La Justicia definió esta miércoles a la mañana que el financista Luis Herrera y sus dos hijos seguirán en prisión preventiva hasta el inicio del juicio oral, con fecha a definir. El tribunal de magistrados integrado por Paula Álvarez, Gonzalo Fernández Bussy y Gonzalo López Quintana también admitió la acusación contra el financista por un tercio de los 462 casos denunciados.
La audiencia preliminar al juicio, que arrancó la semana pasada y terminó hoy, sirvió para controlar la acusación y depurar las pruebas, definiendo la Justicia cuáles llegarán al debate. Ese control de la acusación y depuración de pruebas es lo que garantiza que el juicio sea justo y rápido.
En ese contexto, el fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión para Luis, 9 para sus hijos Ignacio y Diego y 5 para su esposa (que ahora en libertad).
Los jueces resolvieron en favor de Fiscalía el contrapunto marcado por la defensa, que llevan Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet. Es que Narvaja reconoció que el universo de hechos investigados sobre Herrera supera los 462 casos y que el perjuicio total investigado excede los 34.850.235 dólares, pero solo va a acusar por 129 hechos por un perjuicio de 9.870.478 dólares, argumentando esa selección en “criterios de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso”.
Pero la defensa se opuso a esa “acusación parcial” planteando que se estaría afectando la garantía de la defensa en juicio y podría suponer la violación futura del derecho a que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que —entiende— está el riesgo de que hoy le hagan el juicio a Herrera por 129 hechos y en el futuro por el resto, así que la defensa planteó que la acusación debería ser total y no parcial.
“La resolución de ese punto incide directamente sobre el alcance del objeto del juicio y, en consecuencia, sobre el universo de prueba que corresponde producir. Por razones de orden lógico, la definición del objeto procesal debe preceder a la discusión probatoria”, señalaron los abogados defensores.
Narvaja rechazó la crítica sosteniendo que es potestad del MPA direccionar la investigación y que el recorte se hizo a los efectos, precisamente, de garantizarle a los acusados un juicio en plazos razonables. Y es que el juicio por 129 casos ameritará la presentación de unos 300 testigos, por lo que si se pusieran sobre la mesa los 462 casos, el desfile de testigos superaría los 600.
Finamente, los jueces definieron en favor de la postura del fiscal.