El incendio al flamante Centro Territorial de Denuncias de Grandoli y Sánchez de Thompson, en la zona sur, se dio justo cuando se cumplen exactamente tres meses de la intervención de múltiples agencias del Estado, encabezadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Rosario.

Su instalación es parte de una tarea más amplia y, si bien puede entenderse como otro desafío a la autoridad como son las balaceras a casas vinculadas a jueces, al Centro de Justicia Penal o a la parroquia de barrio Larrea, también puede ser un síntoma de "grupos violentos que se molestan por el trabajo que hacemos", como describió este miércoles Maximiliano Pullaro por Radio 2.

No obstante, según un informe que presentó el periodista del Tres Hernán Funes, el ataque se dio en una zona que cambió radicalmente su fisonomía y los números de la violencia desde la detención de bandas y el desembarco del 26 de junio: no se produjeron homicidios y bajaron notablemente los disparos con armas de fuego y la cantidad de heridos.

Mucho más que un Centro de Denuncias

El CTD cuyo frente fue incendiado intencionalmente en realidad es más: se pueden hacer presentaciones por siniestros de tránsito con lesionados, constancias de declaración de domicilio, de supervivencia o de extravíos de documentos y tarjetas. Su instalación, concluida 36 horas antes de la vandalización, son parte del programa integral.

Según información con la que cuenta el MPA a través del Organismo de Investigaciones, hubo 36 allanamientos en los que secuestraron 210 balas. Relevaron 970 departamentos del complejo habitacional y derribaron 200 construcciones ilegales; sobre ello, y a pedido de los vecinos, generaron tres plazas públicas.

En cuanto al componente sociocomunitario, los propios habitantes constituyeron cinco consorcios y hay tres más en marcha, mientras que los distintos equipos relevaron a más de 300 personas.

Como novedoso además, 15 familias fueron abordadas con un "plan de seguimiento" a partir de casos de extrema criticidad con algún miembro, vinculado a causas judiciales o episodios de violencia.

Entre los objetivos planteados por las autoridades están los de mejorar la percepción ciudadana y la confianza en las instituciones, recuperar las unidades usurpadas y reducir los niveles de violencia.


Incidencias en números

Según la Central OJO del Ministerio de Seguridad provincial, la categoría “Disparos de arma de fuego” –del Sistema de Emergencias 911– es la que exhibe el mayor descenso durante el período de intervención. "Se observa una disminución del 86,36% respecto al período previo a la intervención, de 93,75% respecto al mismo período del año anterior y del 92,11% respecto al mismo período de 2016", indica un informe.

Eso se da a partir de que en el período de intervención (26.06.2018 al 23.09.2018) hubo apenas tres llamados por disparos, mientras que antes se registraron 22. En los mismos tres meses de 2017 fueron 48 y el mismo período de 2016, 38.

En cuanto a la presencia de personas armadas, durante la intervención hubo 11 alertas; antes, 27. En los mismos tres meses de 2017 fueron 19 y el mismo período de 2016, 15.

Algo significativo es que no se registraron heridos desde el 26 de junio. Antes hubo dos, en 2017 dos y en 2016 siete.

No obstante, lo más trascendente para los investigadores es que, en una zona donde hubo decenas de asesinatos en los últimos años, durante el período de intervención no se registró ninguno. Los fiscales, conformes.