La Justicia federal de Rosario se prepara para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el pasado lunes, pero que comenzará a aplicarse desde el próximo 6 de mayo. De acuerdo a la petición local que fue elevada ante las autoridades nacionales, para que el nuevo sistema se ponga en marcha deben designarse seis jueces de Garantías, seis de Revisión y dos de Ejecución, construirse nuevas salas para las audiencias –que serán públicas, algo que ya ocurre en el fuero provincial–, y una Oficina de Gestión Judicial que se encargue de la programación de dichas jornadas. No obstante, también la medida despierta nuevos interrogantes, por ejemplo, cómo va a convivir con las competencias múltiples que tienen varios magistrados, que entre otras causas, se expiden en el ámbito penal.
En diálogo con Rosario3, el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Aníbal Pineda celebró la decisión del nuevo sistema acusatorio y recordó que hace tres años lo comenzaron a solicitar junto con la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal, que empezó a aplicarse recientemente, hace casi un año. “La necesidad de implementar el sistema oral lo pusimos en la agenda pública y hasta nos acompañó en ese momento Roberto Falistocco de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”, agregó.
“Desde la Cámara estamos totalmente de acuerdo con el sistema y militamos la implementación. Va a permitir, por un lado, que el sistema sea más rápido porque al dejar de ser escrito para ser oral se abrevian plazos. Además, se otorgan herramientas procesales a los fiscales para que puedan investigar más rápido y para poder seleccionar qué tipo de causas pueden priorizar. También, al ser oral, va a tener más publicidad y transparencia”, dijo.
A la hora de explicar uno de los grandes cambios del sistema, Pineda comentó: “Hay una crítica instalada de que la Justicia federal de Santa Fe es lenta. Es lenta por el sistema escrito, que sigue vigente, y que obliga a todos los fiscales a seguir adelante de todas las causas. Hoy, la Justicia federal tiene más de cinco mil causas por distintos hechos de narcotráfico, desde una causa menor por una persona con 30 envoltorios de cocaína para la venta hasta grandes causas contra bandas o por lavado. Con el nuevo código, el fiscal va a poder seleccionar a qué darle prioridad”.
El camarista también enfatizó que los jueces de instrucción pasarán a ser de Garantías y tendrán “un rol más acotado”. “Ya en los hechos se estaba dando un poco, porque los jueces de instrucción delegaban el 100 por ciento de las causas a los fiscales”, indicó.
“Nosotros lo que pedimos con la Ley de Fortalecimiento es que para implementar el nuevo sistema acusatorio se necesitan crear cargos de fiscales y de jueces, seis de Garantías, seis de Revisión y dos de Ejecución. Que los cargos sean cubiertos de manera interina o subrogante, como hizo el procurador Eduardo Casal, que sí cubrió los 15 cargos de fiscales de manera interina hasta tanto sean designados los que quedarán de forma definitiva”, contó.
El camarista subrayó que para la entrada en vigencia del nuevo código se trabaja en “tres necesidades”. A la cobertura de cargos se le añade la creación de una Oficina de Gestión Judicial, para lo cual la Corte mandaría recursos para que sea edificada, y la tercera es la construcción de salas donde se harán las audiencias orales y públicas.
“Hoy hay dos salas de audiencia de los Tribunales Orales. Estamos trabajando sobre algunos espacios. Ayer ya vino el administrador del Consejo de la Magistratura. Algunas se va a llegar a hacerlas antes del 6 de mayo, otras se van a poder concretar en los meses posteriores. Como mínimo necesitamos dos salas para las audiencias de Garantías, una o dos para Revisión y alguna más para juicios”, afirmó.
Pineda dejó en claro que desde este momento hasta el 6 de mayo se pretende acelerar para que se aplique el nuevo código con “lo indispensable”. Luego, vendrá otra etapa, que llevará entre cuatro y cinco meses, para dotar de recursos al sistema.
Un dato que mencionó el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también ilustra el funcionamiento de los jueces en Rosario. “Va a haber un desafío particular con la implementación del sistema acusatorio, porque muchos jueces tienen competencias múltiples. En la Cámara dictamos, en promedio, 22 sentencias por día. Son de materia civil, provisional, contencioso-administrativo, penal, de navegación. Por estadística, solo el 25 por ciento de ese promedio son penales. Entonces, tenemos que ver cómo se van a conciliar esas cuestiones, el tener que estar en audiencia y resolver un amparo de salud que es de suma urgencia. Es decir, en cómo se va a hacer para atender todo”, concluyó.
“También hay otra cuestión. En los últimos diez años se cuadriplicó la cantidad de personas detenidas por narcotráfico en Santa Fe. En 2012 había 680 detenidos y en diciembre de 2023 tenemos 2.500. Tenemos presos como primeras líneas como son René Ungaro, Alan Funes, Ariel Cantero, Esteban Alvarado, hasta Shanahan. Quiero decir que también hay que reparar en otras cuestiones para poder resolver el problema de la inseguridad”, consideró.
Para Pineda, un análisis podría desprenderse del número de detenidos por narcotráfico en la provincia. “Vos podés pensar que si cuadriplicaste los arrestos por ese delito el problema debería tender a solucionarse, pero evidentemente no se solucionó, está cada vez peor. Me parece que hay que entender que no vamos a solucionar la inseguridad solo con el derecho penal o con la Justicia. Tenemos que seguir actuando todos. La atomización de las bandas narco también son un fenómeno que aumentó la violencia”, finalizó.
