La Sindicatura del concurso de acreedores de Vicentín rechazó las exclusiones de acreedores en la votación del cramdown, que es la última instancia de salvataje judicial para evitar la quiebra de la empresa defaulteada. 

Con la firma de todos los síndicos, Carlos Amut, Diego Telesco, Patricio Prono y Ernesto García le enviaron el 15 de octubre pasado al juez del concurso, Fabian Lorenzini, un informe que el propio magistrado les había pedido para aclarar aspectos básicos del proceso de cramdown, cuya utilización no es frecuente.

Allí los síndicos se expiden sobre diversos puntos, como la base de cálculos que deberá tenerse en cuenta para el cómputo de mayorías en el proceso y sobre eventuales pedidos de exclusiones de acreedores.

El informe de la Sindicatura fue previo al pedido que presentaron ayer a Lorenzini las exportadoras Molinos Agro y Dreyfus de excluir al principal acreedor -que es Avir South (del grupo Cima) con el 37% del pasivo exigible- argumentando que la compra esa la deuda (que era la tenían con Vicenín los bancos extranjeros con Vicentín) estuvo impulsada y armada por el grupo Grassi, con quien compiten en el cramdown por quedarse con la agroexportadora.

“Respecto de las eventuales exclusiones de voto previstas en el art. 45 LCQ están previstas en relación a la concursada y para el período de exclusividad. Una vez más, cuando el art. 48 remite a las reglas de mayorías aplicables para el salvataje, lo hace en relación a las mayorías y requisitos de forma, por lo que en principio, tratándose de prohibiciones o restricciones no se deberían aplicar analógicamente sin una remisión legal expresa”, sostienen los síndicos.

Ocurre que, según la ley de concursos y quiebras, las exclusiones en las votaciones están previstas para evitar, por ejemplo, que una concursada recurra a otra empresa de su grupo o a una firma asociada para comprar parte de la deuda y obtener así mayorías que aprueben su oferta de pago, lo que es una clara irregularidad porque se pone en los dos lados del mostrador y en perjuicio del resto de los acreedores.

Pero en un proceso de cram down, la concursada pierde la exclusividad de presentar oferta y lo puede hacer cualquier interesado, como en este caso lo hicieron Grassi SA (segundo acreedor comercial en importancia) o de manera conjunta Dreyfus y Molinos Agro, dos empresas que hasta ahora no habían tenido participación alguna en el largo proceso.

Entonces, y así los entendieron los síndicos en su dictamen, la exclusión de acreedores no aplica para una oferta de cram down presentada por una empresa que no es la concursada, como es el caso de la propuesta que hizo Grassi SA.

“No obstante ello, y habida cuenta que tal interpretación podría aparejar situaciones inequitativas, ello debería ser analizado con posterioridad y caso por caso, ya que los inscriptos al proceso de cramdown podrían tener múltiples relaciones con diversos acreedores asimilables a las que provocan las restricciones previstas en el art. 45 LCQ. Por ello, entendemos que la ocasión para opinar sobre eventuales exclusiones será al vencimiento del plazo para obtener las conformidades del proceso de concurrencia”, señala la Sindicatura.

La pregunta que surge es: ¿Por qué presentaron el pedido ahora Dreyfus y Molinos Agro y no luego del proceso, como dice la normativa? ¿Habrá sido así para evitar tener que pagar las costas en caso de salirle en contra el reclamo, que serían millonarias? 

Es más, el pedido de exclusión también suma a la hipótesis de que el objetivo central de Dreyfus y Molinos sería evitar que la oferta de Grassi logre la mayoría de las adhesiones exigidas más que ganarle la carrera. 

Una compulsa que se cierra el 31 de octubre y que si no tiene quien reúna las aprobaciones (en cápitas y capital) envía la empresa a la quiebra, lo que facilitaría el “carancheo” de sus activos (por ejemplo, el puerto de San Lorenzo de Vicentín que está lindante al de Molinos Agro) sin tener el comprador que hacerse cargo de acreedores y el personal como pasará si hay un ganador del cram down.  

Esta hipótesis se empezó a barajar al presentar Molinos Agro y Dreyfus una propuesta a solo 10 días hábiles del cierre de proceso, cuando el proceso de conseguir las adhesiones insume mucho tiempo y recursos. Es más, este fin de semana hubo ejecutivos de los oferentes buscando los contactos del padrón de acreedores entre actuales ejecutivos de la firma.

Por el lado de Grassi SA, por estas horas avanza con las firmas de adhesiones (el grupo Cima ya lo hizo) y ya orilla el cumplimiento de las cantidades, conteo que podría quedar ya completo para viernes/lunes próximo.