La última semana del año será intensísima en política, con los números en el centro de la discusión. El presidente convocó para este lunes a los gobernadores para firmar un nuevo consenso fiscal que sepulta definitivamente el “incumplible Consenso Fiscal de 2017”. Omar Perotti será de la partida junto con otros veinte gobernadores en Casa Rosada. Estampará su firma al pie del acuerdo y apenas aterrice en Sauce Viejo de regreso mandará copia a la Legislatura provincial para que lo refrende. Para Santa Fe ser parte es “gratis” ya que desde hace varios años está por debajo de casi todas las alícuotas de Ingresos Brutos que de ahora en más serán el máximo que las provincias podrán cobrar. También se fija como condición para tomar deuda en moneda extranjera que su destino sea gastos de capital, lo que en Santa Fe es política de Estado desde hace tres décadas. Habilita a las provincias a gravar herencias y donaciones, algo que según funcionarios de la Casa Gris es innecesario ya que siempre pudieron hacerlo. De hecho en provincia de Buenos Aires el impuesto a la herencia rige hace más de una década. En Santa Fe ese debate lo promovió el primer gobierno del Frente Progresista. Era uno de los ítems de una amplia reforma tributaria que impulsó el ex gobernador Hermes Binner bajo diseño del ex ministro Ángel Sciara, pero no pasó el filtro de la Legislatura.
Superávit presupuestario, déficit político
Sin embargo el tema nodular de la provincia en la última semana del año son el Presupuesto 2022, la ley tributaria y la declaración de emergencia en seguridad y penitenciaria. Con dos años de gestión cumplidos y el tercer cambio en el Ministerio de Gobierno –el jueves asumió Celia Arena, siendo ya seis mujeres al frente de 13 ministerios–, se puede concluir que el problema no es tal o cual funcionario, sino una falla en la definición y coordinación de la estrategia general, para lo cual es necesario sopesar la diversidad de espacios políticos, intereses, representaciones y cómo funciona la bicameralidad. El presupuesto lejos está de ser sólo el manejo de la Hacienda provincial, por eso resulta extraño que se mande al equipo de Economía a negociar solo y en orfandad, con el agravante de que el bloque oficialista de diputados es minúsculo y sus miembros esquivan involucrarse en asuntos sobre los que no tienen información fina y estrategias de las que no son participados. Los bloques de la oposición pusieron como primera condición que la provincia pague a municipios y comunas gobernados por radicales y socialistas los proyectos en mora del Plan Incluir y Fondo de Obras Menores. Afirman que el atraso se debe a que fueron pisados por cuestiones electorales. El gobierno matiza esa acusación, pero en cualquier caso en estas horas debe resolver si este lunes, a lo sumo martes, gira los fondos a municipios y comunas. Mientras eso no ocurra, la sesión para tratar presupuesto esta semana, que es la última del año, no será convocada. Como sí o sí Diputados introducirá cambios, el Presupuesto deberá volver al Senado, que estaría dispuesto a aprobarlo esta misma semana siempre y cuando las modificaciones que introduzcan los diputados tengan el acuerdo del Ejecutivo. Hay una carta a favor del gobierno: si eventualmente el presupuesto no fuera aprobado estaría libre para reconducir el cálculo de ingresos y gastos de este año. Sería engorroso, pero al mismo tiempo tendría las manos libres para reasignar cientos de miles de millones de pesos a discreción. “Ya vamos a sufrir con el presupuesto nacional que no se aprobó, hay que tratar de tener reglas claras en la provincia”, explicó el intendente de Santa Fe Emilio Jatón. El resto del petitorio incluye cuestiones adelantadas aquí la semana pasada: -Inclusión de partidas para obras de infraestructura social en Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez por unos 2.500 millones de pesos. -Eliminación de la exigencia de que los municipios tengan que pedir autorización a la provincia para poder tomar endeudamiento. Esos son los puntos principales pero no los únicos. Los últimos dos están directamente relacionados al reclamo del intendente Pablo Javkin quien esta semana en diferentes entrevistas radiales ratificó que el proyecto con media sanción del Senado “es muy malo para Rosario”. Una de sus objeciones es que el Presupuesto no prevé partidas para urbanizaciones de barrios precarios en Rosario, motivo por el cual les pide a los diputados de la oposición que no voten lo que vino del Senado. Entiende que la provincia está en condiciones económicas de aportar más en esa materia. Jatón suma a esas demandas que el Plan Incluir (financia proyectos de infraestructura urbana y social) “sea más previsible y menos político”. Más directo: quiere certeza de los fondos que recibirá y no quedar prisionero de los humores de los funcionarios provinciales. También entiende, como otros intendentes, que la provincia debería compensar a los municipios por aumentar la Patente por debajo de la inflación, lo cual perjudica la recaudación de los gobiernos locales a los que les corresponde el 90% de la recaudación. Hay una polémica en torno a esto: desde la provincia responden que si en cambio de un tope de 30% están dispuestos a aumentarlo un 50% o más lo escriban y se hagan cargo del costo político. Tal como habían pedido los diputados, el Ministerio envió un listado con las prioridades que justificarían la ley de emergencia. Ítems como compra de 12 mil armas semiautomáticas o reparación de móviles, son asuntos propios del funcionamiento ordinario de esa cartera. Que para concretarlos se requiera un marco de excepcionalidad, sólo se explica por las notables subejecuciones de partidas en ese Ministerio que tanto dieron que hablar estos dos años. Se produjo un revuelo entre miembros de la Cámara alta que tuvo como protagonista a dos senadores peronistas. Resulta que el senador por Caseros y del bloque Lealtad, Eduardo Rosconi, puso el grito en el cielo cuando se enteró que se designó jefa del Registro Civil de Casilda a Carolina Gramajo, tostadense e hija de Raúl Gramajo, senador por 9 de Julio e integrante del otro bloque del PJ, el Juan Domingo Perón que preside Armando Traferri. Mientras reclamaba copia del decreto de designación, Rosconi se descargaba entre sus colegas: “Parece que le empezaron a pagar a los muchachos”, se despachó con amargura y en relación al acompañamiento en la media sanción al proyecto de presupuesto por parte de los senadores. El tema también tomó vuelo por el lado gremial, ya que UPCN tenía otras expectativas para ese cargo. La versión que dan en el Ejecutivo es diferente. Se explica que Carolina Gramajo hace muchos años se desempeña como secretaria privada de la Secretaría de Justicia de la provincia y que seguirá en ese puesto, pero ante la falta de cargos disponibles para elevarle la categoría se resolvió tomar ese de Casilda que estaba vacante. Si bien el Registro Civil es una repartición diferente, está bajo la órbita de la Secretaría de Justicia. Apenas una semana después de la derrota parlamentaria que significó el rechazo del Presupuesto 2022, el presidente se tomó revancha y puso freno al éxtasis triunfalista de Juntos por el Cambio al bloquear el intento de subir el mínimo no imponible de Bienes Personales sin las herramientas necesarias para compensar el costo fiscal de esa medida. De este modo puede fijar una alícuota diferencial para los bienes que están en Argentina y los del exterior. Bajo el eslogan “nosotros vinimos a esta sesión a bajar impuestos”, Juntos por el Cambio rechazó esa medida e insistió con un dictamen que si bien aliviaba a la base de la pirámide de Bienes Personales era puro costo fiscal. En definitiva desfinanciaba al Estado y ponía en el mismo escalón tributario a quien tiene bienes afuera que quien los tiene acá. La disputa por la disputa misma a veces lleva a lugares inexplicables. Como el proyecto venía del Senado, a instancias del propio oficialismo –casi un gol en contra– los diputados del Frente de Todos alcanzaron a sacarla sobre la línea y la devolvieron a la Cámara alta, donde todo indica que serán validadas las modificaciones. En realidad el propósito no confesado de Juntos por el Cambio era que el presidente tuviera que vetarla, negándole el alivio a aquellos que dejaban de pagar Bienes Personales por no entrar en el mínimo no imponible. Entre la espada y la pared, el presidente debía elegir entre pagar costo fiscal o costo político. Encerronas de este tipo son la mayor amenaza que tiene el oficialismo. Sin quorum propio ni mayoría en ninguna de las dos cámaras, lo primordial va a ser cuidar la figura presidencial ante el riesgo de que empiecen a salir leyes que lo obliguen a tener que vetar, con el desgaste político que eso significa. En el periodo 2009/2011, la ex presidenta Cristina Fernández una sola vez tuvo que recurrir al veto como última instancia. Fue en 2010 cuando se aprobó la ley del 82% móvil para las jubilaciones. Ahora, como entonces, la misión de los legisladores del oficialismo será trabar y trabar para que los pelotazos no alcancen al presidente. Así como el oficialismo mordió el polvo con el Presupuesto una semana antes y comprobó que si la oposición se junta puede pasarla mal, con el tratamiento de Bienes Personales ganó la votación por un ajustadísimo 127 a 126. Pero lo más relevante es que el quorum de la sesión, que había sido pedida por Juntos por el Cambio, lo terminó garantizando el Frente de Todos porque JxC no logró sentar a 129 diputados. Quedó demostrado que tampoco JxC tiene quorum propio garantizado y que hasta 2023 el Congreso será un cuerpo a cuerpo, tema por tema, y con un puñado de bloques cuyo precio en el poroteo cotizará a precio oro. Por lo menos mientras persista esta falta de acuerdos básicos entre los dos grandes bloques de poder en el Congreso.
Entusiasmado con la media sanción del presupuesto en la Cámara alta por unanimidad, el ministro de Economía Walter Agosto se presentó ante los diputados para explicar detalles del proyecto flanqueado por los secretarios de Finanzas e Ingresos Públicos. Todas las flores que senadores peronistas y radicales le tiraron una semana antes se marchitaron en un abrir y cerrar de ojos cuando los bloques de la oposición, que son los que mandan con soltura en esa cámara se plantaron con una larga lista de modificaciones y condiciones. En definitiva comprobaron que el paso del Presupuesto por la Cámara baja no sería un trámite y que lo que negociaron con los senadores –incluido un aumento de presupuesto por encima de inflación– no aplicaba para Diputados ni para los intendentes de Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez.
-Aumento de la partida del Plan Incluir. El proyecto oficial contempla 4 mil millones, la misma cifra que en 2021). Se pide elevarla al menos a 6 mil millones.
Emergencia
La Legislatura también definirá sobre el filo del año los alcances de la emergencia en seguridad y penitenciaria que pidió el gobernador. Hay buena predisposición del Ejecutivo para acoplar sus pretensiones al proyecto que había presentado la diputada socialista Lionella Cattalini. Del mismo modo en la oposición hay voluntad de oxigenar al ministro Jorge Lagna una vez que está superada la era Sain. La emergencia no corre riesgo y será aprobada y pasada al Senado.Hablando del Senado
Empate en el Congreso
El Frente de Todos esta vez consiguió la forma de imponer un dictamen de mayoría por el cual se sube de 2 a 6 millones el mínimo no imponible, pero a la vez le da al Ejecutivo las facultades para modificar las alícuotas de categorías superiores que había perdido al rechazarse el proyecto de presupuesto. Jugar al veto
