Luego del cruce de cartas documentos y duras declaraciones y amenazas por la prensa, el gobierno provincial, la EPE y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez (VGG) acordaron este viernes empezar a delinear un plan de trabajo para regularizar la situación de la Cooperativa Integral, que debe unos 6.000 millones de pesos en energía comprada a la empresa estatal que dice no poder pagar por el consumo clandestino en los 33 barrios populares.
Así lo definieron este viernes en una reunión que convocó el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, con el directorio de la empresa estatal, y el intendente de VGG, Alberto Ricci, como poder concedente del servicio a la Cooperativa Integral. Del encuentro no participaron autoridades de la cooperativa, ya que la relación esa tirante con los funcionarios provinciales muy molestos por la carta documento que le enviaron al ministro avisándole que nos les quedaba otra que cortar la luz en los barrios si les exigían el pago de la deuda.
Si bien no sobraron los puntos de acuerdo, en la reunión de este viernes en la que se analizó más en profundidad la situación de la cooperativa hubo consenso en que la solución de fondo amerita la realización de obras públicas y medidas de apoyo para que las más de 8.000 familia que viven puedan regular la situación y al mismo tiempo evitar los hurtos.
En el gobierno provincial insisten con que la cooperativa muestre sus números, desde su estructura de costos hasta sus políticas de controles, ya que prima en la Casa Gris la idea de que la gestión no es eficiente y que tampoco está muy activa en el combate al hurto porque hasta ahora los anteriores gobiernos provinciales, en el marco de políticas nacionales de subsidios, le encontraban la vuelta para patearle y condonarle los pasivos que acumulaban.
Por lo pronto, el ámbito de diálogo institucional armado permitió desactivar la posibilidad de los cortes del servicio.