Vientos de cambio soplan desde hace una semana en el gobierno provincial. Como los vientos que barren las nubes después de las tormentas, éstos limpian el horizonte tras dos años de batalla política en una Santa Fe agobiada por la violencia y en crisis institucional.
Los cambios de timón por lo general son imposiciones de las circunstancias y esta no es la excepción. Incidieron la derrota electoral, la apertura de la investigación por espionaje ilegal a empresarios, periodistas, políticos y funcionarios judiciales y, no menos importante, la falta de resultados en una gestión que entró en cuenta regresiva rumbo a 2023.
Lo que era no será más. Queda saber si el golpe de timón es con un rumbo predeterminado o tomará forma durante la marcha. Al tiempo que el gobernador tira algunas señales de acercamiento, amasa los cambios de gabinete. Todo a su ritmo.
El primer ratificado del gabinete fue Jorge Lagna al frente de Seguridad. El ministro logró deshacerse de los colaboradores de Sain al estallar el presunto espionaje ilegal desde ese ministerio. Sain ahora es un león herido por los alcances de esa investigación y la falta de respaldo desde el gobierno. También está molesto con su sucesor. No lo explicita, pero está convencido de que la investigación que llevan adelante fiscales de Santa Fe le cayó como anillo al dedo de Lagna para concretar su objetivo de hacerse del control total del Ministerio de Seguridad.
La victoria de Lagna en la interna ministerial no significa que tiene carta en blanco para hacer y deshacer. En parte lo demuestra que 9 días después de aceptadas las renuncias aún no haya reemplazantes cuando los anuncios se iban a hacer el lunes pasado. El gobernador los frenó para supervisarlos en persona por un lado y porque quiso esperar a la ronda de consultas con legisladores e intendentes el miércoles pasado con todo cocinado. Un gesto sensato y de apertura.
En ese encuentro algo quedó claro: hay un fuerte acuerdo, tanto en el oficialismo y como en la oposición, en que empieza una nueva etapa en la que los enfrentamientos deben dar lugar a una base de acuerdos para la gobernabilidad.
Los jefes de los dos bloques que controlan la Cámara de Diputados, el radical Maximiliano Pullaro y el socialista Joaquín Blanco, llegaron con iniciativas de sus espacios que el Ejecutivo acepta tomar por primera vez.
El articulador
También el intendente Pablo Javkin participó de ese encuentro. Mantiene un fluido diálogo con el gobernador y habla seguido con el ministro Lagna, les aporta ideas y hasta nombres. Una de las sugerencias que dejó es que se designe específicamente para Rosario un funcionario con mando operativo y capacidad de coordinación directa con la intendencia. La idea fue bien receptada y está en análisis. Javkin transita un sendero delgado. Apuesta al diálogo y el trabajo coordinado, pero también es consciente de que pasaron dos años y la situación empeoró, y que en el enojo y hartazgo generalizado hay situaciones en las que termina pagando él parte del costo con la ciudadanía.
Dicho sea de paso, lo que ocurrió este jueves en el Concejo Municipal pinta un escenario de gobernabilidad política en la ciudad que contrasta de forma notoria con la política provincial. Rosario ya tiene presupuesto 2022 aprobado, ley tributaria con autorización de endeudamiento y potestad delegada en el intendente para fijar la política tarifaria del transporte. ¿Dónde estuvo el secreto? No hay gran secreto sino política: tres días después de las elecciones el intendente convocó a los distintos bloques, les explicó los proyectos, escuchó objeciones e ideas e hizo jugar a todos. Con un contexto político favorable y actores predispuestos a dialogar, el resto lo hizo con política.
Acuerdos mínimos
Volvamos a la provincia y a lo que dejó el encuentro entre el gobernador, legisladores e intendentes.
En lo concreto se acordó pedir al Procurador nacional que designe de forma urgente fiscales auxiliares en la jurisdicción Rosario; el fortalecimiento de la estructura del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (hace 24 meses que no se nombran fiscales, faltan cargos, recursos y equipamiento); y el regreso del Servicio Penitenciario a la órbita del Ministerio de Seguridad, situación que modificó el actual gobierno con pésimos resultados.
Por último, un proyecto de ley para que el Congreso autorice nuevos juzgados y fiscalías en la provincia, algo que prometió en 2020 el presidente y no se cumplió. Llevará la firma de todos los legisladores por Santa Fe. Ojalá el espanto de violencia y muerte al menos permita que la provincia pase al principio de la fila, teniendo en cuenta que todas las jurisdicciones del país demandan mayor estructura de justicia federal.
Hay otro tema en análisis que no se habló en el encuentro con el Ejecutivo sino en la reunión que dos comisiones de Diputados mantuvieron con el fiscal General y los fiscales regionales: la posibilidad de modificar el régimen disciplinario de fiscales y funcionarios del MPA que tanta controversia política y judicial arrastra. Incluso férreos defensores empiezan a advertir, además del problema político que se generó, dificultades operativas en su aplicación.
Gobernabilidad
Como se dijo más arriba, soplan vientos de cambio en el gobierno provincial. Hay gestos de apertura, de escuchar y considerar que deberán transformarse en hechos. El gobernador necesita oxigenar la gobernabilidad y su gestión. Pelear con propios y ajenos todo el tiempo no es un intento realista de transformar nada.
Hace diez días el bloque de ocho diputados peronistas fue convocado a almorzar con el gobernador. Probablemente haya sido la primera vez desde diciembre de 2019. Los presentes reclamaron diálogo, participación y destilaron bronca por la desconsideración de estos dos años. Para el postre todos explicitaron la permanencia y respaldo al esquema oficialista.
Más difícil de dilucidar es cómo imagina Perotti las relaciones en adelante con el Senado. La relación está dañada y la confianza rota. Todos tiraron la taba demasiado lejos e ir a recogerla no es tarea sencilla. No se avizora margen más que para acuerdos puntuales, tema por tema, como fue a la hora de votar el pliego del presidente del Tribunal de Cuentas Oscar Biaggioni.
La política en la Justicia
Aparte, en la Justicia acaban de aparecer nubarrones nada auspiciosos, que en apariencia van en sentidos diferentes, pero terminan presionando en el mismo lugar.
La investigación por espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad esta semana dará pasos concretos: los investigados serán individualizados, se les harán saber los derechos y se les pedirá que designen abogado defensor y fijen domicilio. Sea Sain o alguno de sus colaboradores donde avancen los fiscales, es un problema para el oficialismo provincial.
También es una incomodidad para el gobierno nacional, que tiene designado a Sain como asesor en Seguridad, al menos de palabra.
En tanto, esta semana se condenó al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. El juez Rafael Coria homologó con lo justo el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron los fiscales y la defensa de Peiti.
Además de la condena, lo trascendente fue que se pudo acceder a la declaración de Peiti: además de confesar los delitos debía aportar información valiosa y corroborable para recibir los beneficios de la figura de imputado colaborador.
Hay que leer o escuchar en profundidad esa declaración. Algunas acusaciones las explicitó y se hizo cargo (dijo que pagó dinero “sin que me pidieran” a los senadores de San Lorenzo e Iriondo y al juez Gonzalo Basualdo de Reconquista). Otras las refirió a través de terceros (el presunto cobro por parte de los representantes de General López y Castellanos). Y por último, lo más delicado, es lo que dejó implícito.
En este último caso, la declaración trae al recuerdo los efectos visuales de la saga Matrix, donde las esquirlas quedaban congeladas en el aire y no se sabía a quién impactarían hasta que se reanudaba la acción. Peiti dejó un montón de esquirlas detenidas en el aire y a mitad trayecto.
Con la pena que recibe Peiti en calidad de imputado colaborador queda gusto a poco, como ya había ocurrido con el fiscal Ponce Asahad. Es atendible la mirada de la Fiscalía, en el sentido de que no es fácil encontrar antecedentes en Argentina de dos fiscales condenados por corrupción, policías y toda una carga incriminatoria que afirman tener con respecto al senador Traferri. En contrapartida, Peiti se va desparramando nombres sobre los que no dejó más que una mención genérica, sin datos ni comprobaciones concretas en esos casos. Recibió una condena a 6 años mientras que en la misma semana el martillero acusado por vaciar cuentas judiciales recibió 8.
Peiti no pisó la cárcel ni la va a pisar (vale aclarar que la cautelar de prisión la manejaron los fiscales de Rafaela y Venado Tuerto). Se le permitió alojarse en un sanatorio de salud mental sin que nadie pueda explicar muy bien por qué, y en menos de un año recobrará la libertad.
No hay aquí ánimo de cuestionar la labor de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, que no la pasaron bien estos dos años y pusieron mucho en riesgo haciendo su labor. Se aclara para no mezclar las cosas, pero hay un hecho en la realidad: empieza a hacer ruido en ámbitos políticos y judiciales la resolución de las penas de los abreviados y en especial en casos con imputados colaboradores. No es descabellado que en mucho tiempo se instale fuerte ese debate y se propongan reformas. Después, claro, las normas deben ser iguales para todos.
