La Red de Instituciones de la Producción de Rosario le solicitaron este martes a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el pronto tratamiento y sanción del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral vinculado al sistema de riesgos del trabajo, iniciativa que busca ordenar los procedimientos y reducir la creciente litigiosidad en la materia.
El gobierno provincial impulsa los cambios, pero diferencias internas en el bloque gobernante entre radicales (que impulsan los cambios) y socialistas (que sostienen que el proyecto amerita mejoras) vinieron demorando la aprobación en la Cámara de Diputados.
“En los últimos años se ha registrado un fuerte incremento de los juicios vinculados a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, situación que genera mayores costos para las empresas, incertidumbre jurídica y un impacto negativo sobre el empleo formal y la competitividad del entramado productivo”, señalaron desde Federación Gremial, Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura.
El proyecto en tratamiento propone introducir cambios en el Código Procesal Laboral y en la ley provincial de adhesión al sistema nacional de riesgos del trabajo, estableciendo, entre otros puntos, que en los reclamos judiciales debe acreditarse el agotamiento previo de la instancia administrativa ante las Comisiones Médicas, debiendo el actor fundamentar los motivos por los cuales se aparta del criterio técnico allí establecido.
Asimismo, la iniciativa establece mecanismos para evitar la multiplicación de demandas por un mismo hecho, disponiendo la acumulación de acciones cuando se trate de reclamos derivados de un mismo accidente o enfermedad profesional.
Otro de los aspectos centrales es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales dependiente del Poder Judicial, encargado de realizar las pericias médicas en estos casos, con el objetivo de fortalecer la rigurosidad técnica y evitar la proliferación de dictámenes contradictorios.
Desde la Red señalaron que estas reformas no implican una reducción de derechos para los trabajadores, sino que apuntan a ordenar el sistema, mejorar la calidad de los procesos judiciales y desalentar prácticas litigiosas que afectan el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo.
Finalmente, las instituciones remarcan que reducir la litigiosidad y avanzar en reformas estructurales de la justicia laboral, permitirá agilizar procesos, disminuir costos, fortalecer la previsibilidad y promover inversiones, que redundan en sostener y expandir el empleo formal, objetivo buscado por todos los actores de la vida en sociedad.