Ingresaron al Concejo en las últimas horas nueve pedidos para que se deje sin efecto el decreto de la Municipalidad que quita la obligación de tener los aportes previsionales al día al profesional que tramite un permiso o final de obra.
Los reclamos se presentaron luego de que la semana pasada afiliados a la Caja de Ingenieros —entre los que se encuentran arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra— se movilizaran a la Municipalidad y al Concejo para advertir que la decisión tomada desfinancia el sistema previsional y la obra social.
Precisamente, fue durante la concentración frente al Palacio Vasallo que ediles opositores, que respaldaron el reclamo y recibieron a los manifestantes, les propusieron a los afiliados a la Caja que ingresen los pedidos para apurar el tratamiento del tema en el Concejo.
En las presentaciones, los profesionales piden conocer dictámenes jurídicos de las distintas dependencias municipales avalando los cambios y también solicitan copias de las minutas de las comunicaciones realizadas por la Municipalidad con los Colegios, las Cajas y el Concejo para analizar los cambios que iban luego a ser decretados. Ese pedido busca exponer que la medida no fue consensuada, comunicada y discutida antes de ser tomada, como sostienen desde la Caja de Ingenieros.
La Municipalidad defiende su autonomía municipal argumentando que tiene la potestad de desburocratizar y simplificar sus propios trámites administrativos de obras sin convertirse en un órgano de retención o control recaudatorio de entes externos.
Para la Intendencia, el gobierno local solo tiene que chequear que haya un profesional habilitado (por razones de seguridad) y no tiene por qué ser un agente de cobro de aportes jubilatorios.
La decisión de dejar de exigir el pago del aporte fue apoyada por la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, entidades empresarias que señalaron que de esa forma se agilizaría la obtención de permisos y finales de obra, haciendo así fluir mejor la actividad.
Las asociaciones de jubilados (de Rosario y Santa Fe) fueron a Tribunales con el argumento de que esa medida desfinancia a la Caja Previsional y pone en riesgo el cobro y la subsistencia de sus haberes jubilatorios. También advierten que desfinancia la obra social, que tiene 9 mil afiliados.
La Justicia rechazó en primera instancia esa demanda de amparo. Tras el fallo, los centros de jubilados apelarn la resolución y ahora esperan la resolución de los camaristas. Mientras tanto, la semana pasada la Caja anunció que, agotada la vía administrativa para quejarse, decidió ir directamente al fuero Contencioso Administrativo contra el decreto con una serie de documentos técnicos que preparó para argumentar que el sistema queda desfinanciado por decisión municipal.