La audiencia imputativa contra el secretario general de la Uocra Rosario Carlos Vergara y el jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte finalmente comenzó este jueves por la mañana en el Centro de Justicia Penal ante el juez Facundo Becerra tras una serie de planteos hechos este miércoles que motivaron una reprogramación. El fiscal Miguel Moreno, a cargo de la causa, les atribuyó haber sido desde 2018 los presuntos jefes de una asociación ilícita que, sobre la base de intimidaciones y extorsiones, hizo negocios millonarios con los servicios de viandas, baños químicos y contrataciones de familiares en empresas constructoras que no trabajaban, entre otras cuestiones.
Junto a Vergara y Bracamonte fueron llevados a audiencia Fernando Rigiracciolo –quien figura como socio de “Pillín” en distintas sociedades mediante las que se hacían viandas y alquiler de baños–; Cristian Raúl Díaz, Horacio Manzo, Carlos Pérez, Roque Raúl Monzón, Juan Manuel Enriquez y Juan Pablo Menucci, todos de la Uocra. En el caso de Menuci se da la particularidad que es uno de los denunciantes de la estructura que, según la investigación formó parte.
A la hora de explicar el funcionamiento de la presunta estructura, el fiscal apuntó que Vergara y Bracamonte comenzaron a relacionarse desde 2018, meses después de que el sindicalista fuera designado como interventor de la seccional La Plata de la Uocra tras la detención de Juan Pablo “Pata” Medina.
“Forman una simbiosis perfecta. Bracamonte aporta la fuerza de choque para que Vergara se mantenga en el poder sindical. Y Vergara, a su vez, aporta la estructura de la Uocra para que Bracamonte realice sus negocios extorsivos”, comentó.
Una manera de extorsionar
Moreno explicó tres modos de extorsionar por parte de la presunta asociación ilícita. Uno consistió en que las empresas constructoras dieran una “colaboración dineraria” a la Uocra para recibir a cambio el certificado de libre deuda sindical. En ese marco, las firmas también debían realizar la contratación de servicios digitados por el gremio, como las viandas y los baños químicos. Otro eran las maniobras de “rentamiento”, que se basa en pagar sueldos a familiares de los imputados sin que tengan que cumplir con cargas laborales. Y la tercera, una “colaboración de un inmueble”, como fue el caso de Vergara, a quien se le detectaron inmuebles por los que no hizo pago alguno.
Sobre la presunta maniobra del libre deuda, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos sostuvo que personal de la Uocra que responde a Vergara exigía a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de servicio de viandas y alquiler de baños químicos, más una “colaboración dineraria” para el gremio que debía otorgar el certificado.
“La consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de la exigencia de adquirir las viandas y los baños químicos a determinados proveedores significaba la imposibilidad de ingresar a planta a desarrollar las tareas para las que fuera contratado. La consecuencia para la empresa en cuya planta deben realizarse los trabajos, para el caso de no exigir el «libre deuda sindical local», es que el sindicato a través de acciones de fuerza –bloqueo de ingreso– impide el ingreso a planta”, amplió.
Moreno enfatizó que no en todas las obras se pidió la “colaboración dineraria” por el certificado, pero lo que sí se mantuvo en todos los casos fue la exigencia de contratar viandas y alquilar baños químicos a un determinado proveedor marcado por ellos. Quien tiene sociedades comerciales dedicadas a viandas y alquileres de baños químicos en Rosario y el cordón industrial, casualmente, es “Pillín”.
“En viandas y baños, los proveedores preferidos por el sindicato son las empresas de Bracamonte. Los precios y calidades de los servicios que prestan son más costosos e inferiores respecto de otros posibles proveedores proscritos en la oferta por la asociación ilícita”, dijo.
Otra maniobra intimidatoria
La otra modalidad extorsiva de la presunta asociación ilícita fue, tal como anunció el fiscal, el “rentamiento”. “Consiste en exigir, mediante amenazas, a una empresa vinculada al rubro de la construcción la contratación de determinadas personas relacionadas directa o indirectamente con los investigados y que dichas personas cobren un salario sin trabajar efectivamente. Estos hechos fueron corroborados respecto de un hijo de Andrés Bracamonte y de dos hijos de Carlos Vergara, pero la lista no termina ahí”, aseveró el fiscal.
“La figura del rentamiento es la versión extorsiva de la del delegado sindical, que es quien teniendo cierta antigüedad en una empresa de la construcción es designado formalmente por el sindicato para representar a sus compañeros de trabajo. Este es el ropaje legal que se le suele dar al rentamiento”, aseveró.
Tercer modo de “acordar”
La tercera maniobra extorsiva explicada por el fiscal tuvo una directa atribución al secretario general de la Uocra Rosario. “Carlos Vergara incorporó inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o compraventas con empresas constructoras. La simulación consiste en que el precio que consta en los contratos nunca se abonó”, aseguró.
Vergara y Bracamonte fueron allanados y detenidos el miércoles de la semana pasada por la Agencia de Control Policial. En la casa del barrio Los Álamos de Ibarlucea donde vive "Pillín" se secuestraron seis millones de pesos en efectivo y un sobre de la Uocra que decía "Atte: Horacio". Se presume que dicho sobre fue enviado por Horacio Manzo, uno de los presuntos "brazos recaudadores" de Vergara.
En el caso del secretario general de la Uocra, la ACP incautó 18.300 dólares y más de 39 millones de pesos. En su casa también se hallaron inhibidores de señal.
