El juez civil y comercial, Fernando Mecoli designó a los síndicos de la quiebra de Bioceres que tendrán la difícil tarea de determinar la magnitud del default de la empresa de biotecnología y los activos que cuenta para enfrentar sus compromisos. Las designadas son las contadoras Vanesa Lorena Beccacece, Gabriela Marta Gorini y María Lorena Chacon.
El magistrado señaló que la labor investigativa de los síndicos deberá también “verificar la procedencia de eventuales acciones de recomposición patrimonial (ineficacias concursales o del derecho común) y/o acciones de responsabilidad de los representantes, administradores, terceros, etcétera”.
Bioceres había presentado un informe contable al 12 de diciembre de 2025, el cual otorga como estados financieros al 30 de junio de 2025 un activo de $ 5.937.992.356, un pasivo de $ 162.464.172.432, siendo su patrimonio el de $ 156.526.180.076 y su resultado integral del ejercicio en la suma de $ 162.259.436.368, cifras que, en moneda estadounidense y al momento de cotización de los presentes ($ 1.415,00) rondarían, en forma aproximada, un patrimonio negativo de U$S110.619.208,53.
Pero, según señaló el magistrado en los considerandos de la resolución que le decretó la quiebra, "sin perjuicio de lo anterior, al día de la presentación de su pedido de quiebra, se habría actualizado la imagen de tal cuadro de situación mediante un archivo en formato de planilla de cálculo tipo Excel -sin firma, validación técnica o respaldo formal alguno, no obstante el reiterado requerimiento solicitado por este Tribunal a tal efecto y que no fuera satisfecho-. Dicho soporte informático exhibiría una sensible reconfiguración de los guarismos oportunamente exteriorizados, al consignar un activo que ascendería a la cantidad de $47.404.043.950 (mientras que el anterior hablaba de $5.397.992.356) destacando que su pasivo habría escalado a la suma de $226.435.759.674,00, cifras que, trasladadas a moneda extranjera, oscilarían entre los U$S33.149.681,08 y U$S 158.346.685,08, respectivamente (esto último sustentado exclusivamente, como se dijo, en la registración volcada en la referida planilla de cálculos)”.
Será, entonces, la Sindicatura la que deberá poner ahora en blanco sobre negro la situación financiera de la quebrada firma.