Un juez federal de San Pablo volvió a anular este viernes de manera cautelar el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia de Brasil, después de que dos tribunales de segunda instancia suspendieran decisiones similares presentadas el jueves.
El juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis (San Pablo), fue el que ahora tomó la decisión, que justificó en el argumento de que Lula y la presidenta Dilma Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
La designación de Lula ya había sido suspendida por dos jueces de Brasilia y Río de Janeiro el jueves, pero otros dos tribunales derribaron posteriormente esas cautelares.
Las anulaciones anteriores
Un tribunal de Río de Janeiro anuló este viernes la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro en el Ejecutivo de Dilma Rousseff.
Esa decisión permitía a Lula volver a ejercer su cargo de ministro, según confirmaron portavoces de la Abogacía General de la Unión (AGU).
Lula fue nombrado ministro de presidencia el pasado miércoles, un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
En su decisión, el vicepresidente de la Corte, Reis Fride, argumentó que la Corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta, Dilma Rousseff, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.
Además, el magistrado Fride consideró que "no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político" y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa".
La Abogacía General de la Unión solicitó este viernes al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro.
Entre otros argumentos, la oposición considera que el nombramiento es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Además alegaron que existe la posibilidad de que se sirva de su cargo, que goza de muchos poderes, para influir en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales con la intención de obstruir el curso de la Justicia.
A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó el jueves que Lula no dejó de ser ministro y solo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.
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