles de disputa política que la pandemia alcanzó en el AMBA. Fue notable el clima de convivencia política del encuentro. Fernández encontró en Santa Fe unidad de acción entre gobernador y los intendentes de Rosario y la capital provincial a la hora de disponer restricciones para contener la pandemia. Más aún, Pablo Javkin le ofrendó música para sus oídos al diferenciarse de los posicionamientos nacionales de Juntos por el Cambio: “No es tiempo de gritar ni de pelear, es tiempo de trabajar en común, discutiendo cuáles son las mejores alternativas para estar mejor”.
76.000 millones en anuncios de infraestructura es una montaña de dinero. Incluye desde obras de gran envergadura prometidas durante años, como la autovía de la ruta 33, hasta la terminación de la red de cloacas. La nueva etapa del acueducto Gran Rosario fue una de las mejores noticias. 7 mil millones de costo, pero lo más importantes es que ya tiene el proyecto ejecutivo, por lo que podría licitarse apenas Nación dé el okey.
Hay proyectos de distintas escalas entre las que el presidente se mostró dispuesto a apoyar. Por ejemplo apareció allí la reformulación de la circulación y entorno de la Terminal de Ómnibus. Claramente la ciudad tiene obras más urgentes, pero cuando el malogrado ministro de Transporte Mario Meoni le hizo saber al intendente que Nación tenía una partida destinada a esos fines, sólo fue cuestión de aprovechar lo que estaba a disposición.
Ahí Javkin tuvo dos ventajas: el trato personal que tenía con Meoni por conocerse desde los años de juventud que compartieron en la UCR, y que la ciudad ya tuviese el proyecto ejecutivo de la obra (continuidad de la remodelación interna que hizo la gestión anterior). El viernes se firmó el convenio.
Si uno se guía por los anuncios que trajo Fernández, Rosario podría sumar a mediano plazo infraestructura muy trascendente: el Acueducto Gran Rosario, la autovía de la 33, completar el 10% restante de cloacas que falta para llegar al 100% y una serie de obras urbanas intermedias.
Como siempre, hay que poner mesura a los anuncios, sobre todo en un año electoral. Quizás lo valorable de ese paquete de proyectos es que el gobierno los tiene sobre la mesa y hay voluntad de darles viabilidad. Eso no quiere decir que no vaya a cumplir, sólo que hay sobradas muestras de que en un país concentrado en el AMBA, sin acceso a mercados de financiamiento y con el frente fiscal complicado, lo que se presenta al alcance de la mano no siempre resulta así.
En ese sentido el presidente se mostró involucrado con la seguridad en Santa Fe, y en particular de Rosario: “Es un problema de los argentinos que tenemos que resolver”, asumió marcando una notable diferencia con el trato que provincia y ciudad recibieron en los años que Cristina Fernández era presidenta y acá gobernaba el Frente Progresista.
A decir verdad, el presidente cada vez que tiene oportunidad se refiere a la presencia de crimen organizado en la región. En su anterior visita, hace 7 meses, puso a disposición 3 mil millones para equipamiento en seguridad que la provincia todavía tiene en vías de ejecución y un incremento de fuerzas federales. Y antes que eso, el 1° de marzo de 2020, anunció la creación de un juzgado federal en San Lorenzo, una secretaría de Narcotráfico en la Cámara de Apelaciones de Rosario y cargos de auxiliares fiscales y asistentes fiscales. En este caso no se concretó nada.
El viernes hizo una mención implícita a ese anuncio fallido, cuando reclamó que el Congreso debata la discutida reforma de la justicia federal. Si una cosa depende de la otra, estamos ante una excusa. De otra manera no puede entenderse que la creación un juzgado y una secretaría para una región en emergencia como el Gran Rosario –trámite que de por sí tarda entre 4 y 5 años– quede atado a una megarreforma de alcance nacional.
La pelea más brava
Desde hace unos días la política santafesina sigue de cerca lo que ocurre en la sala de terapia intensiva donde está internado Miguel Lifschitz. Pero en especial desde ayer a las 11.52 cuando el último parte informó que el equipo médico había optado por proveerle asistencia mecánica respiratoria al no revertirse el cuadro pulmonar que lo afecta. Como todo enfermo de covid-19 de más de 60 años es paciente de riesgo, pero el hecho de requerir asistencia respiratoria mecánica sumará una instancia de recuperación más extensa y cuidada.
Más allá de lo humano, que es lo esencial, Lifschitz tiene una relevancia que hace que su salud sea un asunto de interés público. Su pasado como intendente y gobernador; su presente como presidente de la Cámara de Diputados; y su proyección electoral a futuro así lo justifican. No hay discusión entre los encuestadores sobre que es el dirigente que a nivel individual reúne la mayor intención de voto entre los santafesinos. Por eso la decisión que ya había tomado (aunque no oficializado) de ser candidato a senador nacional condicionaba todo el escenario electoral.
Los nombres del PJ
Es casi un hecho que las elecciones nacionales se postergarán un mes. En el caso de las Paso, de agosto a septiembre. Algo más de tiempo en un año complejo para hacer campaña. En el peronismo santafesino, además de que el candidato individual mejor posicionado es de la oposición, se suma que los dos senadores actuales del Frente de Todos y aspirantes “naturales” a ser reelectos tienen de bajo a muy bajo nivel de conocimiento. Esto es lo que viene alimentando la circulación de nombres de hombres y mujeres que partan de un piso de conocimiento y votos y con posibilidad de crecer. Entre ellos Agustín Rossi, María Eugenia Bielsa, Marcos Cleri, Marcelo Lewandowsky y Roberto Sukerman. Los dos últimos de muy buena performance en 2019. Ya se habrá dado cuenta el lector que todos son de Rosario, la ciudad que el PJ no gobierna desde 1973, y sin embargo en 2019 hizo ganar a Perotti y triunfó la fórmula Fernández-Fernández.
De todos modos no todo se define en los nombres, más tratándose de un peronismo que en esta oportunidad es gobierno a nivel nacional y provincial. Es decir, el plan también puede ser la escudería, con la tracción de ambas gestiones y el núcleo kirchnerista fidelizado por Cristina como parte del armado.
La confianza quebrada
Otro motivo de preocupación en el PJ santafesino es que la unidad en la diversidad que le permitió ganar en 2019 presenta fisuras. La principal es el enfrentamiento de la Casa Gris con la mitad de los senadores del PJ. En las últimas semanas el gobierno ensayó un acercamiento aún sin resultados, guiado por un objetivo de muy corto plazo: conseguir un séptimo voto entre 19 para impedir que el Senado tumbe el veto a las leyes de incompatibilidades de miembros del Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública y la de control de los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.
Entre el bloque Juan Domingo Perón y el interbloque radical juntan los 13 votos (dos tercios) para tumbar los vetos y ratificar las leyes, por eso la carrera contrarreloj para conseguir un voto del otro lado y sumarlo a la modesta lista de 6 senadores “leales”. El sábado próximo, cuando el propio Perotti abra las sesiones ordinarias, los diputados y senadores retoman el control de la agenda parlamentaria. El tratamiento de esos vetos están entre las prioridades.
¿Tan importantes son esas leyes para el Ejecutivo? En realidad, ya sin Sain en el gabinete, más que las implicancias de las leyes la urgencia pasa por evitar que el año legislativo se inicie con un nuevo desaire con la marca de los senadores del PJ.
Como se contó en este espacio hace dos semanas, Perotti en persona tiró puentes con los senadores José Baucero y Osvaldo Sosa. Las charlas continuaron la semana pasada con el ministro Corach y el asesor Rubén Michlig (y seguirán la próxima). “¿Entonces ninguno de ustedes es el séptimo?”, preguntó Corach. “No hay ninguna chance, nosotros somos seis”, reiteraron los de San Javier y Vera.
En algún momento el gobierno cifró esperanzas en que el séptimo voto sea el radical de Cambiemos Hugo Rasetto, posibilidad que se enfrió. Para cualquier senador, más allá de las diferencias políticas que tenga con sus colegas, desmarcarse solo y saltar el alambrado puede resultarle tanto o más perjudicial que no interactuar con el Ejecutivo. ¿Quién le aprobaría un proyecto de ley después? ¿Cómo sobreviviría los próximos tres años en la Cámara? ¿En qué comisión le harían lugar? ¿De qué espacio de opinión y decisiones podría participar que no sea a costa de inmolar su propia identidad política?
La contraoferta de los senadores peronistas es un acuerdo de largo alcance, para lo cual hay que reconstruir desde cero la confianza rota al día siguiente que ganaron las elecciones. Perotti seguramente piensa que un acuerdo en bloque a esta altura debilitaría su autoridad o se vería como una claudicación después de pretender ser el artífice de un mani pulite santafesino. El tema es que en ese afán mandó o dejó (a esta altura no hace diferencia) que uno de sus ministros haya buscado imprudentemente poner tras las rejas al jefe de la bancada Armando Traferri, en lugar de dejar que sea la Justicia por las suyas la que resuelva esa delicada situación institucional. Fue un punto de no retorno para una relación que siempre estuvo marcada por la desconfianza.
La alternativa que tiene Perotti es no acordar nada y dejar que todo siga igual. El riesgo de ese camino es que se aprueben nuevas leyes contrarias a los intereses del Ejecutivo y que siga paralizado el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia y organismos ante el temor de que sean rechazados in límine.
Al mismo tiempo si el Ejecutivo consiguiese el famoso séptimo voto para frenar las leyes, habrá evitado una derrota, pero no solucionado el problema de fondo. En consecuencia, en lugar de un acuerdo marco que le devuelva márgenes de negociación parlamentaria razonables, se verá obligado a un fenomenal desgaste para conseguir “séptimos votos” cada vez que necesite aprobar una ley o un pliego, y siempre con el riesgo de besar la lona.
Esa es la disyuntiva en la que se desenvuelve al gobernador. Disyuntiva que también atraviesa a los senadores, pero desde una posición más cómoda. Esos caciques departamentales que respondieron con un descarnado ejercicio del poder cuando se sintieron “usados y traicionados” por Perotti, difieren entre ellos en cuanto a si es posible reconstruir la confianza dinamitada. Obviamente si los interlocutores son Baucero y Sosa es porque creen que es posible, a diferencia de Traferri, Pirola, Gramajo y Cornaglia, que aceptan el intento del dúo norteño pero que hasta que no lo vean no lo van a creer.
