La comisión de asuntos laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibió al vicepresidente de la empresa Vicentin S.A.I.C, Alberto Macua, quien expuso frente a los legisladores sobre el estado de situación en el que se encuentra la firma aceitera. Antes, la misma comisión recibió al Ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman.
“La empresa asegura que no cuenta con financiamiento para afrontar el circuito de deuda que trae desde hace varios años, pero que su intención no es cerrar, sino apurar lo máximo posible el proceso judicial para poder continuar con el funcionamiento”, aseguró este jueves la diputada Lucila De Ponti, en declaraciones a El Tres.
La legisladora del Movimiento Evita aseguró que “se hizo foco en que la prioridad fundamental debe ser que la empresa garantice los puestos de trabajo”, que involucran a más de 1.300 trabajadores, y en ese sentido “la continuidad de las operaciones”.
Sin embargo, no se brindaron mayores detalles de las causas que desembocaron en esta situación. “La posición de la empresa es no reconocer que existió una relación crediticia desmedida con el Banco Nación y que desde su lugar van a realizar las acciones para garantizar el funcionamiento”, aseguró.
El vicepresidente de Vicentín “habló de una reapertura para marzo-abril sujeta a la posibilidad de realizar algunos acuerdos con otras empresas que puedan utilizar la maquinaria de Vicentín para producir los derivados de la soja”, destacó De Ponti.
La diputada justicialista consideró que “esto puede tener ciertas complicaciones, sobre todo por la situación procesal y judicial de la empresa, que va a llevar un año más o menos”. Y agregó que “yo no tomaría como un hecho que en los meses de marzo o abril la empresa va a reabrir”.
Asimismo, De Ponti reconoció que “sí hubo un compromiso muy fuerte de mantener el pago de los salarios” y confirmó que “hoy la empresa no le adeuda salarios a los trabajadores”.
“La respuesta que queda sin responder es cómo Vicentín llegó a esta situación financiera con toda la ayuda que recibió del gobierno anterior”, advirtió la legisladora.
Las nuevas autoridades del Banco Central iniciaron un sumario legislativo por el otorgamiento de préstamos durante la gestión anterior por un monto de $18.000 millones en supuestas condiciones irregulares. Además, alertaron que la información contable de la empresa no explica el estado de crisis que atraviesa.
