- Pasa en todas las obras. No importa si se trata de un arreglo menor en una casa particular o una mega infraestructura pública: siempre se reniega a la hora de los detalles y las terminaciones. Siempre aparece un inconveniente no previsto. Y el protagonista de esta historia es el Aeropuerto de Rosario.
Mientras que en la prensa todo era alegría palpitando el arranque la semana que viene de los vuelos directos entre la ciudad y Madrid, un logro histórico que se trabajó durante varias gestiones, los empleados de la aeroestación estuvieron renegando de lo lindo para tratar de solucionar un imprevisto: quedaron a muy diferente altura la puerta del avión con la manga.
Un observador casual pero muy entendido en el tema pudo ver a los empleados sudando la gota gorda mientras ensayaban el enganche con una escalera colocada a la altura que tendrá la puerta del Airbus 350-900, y aun forzando todo, la pendiente que quedaba no era muy apta para alguien con algún inconveniente de movilidad.
¿Y llevarlos en vehículos? Puede ser. El tema es que los que disponen la empresa que hace el servicio de rampa con toda la furia pueden subir 30/35 personas por lo que deberán hacer varios viajes habiendo 400 pasajeros.
Es probable, que le terminen encontrando la vuelta, como siempre hacemos los argentinos; un poco por amor propio y otro porque no es la mejor postal de inauguración que unas 400 personas tengan que ir caminando por la pista (más aún si llega a llover), sobre todo porque -por sus dimensiones- el avión se estacionará a prudente distancia de las instalaciones.
Pero adonde la situación parece difícil de solucionar es por el lado de las dependencias nacionales. Pese a las gestiones del Aeropuerto y del gobierno provincial, hasta la semana pasada seguía firme el rechazo al pedido de que Aduana, Migraciones y Senasa aumenten el personal para atender un vuelo de 400 pasajeros, ya que no superan los dedos de una mano la cantidad que está hoy operativa en Aeropuerto para esas tareas.
Y si el trámite de Aduana y Migraciones es bastante lento con aviones pequeños, como bien lo saben quienes viajaron al exterior desde Rosario, habrá que armarse de paciencia cuando se trate de atender un vuelo de 400 pasajeros. Pueden parecer cosas menores, pero todo suma o resta en la cuenta que hará World2Fly cuando, en 6 meses, defina si sigue o discontinúa la ruta.
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- Es más, este tema de la manga del aeropuerto (un servicio anhelado por los usuarios y cuya falta siempre expuso a críticas y cargadas a la aeroestación local) puede sonar como un mero “problema de ricos” o un “white people problem”, pero una lectura más profunda expone una cuestión central de la gestión económica nacional actual: el vaciamiento de oficinas estatales.
Nadie se puede oponer al recorte de personal ocioso en las oficinas públicas, pero de ahí a vaciarlas hasta dejarlas sin operatividad por falta de personal de base o de directores “con firma” hay una largo trecho. Y cuanto más importante es la oficina estatal vaciada, mayor el daño económico.
Por ejemplo, en un tema central como el hídrico. La virtual eliminación del Ente Nacional de Obras Sanitarias (Enhosa) dejó renga y huérfanas de financiamiento obras claves, como plantas potabilizadoras y acueductos. (nota al pie: durante el gobierno de Alberto Fernández la gestión fue un chiste de mal gusto con retrasos de pagos que se contaban en años).
El vaciamiento del Instituto Nacional del Agua (INA), que aportaba estudios claves para definir los impactos de nuevas urbanizaciones, también es un riesgo, más en vísperas de fenómenos climáticos intensos. No es casual que nos hayamos referido al tema hídrico, porque luego volveremos a él.
Y un tema muy delicado que no explotó de casualidad con violencia y en el que el vaciamiento de dependencias del gobierno nacional también tuvo su cuota de responsabilidad fue en la dura interna en el sindicato de estibadores (Supa) de Rosario. ¿De qué se trata?
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- Las gestiones urgentes que hizo la titular del Enapro, Graciela Alabarce, para desactivar una movilización de la actual conducción del Supa hacia la Fluvial en medio de la realización del Santa Fe Business Forum, evento en que el gobierno provincial se jugaba muchas fichas, mostró la tensión sindical interna que llegó a reinar en el ambiente.
La situación era la siguiente. Desde que la fracción opositoras de los estibadores de Marcelo Leiva se impuso en las elecciones de finales del año pasado tuvo muchos problemas para acomodar sus papeles, sumado a que los comicios habían sido objetados.
Como en era de Javier Milei en la oficina de Rosario de la Secretaría de Trabajo de la Nación no quedaron funcionarios con firma y las dependencias están casi vacías de contenido, todo la normalización de papeles en el Supa debía tramitarse en Buenos Aires. Pero allí los directores con competencia en el área gremial duraban unas semanas y eran reemplazados. El caso era que pasaban los días y no llegaba el reconocimiento legal a las autoridades ganadoras.
La bomba estalló cuando en agosto pasado, la Secretaría de Trabajo se declaró incompetente para reconocer a las nuevas autoridades y resolver el conflicto sobre la legitimidad de las elecciones. Fue así que se activó la intervención del Supa Rosario por parte de la Federación Nacional de Estibadores, que desde Buenos Aires le encargó la tarea a abogados porteños.
Para la facción perdedora de las elecciones, la decisión del gobierno fue un espaldarazo a sus denuncias de irregularidades en las elecciones y, sobre todo, de la ilegitimidad formal de los ganadores para ocupar el gremio.
Los letrados interventores empezaron a mandar mails a las empresas en la que trabajan los estibadores del Supa Rosario -como Terminal Puerto Rosario, Servicios Portuarios- y a las autoridades del Enapro para comunicarles la novedad de que Leiva ya no conducía el sindicato. Y dato no menor: les pedían que pasen a derivar los aportes sindicales a la Federación. Una torta de dinero.
Las empresas se corrieron del conflicto por temor a que se traslade a los muelles, pero no cambiaron de destino el envío de fondos. Fue ahí que la tensión escaló cuando Leiva preparaba una movilización contra la intervención a la Fluvial en pleno Business Forum. Como se ve, ese default operativo del Estado nacional que demora resoluciones y se corre de la resolución de los conflictos estuvo al borde de generar una lucha gremial en un sindicato duro y socialmente delicado porque además de tener gimnasia para los enfrentamientos violentos tiene muchos personajes pesados merodeando, un batalla que además complicaría los intentos en marcha de la Provincia y la empresa TPR para que el puerto rosarino deje atrás décadas de estancamiento.
Al final, la marcha no se hizo porque el Enapro habilitó un breve encuentro en el Business Forum de representantes legales del gremio con el gobernador Maximiliano Pullaro.
A todo esto, la intervención quedó en los papeles ya que nunca aparecieron los abogados porteños y la facción que perdió los comicios identificada con César Aybar tampoco se hizo presente en la sede del gremio, como temieron autoridades de Seguridad de la Provincia. Así que la tensión no saltó (hasta ahora) de los expedientes y las redes sociales a las calles y los muelles.
Como la Secretaría de Trabajo se declaró incompetente, el sector de Leiva fue, con una cautelar, a la Justicia federal para que resuelva el conflicto. Tema al margen: el reclamo se presentó en los tribunales de capital federal. ¿Por qué será que no se hizo en la Justicia federal de Rosario? Respuesta abierta.
Como sea, en el comando de Leiva hay confianza de que la Justicia resolverá a su favor y anulará la intervención, sobre todo cuando hubo dos giros interesantes en la batalla.
Uno fue que el abogado que encabeza la intervención es el mismo que había presentado objeciones a las elecciones. Raro. ¿Toda una maniobra para quedarse con los aportes sindicales?
Y el segundo fue que llegó al Supa un documento de la Secretaría de Trabajo en el que informa que el gobierno rechazó por diversas razones, algunas de forma, la asamblea de adhesión del gremio local a la Federación que la conducción de Aybar realizó poco tiempo antes de las elecciones.
Eso quiere decir, ni más ni menos, que el Supa Rosario no fue ni es es parte de la Federación Nacional, y por eso no puede ser intervenida por ella.
Con esas nuevas cartas sobre la mesa, en el oficialismo del Supa ven que, luego de un agosto de alta tensión, el panorama se empieza a aclarar. Y por eso van por más: ahora reclaman el asiento en el Enapro. O por lo menos que no lo siga ocupando Aybar.
Ocurre que formalmente esa silla es para los gremios (en algún momento lo tuvo el personal de dragado y balizamiento, en otros los estibadores), y en el caso de los estibadores, que la tienen ahora, el que lo debe definir quién la ocupa es la Federación.Es por eso que Aybar se mantenía en el directorio del Enapro pese a haber perdido las elecciones.
Pero ahora que se descubrió que el Supa Rosario no es parte de la Federación, la gente de Leiva le pide al ente administrador que lo corra del cargo. Una petición que algo incomoda a directores del Enapro que se sentían a gusto con el perfil componedor de Aybar y que todavía miran de reojo el perfil de los recién llegados, al igual que pasa en TPR y en el gobierno.
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- Vuelta de página. La resolución del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, de reclamarle a DaviK SA, la desarrolladora del emprendimiento inmobiliario Damfield ubicado en Funes frente al Kentucky, para que proceda de manera inmediata “a la restitución de las condiciones originales y a la remediación del daño ambiental producido en la fracción de terreno que fue intervenida” abrió un frente de conflicto para la propia administración provincial y expone contradicciones que pueden terminar en un millonario juicio contra el Estado santafesino.
Resulta que ante la avanzada oficial y el perjuicio económico que le provocaría tanto a la desarrolladora como a sus inversores tener que afrontar el costo de reacomodar el terreno para dejarlo como estaba antes de los movimientos de tierra, asoma el interrogante: ¿no debería ser la Provincia la que reparare el daño por el cambio de posición, ya que primero avaló y luego prohibió la realización del emprendimiento?.
En efecto, el tema central es que durante la gestión de Omar Perotti la Secretaría de Recursos Hídricos le otorgó el certificado 1 (que dice que la zona no es inundable y se puede construir allí) y estaba en avanzada conversación para otorgarle el certificado 2 (que establece el plan de obras de drenaje que debe hacer el urbanizador).
La presión en contra que se activó por el lugar del desarrollo (en el entorno de la presa sobre el Ludueña) hizo que la gestión de Perotti demorara el otorgamiento del certificado 2 a la espera de una informe que le encargó al Instituto Argentino del Agua (INA).
Cuando llegó el gobierno de Maximiliano Pullaro, y todavía el tema no estaba en agenda mediática, el 24 de abril, el proyecto pareció volver a activarse burocráticamente y la Dirección de Minería dependiente de la Secretaría de Agricultura que, a su vez, depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, le habilitó el movimiento de suelo que ahora el gobierno le dice que retrotraiga a su costo. Vaya contradicción.
Y eso se puede ver claramente en el documento que lleva la firma de Federico Tenoria y Gabriela Alanda y el número 00700101437272 que adjuntamos acá:
Pero todo cambió hacia fin de ese año, cuando el gobierno salió con todo a clausurar urbanizaciones en marcha que no tenían hasta el último papel firmado, que es lo que exige la ley para habilitar su desarrollo.
Fue así que, en el caso de Damfield, primero clausuró las obras de movimiento de tierras de Damfield porque no tenía todas las autorizaciones; con la lectura de que para hacer cualquier obra primero el urbanizador tenía que tener hasta el último papel firmado (que el que otorga el Ministerio de Ambiente) y no solo, como el caso de Damfield el certificado 1, la habilitación de Minería y el proceso en curso del Certificado 2 .
Ahora bien: una cosa son las multas y las sanciones a la desarrolladora por apurarse e iniciar obras antes de tener todos los papeles (o incluso mover en más tierras de lo permitido), que es la lectura del gobierno de las leyes y bien puede ser válida, pero otra muy distinta es sacarle, como hizo y usando el informe del INA que fue muy crítico en sus conclusiones como argumento, las aprobaciones (el certificado 1) ya otorgadas; clausurando así la posibilidad del desarrollo para luego, incluso, pedirle que sus inversores financien el movimiento de tierras que ellos previamente les habían autorizado como consta en el documento arriba mostrado.
Como esa decisión es un flanco débil de la avanzada de la Provincia si el tema escala en Tribunales, desde las áreas de asesoría jurídica del gobierno provincial estuvieron comunicando a los funcionarios que pasen el mensaje de que en realidad Damfield nunca tuvo el primer certificado de Hídrica. Que sólo tenía autorizaciones para instalaciones deportivas, pero nada para su proyecto residencial.
Pero ese mensaje choca contra la realidad de los expedientes. Ya que en tiempos de Perotti sí le otorgaron el certificado número uno como consta en los expedientes que, luchando contra toda la burocracia, este periodista puedo acceder con un día de gestiones con el personal de planta.
La gestión en la que consta la existencia del certificado número uno lleva el número 019070007204 que se refiere al proyecto residencial de Damfield, firmado por el entonces secretario de Recursos Hídricos Roberto Gioria el 19 de julio de 2022; y que dejamos a continuación:
Pueden pasar los gobiernos, pero el Estado es el mismo. Y acá se ven las contradicciones entre gestiones o incluso las contradicciones entre distintas áreas de un mismo gobierno que ameritan explicaciones oficiales. Y también activan otra empresa: ¿Por qué Perroti les otorgó el certificado uno y luego lo frenó? ¿Qué fue lo que no vio al principio y sí detectó luego? ¿Hubo operadores del ex gobierno que gestionaron su aprobación. Si el gobierno provincial, sí quiere, tiene ahí un punto para investigar sobre los manejos inmobiliarios de la anteriro administración, sobre todo en Funes.
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- Finalmente, vamos ahora sobre la causa de la financiera céntrica Ciag, cuyos clientes denuncian la desaparición de sus inversiones por u$s4M.
Resulta que llamó la atención en el Centro de Justicia Penal la trascendencia que se le dio a que el fiscal asignado Federico Aranda renunciara a su cargo para asumir en la Unidad de Información Financiera (UIF) por haber sido el tercero en pasar por ese expediente que data de 2023.
Ocurre que la asignación, que es potestad de la jefatura de la Unidad de Delitos Complejos, no es un asunto con relevancia jurídica, sino un tema de organización administrativa interna.
En efecto, no hay un fiscal “dueño” de un caso, sino un responsable administrativo. En realidad, jurídicamente, se podría decir que todos los casos de Rosario son del fiscal Regional, Matías Merlo.
Ahora bien: formalmente el caso quedará a cargo administrativamente del titular del área, el fiscal Sebastián Narvaja, quien ya venía trabajando con Aranda. Pero así no hubiera estado trabajando en ese expediente, el cambio no tiene porqué generar demoras en las pesquisas.
¿Y qué se puede decir sobre las investigaciones? Habrá novedades antes de que prescriba la causa. ¿Por qué?
Es que hubo aportes claves de ejecutivos de Rosental Inversiones, brokers de las compras documentadas de propiedades en el exterior que hizo a través de ellos el titular de la financiera Ciag, Juan Carlos Culhane, cliente del grupo desde hace muchas décadas.
En paralelo, hubo ahorristas contaron en Fiscalía que nunca tuvieron contacto con Rosental Inversiones, pese a que en Ciag les aseguraban que allí colocaban sus fondos a sus nombre. Es más, hubo clientes de Ciag que aseguraron que nunca visitaron las instalaciones, nunca tomaron contacto con ejecutivos del grupo y que nunca firmaron papeles con Rosental o recibieron documentación de esa firma.
Todos estos datos recabados le está permitiendo a Fiscalía empezar a dilucidar que el presunto engaño y arid sobre el real destino de los fondos de los inversores (a quienes les prometían rentas por colocaciones en el exterior a través de Rosental vía supuestas “sub cuentas” que nunca se hicieron) habría estado armado por Cullhane y luego por quienes continuaron manejando la financiera desde su fallecimiento en 2017 hasta su estallido hacia 2022/2023: su asociado (y hasta ahora único implicado que tiene la causa) Luciano Roatta y la viuda, llamada Paola Allegranza, quien sí viene zafando de las imputaciones mientras usufructúa los millonarios bienes que les dejó su esposo.
Un patrimonio que para los clientes estafados fue generado en parte con sus dineros colocados en Ciag y posteriormente esfumados.
Hay dudas sobre la real participación de cada uno de los tres señalados, pero lo cierto que no pesa sobre los ejecutivos de Rosental que declararon como testigos ni sobre la empresa ninguna sospecha de parte de la Unidad Fiscal.
Habrá novedades.
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- Vuelta de página. Una financiera y de agenda. Los agentes de Bolsa de la región buscan ocupar un lugar institucional más protagónico en las conversaciones para el desarrollo del mercado de capitales, y la realización el próximo lunes del evento “Miradas al Futuro” servirá para presentar en público el renovado impulso que tiene el tradicional sector en la ciudad.
En efecto, el lunes la Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un encuentro organizado por operadores bursátiles en el que desfilarán las principales autoridades y referentes empresarios del mercado de capitales para analizar y debatir sobre la realidad y las perspectivas del sector.
Tras la apertura a cargo del presidente de la Bolsa, Pablo Bortolato, del titular de la Cámara de Agentes de Bolsa de Rosario, Lisandro Nasini, y del presidente de la Cámara de Agentes, Paulo Belluschi, disertarán en distintos paneles el titular de la CNV, Roberto Silva, el presidente de MAV, Alberto Curado, el presidente de Byma, Claudio Zuchovicki, el vicepresidente de A3, Andrés Ponte y los consultores Salvador Di Stéfano, Salvador Vitalli y Esteban Domeneq.
El evento “Miradas al Futuro” es un tradicional encuentro realizado en Buenos Aires por la Cámara de Agentes de Bolsa pensado para sus asociados que por primera vez se hace en la ciudad. No en vano, tendrá su toque regional, como la particularidad de incluir en el debate las oportunidades de mayor integración y negocios entre el mercado de capitales y el mercado de granos.
Y puertas adentro para el sector, lo que expone su realización es la nueva etapa de organización por la que atraviesa la cámara empresaria local que busca convertirse en un espacio de encuentro de agentes para fortalecer vínculos y apalancar el desarrollo del mercado y el crecimiento de sus operadores.
Lisandro Nasini, como flamante titular de la entidad, referencia el trabajo que viene realizando un grupo de sociedades de Bolsa tradicionales de la ciudad para tender puentes con los nuevos participantes del mercado (tanto AN como Alycs) y al mismo tiempo convocarlos a participar institucionalmente en la Bolsa de Comercio de Rosario, tradicionalmente identificada con el mercado de granos.
Es por eso que ya dialogan con los equipos técnicos para sumar nuevos análisis vinculados a las tendencias del mercado de capitales y también buscan organizar conversatorios propios de su especialidad que se sumen a las charlas cerealeras que ya se realizan.
En paralelo, impulsan a que los agentes también ocupen lugares en las comisiones internas de la Bolsa, como las de innovación tecnológica; siempre con el objetivo de generar espacios que impulsan el desarrollo del mercado de capitales para provecho de todos los agentes.
Esa revitalización institucional -que por estos días atraviesa todo un capítulo burocrático formal para poner en línea administrativamente la cámara- conlleva otra novedad institucional de gran peso: se hace con el objetivo de integración con la Cámara de Agentes, que tiene sede en Buenos Aires.
En un país afecto a las discrepancias entre el interior y la capital federal, en este caso -y como un signo de clara madurez institucional- se está trabajando desde la génesis de este impulso renovador de que Rosario no corra institucionalmente por un carril en soledad, sino que sea parte de la Cámara de Agentes convencidos de que la unidad los fortalece en las gestiones y la representatividad.
Y el convencimiento de lo beneficioso de la integración es recíproco y con gestos concretos de ambos lados: por ejemplo, la Cámara de Agentes de Bolsa ya incorporó dos asientos para Rosario y uno para Córdoba en su consejo directivo.
Si los mercados, como Byma, MAV y A3, tienen alcance nacional, ¿por qué sus operadores deberían caminar separados? La realización conjunta del encuentro del lunes en la Bolsa generará muchas fotos de unidad; una señal de madurez que aporta el sector empresario a la economía argentina.
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- Termina una semana complicada en materia de negocios con el anuncio del cierre de Electrolux y su secuela de 200 despidos. Una empresa que antes de que iniciara el gobierno de Javier Milei tenía 800 empleados.
Electrolux reemplazará la producción nacional de línea blanca con su propia producción brasilera y china (ellos ya tienen plantas en esos países) y su cierre fue noticia nacional.
Pero ese sábado, en radio 2, el titular de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario, Claudio Sexer, activó la polémica: "Es traumático, pero el cierre de Electrolux es parte del reacomodamiento de la economía. Hoy el consumidor tiene precios 30% más baratos en línea blanca. Por la mayor oferta importada, hoy vendo una heladera con freezer al mismo precio que en 2023: $600 mil", dijo
“No vale la pena que por 800 empleos haya que comprar heladeras caras”, dicen los libertarios. “Si siguen despidiendo no va a haber quien compre las heladeras importadas”, advierten desde la oposición.
El enigma Electrolux fue parte de la previa del Run Run de este sábado, en la que también contamos de un plan de reestructuración en la línea de tractores en la fábrica de John Deere en Baigorria, un cambio que apunta a darle más eficiencia y flexibilidad operativa a la planta pero que también vieno con despidos.
- Y para terminar, como nos gusta en esta columna, reconocemos a las entidades que, con independencia de tamaño y sector, siguen tirando para adelante. En este caso, Mutual Federada 25 de Junio fue reconocida por la Municipalidad de Rosario con el Sello Verde Compromiso+, en el marco del Programa de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), una iniciativa que promueve la mejora de la gestión ambiental de las organizaciones de la ciudad.
El Sello Verde Compromiso distingue a las organizaciones que, a partir de una evaluación ambiental y climática, elaboran un plan de acción con medidas orientadas a mejorar su impacto y fortalecer su capacidad de adaptación frente al cambio climático. En este marco, Federada presentó su Plan Ambiental y Climático para su Sede Central ubicada en la ciudad de Rosario, que contempla una serie de acciones para avanzar hacia una gestión más eficiente y resiliente.
Además de convertirse en la primera empresa de la ciudad en obtener el Sello Verde Compromiso+, esta certificación representa un paso en el camino de Federada hacia una gestión cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente. Felicitaciones
