El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial de este martes la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal para el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona ya informó a través de su cuenta de X que se acordó diferir la implementación del nuevo sistema para que empiece a regir desde el próximo 6 de mayo.
No hay marcha atrás. Hemos decidido diferir la implementación del Código Procesal Penal en Rosario desde el 6 de mayo, para reforzar el apoyo institucional de los órganos que integran el sistema de justicia federal.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) March 15, 2024
Según publicó Ámbito Financiero, Cúneo Libarona dará una conferencia de prensa este martes por la tarde, luego de que se lleve adelante la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. En dicho encuentro estará también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y el procurador general interino de la Nación Eduardo Casal, entre otras autoridades. De acuerdo a información que se maneja desde Buenos Aires, también fueron invitados jueces y fiscales federales de Rosario.
La reforma le da a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales y se la quita a los jueces, quienes pasan a limitarse a autorizar solicitudes de allanamientos, detenciones y velan por el cumplimiento de las garantías procesales.
Con el nuevo sistema, el juez toma contacto con la información de cada investigación una vez que se concreta una audiencia, a los fines de tomar determinaciones al respecto.
Otro de los grandes cambios es que el sistema pasa a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.
En la previa a la medida del gobierno nacional, la provincia avanzó con la ley de Microtráfico de drogas, o la llamada ley de narcomenudeo, que habilita a la Justicia santafesina a perseguir penalmente a personas por venta de droga a menor escala. De esta manera, se buscó descomprimir al fuero federal para que se aboque a organizaciones narco de peso y a expedientes de lavado.
