El agente de Bolsa, Pablo Arcamone, y su ladero, el contador Martín Fernández, quedarán en prisión preventiva hasta el el jueves 27 de noviembre, tras ser imputados por 13 estafas por 1.3 millones de dólares. Así lo dispuso este martes por la noche el juez penal Fernando Sosa al término de una larga audiencia que comenzó al mediodía.
El agente de Bolsa, Pablo Arcamone, y su ladero, el contador Martín Fernández, quedarán en prisión preventiva hasta el jueves 27 de noviembre, tras ser imputados por 13 estafas por 1.3 millones de dólares. Así lo dispuso este martes por la noche el juez penal Fernando Sosa al término de una larga audiencia que comenzó al mediodía.
El fiscal a cargo de la investigación, Sebastián Narvaja, había pedido ese plazo de prisión preventiva para poder avanzar con sus investigaciones alegando la peligrosidad procesal del titular del llamado Grupo América.
El magistrado dispuso también la inmovilización de sus fondos, el embargo de bienes (si es que tienen registrados) y que se informe al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, a las Bolsas y a los Mercados la situación del agente de Bolsa.
Es más, conforme al avance de las investigaciones y las nuevas denuncias presentadas se espera que los montos de la estafa sean mucho mayores. No en vano, entre los abogados querellantes calculaban que rondarían los 6 millones de dólares.
Arcamone, quien está detenido desde la semana pasada tras casi dos años de incumplir sus compromisos de pago con sus ahorristas, estuvo acompañado de su abogado defensor Renzo Biga. El letrado también representó al contador Fernández, quien quedó detenido luego del agente de Bolsa al presentarse tras recomendación de Fiscalía.
El centro de la defensa fue negar cualquier maniobra de fraude sosteniendo que el Grupo América lo que atravesó es una fuerte crisis financiera por las complicaciones económicas y que estaba intentando solucionar vía concurso de acreedores su situación, por lo que las denuncia penales por estafa las interpretan como un intento de presionar al deudor.
Las imputaciones
“La empresa Grupo América se configuró con un entramado de empresas y negocios que combinó negocios legales, irregulares e ilegales, y bajo las figuras lícitas se hicieron maniobras para captar dinero del público para girarlo a negocios financieros ilícitos, dificultando su trazabilidad”, dijo el fiscal Sebastián Narvaja, quien lleva a cargo la investigación.
El funcionario judicial detalló que la conformación de muchas empresas (corretaje de granos, agente de Bolsa, servicios de mutual, desarollador inmobiliario, exchange de criptoactivos, gerenciador de tecnologías, asesoramiento financiero a empresas y particulares, y hasta una casa de cambio en Brasil) “era para proyectar la apariencia de un holding solvente y diversificado como anzuelo a la hora de salir a captar fondos del público”. También, señaló, que el armado del conglomerado se hizo para tener herramientas que le permitan canalizar dinero, además de dificultar su seguimiento.
Según dijo Narvaja, las operaciones realizadas en el mercado bursátil se hacían de manera profesional y lícita. En cambio, la mutual del grupo-llamado "Pedro de Mendoza" y legalmente habilitada- se convirtió en la principal captadora de recursos de ahorristas que, si bien eran prometidos aplicarse a operaciones seguras en Bolsa o en préstamos a otorgar por la mutual, eran desviados a una mesa de operaciones ilegal que los usaba para negocios blue de cambio, préstamos y depósitos a terceros.
La existencia de la “mesa de operaciones” ilegales quedó constatada en los allanamientos ya que se detectaron oficinas, con boxes individuales, máquinas de contar dinero, una caja fuerte y un salón reservado en la que se negociaban y pactaban encuentros con los clientes de la cueva.“Se pagaban tasas de interés del 13% ciento en dólares por depósito 180 días en esa mesa de dinero clandestina”, contó el fiscal.
“La estafa consistía en que recibía el dinero en blanco de los ahorristas y por transferencia, lo que generaba una dosis de confianza en el inversor porque no recibía el dinero en negro. Y, precisamente, ahí está el fraude, ya que no se le informaba al ahorrista que en realidad el dinero iba a fondear una cueva con todo el riesgo que eso supone, como que haya clientes que no devuelvan los fondos, que se pierda el dinero por operaciones irregulares no registradas o que el dinero quede secuestrado por un allanamiento contra casas de cambio ilegales. Por el contrario, se les decía que iban a inversiones legales”, explicó el fiscal.
Si bien la mutual aseguraba que tomaba plazos fijos (la tasa solía estar por arriba del mercado, también logrando así crecer fuerte), el equipo de fiscales detectó que los fondos no quedaban en las cuentas de la mutual y tampoco se otorgaban como préstamos a los asociados, como debía ser por su actividad mutualista.
Por ejemplo, Fiscalía detectó que la mutual colocó $6M en un fideicomiso a nombre de Arcamone, cuando siempre informó al Inaes, que es el ente oficial nacional que regula al sector de la economía social, que no operaba con fideicomisos.
“Se detectó, por ejemplo, que hacia 2022 y 2023 la mutual tenía tomados $500 M pero prestados solo $200M, quedando el resto inmovilizado; un exceso de ahorro que era una constante y que no quedaba registrado en los balances, además de que supondría un perjuicio financiero para la mutual. Pero lo que ocurría era que en realidad ese saldo era transferido y usado para fondear la cueva, según declaró una empleada de la mutual al tanto de ese traslado de fondos a la mesa de dinero irregular”, dijo el fiscal.
No en vano, luego de los incumplimientos en la devolución de fondos depositados en la mutual que sucedió a partir de 2023, cuando los ahorristas de la mutual se cansaron de no obtener repuestas de los directivos, iban a reclamar a la Inaes porque pensaban que su dinero todavía estaba en la mutual.
Fiscalía también aportó los resultados de inspecciones realizadas por el Inaes entre 2020 y 2023 que mostraron que la mutual tenía su contabilidad incompleta y contradictoria, que había omisiones de registros de asociados, irregularidades informativas y gran ausencia de documentación, como las tasas de interés pagaba y a quien le prestaba. “El último balance cerrado de la mutual es del 2022 y el último presentado al Inaes fue el de 2019”, insistió.
Para Narvaja, también se argumenta la imputación de estafa porque proponía devolver el dinero con lotes de una propiedad rural que decía tener en un fideicomiso, cuando en realidad el inmueble referenciado no estaba anotado en fideicomiso alguno.
“Arcamone se aprovechó de zonas grises regulatorias para tener apariencia legal y ocultar lo ilegal. Había unidades de negocios que operaban y otra cuya existencia era ficticia creada para presentar la imagen de un grupo solvente y diversificado, como el caso de los negocios inmobiliarios. Por eso se contrató personal especializado, se tenían oficinas abiertas al público, un diseño digital profesional de su información online y publicitaba sus actividades regulares. Pero, toda esa imagen, eran meras maniobras ardidosas para captar el dinero del público y desviarlos a una mesa clandestina”, concluyó.