La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) le enviaron un documento al Senado de la Nación con advertencias sobre cinco puntos del proyecto de reforma laboral, sobre todo, respecto de la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias.
“Hay animosidad con el sector empresarial”, dijo el titular de Came, Ricardo Diab, quien contó que las entidades trabajan en una contrapropuesta al proyecto. “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal", señaló.
Por ejemplo, sostuvo que “si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas". "Esa es una de nuestras principales preocupaciones”, destacó.
El titular de Came cuestionó entre otros el artículo 128 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, que veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, pero que mantiene los de los gremios: “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación específica hacia un sector que trabaja por la representación del sector".
El jefe de la Came también criticó el artículo 126, que determina la renegociación de los convenios colectivos de trabajo cuando venzan, a diferencia de lo que sucede actualmente: “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir".
Diab advirtió: “En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”.
El directivo de las pymes cuestionó además el artículo 132, que le permite al Estado suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”: “Determina que alguien, pretendiendo pensar que afectaría a las arcas del Estado, podría deshomologar algo convenido. Es algo que nos perturba, por más que se tenga algo acordado se podrían generar controversias".