El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, manifestó este viernes en la audiencia pública realizada en la Usina del Arte en Buenos Aires que el aumento de las tarifas para consumos residenciales será de 203 por ciento en promedio desde octubre. Además, advirtió que habrá incrementos semestrales con el objetivo de eliminar los subsidios al consumo.

Sobre el impacto en los usuarios residenciales, el ministro precisó que “para los consumos más bajos la tarifa será de 107 pesos antes de impuestos, cuando el gas en garrafas demanda 299 pesos mensuales”.

Fue durante la primera jornada de audiencias, que se extenderán este fin de semana.

Consumidores

El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó que el gobierno nacional con su política tarifaria “se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5.000 por ciento en dólares a lo largo de los próximos años”, sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.

Así lo planteó en el marco de la audiencia, el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1º de abril pasado.

“Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada”, denunció Procelli al cuestionar que el Estado “no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna”.

Defensores del Pueblo

Los Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como "derechos humanos".

El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de “progresividad, proporcionalidad y razonabilidad” del fallo de la Corte que anuló los incrementos del gas.

El cierre de las participaciones de los defensores, estuvo a cargo del representante del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien demandó la realización de “una auditoria externa que se expida sobre los costos del gas a boca de pozo para tener base cierta para establecer las tarifas” al tiempo que“demandó “desatarlas del valor del dólar” o en todo caso “que el estado asegure la certeza del precio en la actualidad y en el futuro”.

Suspensión en Neuquén

La audiencia virtual que se realizaba en Neuquén por el tratamiento del cuadro tarifario del gas fue suspendida debido a los incidentes que se registraron entre trabajadores estatales y la policía, al querer ingresar los manifestantes al lugar habilitado por el Enargas.

La convocatoria a la marcha fue encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el marco de un paro de 24 horas, junto con otras organizaciones sociales integrantes de la Multisectorial contra el tarifazo del gas.

El ingreso de personas fue permitido a quienes estaban acreditados previamente y a la prensa, para seguir las alternativas mediante videoconferencia de las exposiciones previstas para la jornada.

Los manifestantes se encontraron con el frente del Salón de Usos Múltiples del Concejo Deliberante vallado, pero lograron derribarlo y protagonizaron incidentes con el cordón de seguridad dispuesto por la Policía Federal, provincial y Gendarmería.

En Neuquén estaban inscriptas para exponer 18 personas, entre ellas el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, diputados provinciales y representantes de organizaciones sociales.

Marcha opositora

Dirigentes políticos y sindicales kirchneristas encabezaron una movilización para rechazar el aumento en la tarifa del gas y reiteraron sus críticas al carácter no vinculante de la audiencia.

El titular del PJ provincial, Fernando Espinoza, encabezó una de las columnas más nutridas de la marcha y dijo que "la movilización popular marca a las claras el sentimiento del pueblo respecto del brutal tarifazo que está llevando adelante el gobierno nacional".

En ese sentido dijo que la Nación "tendría que escuchar a las pequeñas y medianas industrias, que van a tener que bajar las persianas, que van a generar miles de despidos más que se van a sumar a los que ya se produjeron".

"Vuelven a equivocarse, esto es impagable para la producción y para los distintos sectores de la sociedad", dijo el ex intendente de La Matanza.

Otro de los presentes fue el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien afirmó que el aumento de las tarifas supone una "brutal transferencia de recursos" desde los sectores populares hacia sectores empresarios.

"Por eso lesionaron la Ley de Medios, por eso estigmatizan la militancia, para que no haya política mediando en favor del pueblo. No disimulan esta actitud de que cumplen por cumplir y nada más, no dan cuenta de lo que es una audiencia", añadió el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Por su parte, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los aumentos de tarifa "empujan a la gente a la pobreza" como lo hacen "con suspensiones o dejándolos sin laburo".