El 2021 fue un año demasiado agitado para Santa Fe, con la política judicializada como no se había visto antes, investigaciones que tendrán novedades delicadas en febrero y decisiones que la Corte Suprema mantiene pendientes de resolución a pesar de su trascendencia.
Año con fiscales presos, jueces bajo investigación, senadores sospechados y el traumático fin del capítulo santafesino de Marcelo Sain, el hombre que ocupó el centro de la escena política por dos años pero se fue con cifras de homicidios dolosos como las del fatídico 2013.
En términos políticos, doce meses de un todos contra todos que sacudió de forma transversal a las principales instituciones del Estado provincial. Fue también el segundo año de pandemia, el que empezó con la vacuna y la esperanza y termina con la tercera ola sentada a la mesa de fin de año.
Y si en todos lados la pandemia impuso dolor, muerte, incertidumbre, acá además provocó un terremoto en el sistema político provincial al cobrarse la vida del ex gobernador Miguel Lifschitz.
Cierra 2021 con el alivio de una recuperación económica que por ahora luce mejor en las estadísticas que en los bolsillos, pero que empieza a notarse y a la que hay aferrarse como sea, aprovecharla, porque los nubarrones siguen dando vuelta allá arriba, siempre listos para aguar las expectativas. La provincia, como ya ocurrió en otras oportunidades, está a la cabeza de esa recuperación a nivel país, según diferentes indicadores.
En parte lo refleja el proyecto del presupuesto provincial, con ingresos calculados 64% más altos que los del presupuesto 2021 y un 34% más que el realmente ejecutado. El gobernador Perotti se entusiasma con esos números, con los del Estado y los del sector privado porque remontan actividad y empleo. Encuentra en ellos la genuina satisfacción que no obtiene en la política. Si le fuera mal con los actores de la política pero bien con la gente, con los votantes…, las cosas se verían diferentes y no tan cuesta arriba. Se impuso con autoridad a los que lo desafiaron desde adentro del peronismo, pero dos meses después los santafesinos votaron por amplia diferencia una boleta que no era la que llevaba impresa su figura.
Tropiezo legislativo
El gobierno provincial inicia 2022 sin presupuesto aprobado y con una ley tributaria que no es la que quería. El gobernador reaccionó con fastidio por la nueva derrota legislativa y hasta deslizó la posibilidad de meter mano en el Presupuesto de la Legislatura. A ningún gobernante le gusta que le toquen la caja, pero no será con represalias como acomodará el presupuesto.
Repasemos. El presupuesto 2022, que tiene media sanción del Senado, no se aprobó en Diputados ni se rechazó. Pasó a comisión y se retomará en febrero. El gobierno arrancará el año con el presupuesto 2021 reconducido. No es lo ideal, pero tampoco paraliza la administración ni coarta la posibilidad de hacer nada. Ocurrió en 2009 y 2013.
En cambio sí se aprobó la ley impositiva, clave porque allí se fija la política tributaria del Estado provincial para todo el año. Es muy relevante para el gobierno pero también para los ciudadanos y las empresas que pagan impuestos. Lo que ocurrió es que esta ley no salió como el Ejecutivo quería porque la oposición usó su mayoría especial en Diputados para compensar a municipios y comunas. Lo hizo a costa de recursos de la provincia y sin el acuerdo del gobierno. El costo sería de entre 1.500 y 2.000 millones en el año, una cifra relativamente menor en relación a recursos totales calculados en 850 mil millones.
Por las buenas o por las malas
Aunque se entiende la dialéctica discursiva del diputado Ricardo Olivera al emparentar el rechazo del presupuesto en el Congreso nacional con la postergación en Santa Fe, no parece ser la película que se está cocinando en Santa Fe.
De hecho, los referentes de los interbloques de Juntos por el Cambio, Frente Progresista y UCR Evolución aclararon reiteradamente que no pretendían que se repita lo que ocurrió a nivel nacional sino que atiendan sus demandas ya conocidas: que el gobierno cancele deudas con municipios y comunas, partidas para obras en Rosario y Santa Fe en el presupuesto y una compensación por el tope del 30% (por debajo de la inflación) a la Patente en la ley tributaria.
Hay una cuestión netamente política que mueve a la oposición: los intendentes quieren asegurarse los recursos de antemano y por escrito para no tener que ir durante el año a la Casa Gris a pedir auxilio. Esto explica las diferencias con lo que ocurrió en la Nación: acá la oposición quiere el presupuesto como garantía de sus intereses.
Como el Ministerio de Economía no aflojó, los diputados lo hicieron por sí mismos. Modificaron la distribución del Inmobiliario (se repartía 50 y 50 y lo cambiaron a 60 y 40 a favor de municipios). Los mayores ingresos por ese impuesto compensarían la Patente.
La oposición argumentó que era justo compensarlos porque los gobiernos locales tuvieron que asumir nuevas responsabilidades con la pandemia. Desde el oficialismo recordaron que por primera vez en muchos años muy pocas localidades solicitaron auxilio a la provincia para asumir sus compromisos financieros de fin de año. Son datos de la realidad: la combinación de pandemia e inflación fue una aliada de todos los gobiernos para ordenar pasivos y ajustar gastos.
Sin embargo, los planteos de la oposición no están relacionados a cómo les fue en 2021 sino a lo que viene en 2022. Con números favorables en la Legislatura, se propone discutir la centralización de recursos en el Estado provincial, tendencia que se agudiza con los años. Lo que intendentes y diputados dicen es: si ya sabemos que las pautas macroeconómicas están subvaluadas en el presupuesto y la recaudación va a ser bastante mayor, aseguremos que ese excedente de ingresos gotee hacia abajo. Esto podría ser apenas el aperitivo. El jefe de la bancada radical Maximiliano Pullaro avisó que la jugada de fondo es elevar el índice de coparticipación a municipios y comunas.
Caminos posibles
Que la oposición afecte ingresos del Estado sin consenso del Ejecutivo como ocurrió con la distribución del Inmobiliario es como mínimo polémico, pero esa decisión leída en el debido contexto se verá que no sólo no es dramática sino que tiene puertas de salida a mano.
Ahora el gobierno tiene dos caminos posibles. Uno es vetar parciamente la ley.
Sería una muestra de autoridad del gobernador, pero tiene la contra de que la ley debería volver a la Legislatura a esperar que el veto sea ratificado o que transcurra un mes desde el inicio del periodo ordinario, el 1° de mayo. Para entonces habrá perdido la mitad del año y sería un dolor de cabeza para la Secretaría de Ingresos Públicos, encargada de calcular los impuestos y emitir las boletas. Ni hablar para los contribuyentes, en especial a los sectores empresarios, que están aferrados a la estabilidad tributaria que consagra esa ley.
Un segundo camino posible es negociar una compensación con los municipios y, si hay acuerdo, que en febrero Diputados retrotraiga los cambios hechos a la distribución de la recaudación del impuesto Inmobiliario para evitar el antecedente. Sobre esto ya hubo intercambios en las últimas horas del año entre funcionarios de segunda y tercera línea con referentes de la oposición. ¿Derrotados los halcones es el turno de las palomas?
Números y negociaciones
En las horas posteriores a la derrota, el gobierno salió en público con declaraciones y tuis cuestionando el accionar de la oposición. Sin embargo puertas adentro no eran pocos los funcionarios que masticaban autocrítica.
Por un lado porque se delegó la negociación en el Ministerio de Economía, cuando los planteos de los diputados de la oposición exigían sobre todo definiciones políticas que nunca llegaron, más allá de que sea central la determinación de las cuentas que sin duda es responsabilidad de Walter Agosto.
El problema se agravó cuando el ministro y sus colaboradores llegaron a Diputados y se encontraron sin soldados que cubran los flancos. La trinchera oficialista, que de por sí es muy reducida, está menguada por problemas de salud y el inoportuno entrenamiento de guardaespaldas que el diputado Luis Rubeo hace en las Maldivas y que terminó siendo noticia nacional.
La metodología de negociación también motivó autocrítica. “Debió negociarse con las dos cámaras al mismo tiempo. Agosto se confió con la media sanción por unanimidad en el Senado, y cuando llegó a Diputados los muchachos de la oposición se pararon de manos, porque hasta ahí habían avanzado sin que nadie los consultara ni preguntara nada. Y tiene lógica, son mayoría y defienden a sus intendentes y el territorio”, explicaba un funcionario.
El futuro del presupuesto
Con el presupuesto pasaron cosas similares. Según los negociadores consultados en ambas partes, el acuerdo no estaba tan lejos. De hecho el ministro Agosto había aceptado cambios pedidos por la oposición, por ejemplo el incremento del Plan Incluir de 4 mil millones (misma cifra de 2021) a 6 mil millones. “Creo que la traba determinante fue la negativa a dejar por escrito el compromiso que se había conversado con los intendentes Pablo Javkin y Emilio Jatón de destinar 2.000 millones para Rosario y 1.000 para Santa Fe en obras de infraestructura”, explicó un negociador.
A pesar del acercamiento con los senadores peronistas, el gobernador terminó el año con las manos vacías. Comprobó también que aunque no esté Miguel Lifschitz para juntar a todas las partes, si no son escuchados socialistas, radicales y cambiemistas mantienen capacidad de sobreponerse a las diferencias que los separan. La única forma de sobrellevar ese escenario es ajustando las estrategias para cada ocasión y dedicarle tiempo a la política.
La Legislatura sigue siendo un lugar indómito para el gobierno de Omar Perotti.
