El juzgado civil y comercial número 6 de Rosario decretó este martes la quiebra de Bioceres SA que la misma empresa pidió al no poder hacer frente a sus compromisos, sobre todo con acreedores financieros. En la resolución del magistrado Fernando Mecoli, se especifica que, en principio, el pasivo es superior al previsto: 158 millones de dólares.
En su asamblea del 16 de diciembre, Bioceres SA decidió pedir su quiebra en medio de una fuerte pelea entre dos grupos de socios: uno encabezado por el CEO de todo el holding, Federico Trucco, y otro por el nuevo accionista mayoritario, Juan Sartori. Este último fue quien impuso el cambio de dirección de la firma, que conducía Trucco, y el pedido de quiebra al que dice haberse llegado por la mala administración anterior, acusaciones que el otro grupo de accionistas niega y sostiene que todo es una maniobra de Sartori para quedarse con el control de la empresa Biox, que cotiza en Wall Street, y otros activos estratégicos del grupo.
Lo cierto es que en el marco de esa pelea, Bioceres SA -producto de un canje de acciones resuelto en la conducción del grupo pasó de ser la firma controlante a quedar separada del grupo, vaciada y endeudada, afeitandose así a los inversores que compraron papeles de ella en el mercado de capitales argentinos (ON y Pagarés). Esa separación de Bioceres SA, dicen en el bunker de Sartori, fue una maniobra para evitar que el empresario uruguayo pase a controlar el grupo, mientras que desde el bando de Trucco insisten con que la idea era encarar un proceso serio de reestructuración para darle viabilidad a la estructura de negocios.
“La pérdida de control implicó para Bioceres la imposibilidad de obtener financiamiento y a la vez acrecentó la caída del precio de la acción de BIOX. Que -manifiesta- las dificultades financieras de la Sociedad se originaron fundamentalmente en la significativa disminución del valor de su principal activo —las acciones de BIOX—, lo que generó la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de deuda de corto plazo”, dijo el nuevo director de la firma, Hugo Alejandro Santarelli, en la presentación del pedido de quiebra con sus justificativos.
Allí reveló también que antes de pedir la quiebra, la empresa mantuvo conversaciones con un comité de acreedores (básicamente financieros) a los que les hizo al menos dos propuesta de pago, pero que fueron rechazadas, sobre todo por la “falta de garantías robustas”. Sin liquidez, negocios y activos, sostiene que no tuvieron otra salida que pedir la quiebra de una empresa que tiene base en la ciudad de Rosario (en el complejo universitario de la zona Sur conocido como “la Siberia”).
“Bioceres presentado un informe contable al 12 de diciembre de 2025, el cual otorga como estados financieros al 30 de junio de 2025 un activo de $ 5.937.992.356, un pasivo de $ 162.464.172.432, siendo su patrimonio el de $ 156.526.180.076 y su resultado integral del ejercicio en la suma de $ 162.259.436.368, cifras que, en moneda estadounidense y al momento de cotización de los presentes ($ 1.415,00) rondarían, en forma aproximada, un patrimonio negativo de U$S110.619.208,53”, señala el juez en los considerando de la resolución.
“Sin perjuicio de lo anterior, al día de la presentación falencial, se habría actualizado la imagen de tal cuadro de situación mediante un archivo en formato de planilla de cálculo tipo Excel -sin firma, validación técnica o respaldo formal alguno, no obstante el reiterado requerimiento solicitado por este Tribunal a tal efecto y que no fuera satisfecho-. Dicho soporte informático exhibiría una sensible reconfiguración de los guarismos oportunamente exteriorizados, al consignar un activo que ascendería a la cantidad de $47.404.043.950 (mientras que el anterior hablaba de $5.397.992.356) destacando que su pasivo habría escalado a la suma de $226.435.759.674,00, cifras que, trasladadas a moneda extranjera, oscilarían entre los U$S33.149.681,08 y U$S 158.346.685,08, respectivamente (esto último sustentado exclusivamente, como se dijo, en la registración volcada en la referida planilla de cálculos)”, agrega.
“Que, en cualquier caso, el pasivo supera ampliamente el activo, lo que sugeriría -prima facie- una situación de impotencia patrimonial para hacer frente a la continuidad de la empresa. A mayor abundamiento, toda eventual actualización de los montos no enerva la contundencia de la insolvencia primigeniamente acreditada con los estados contables certificados. La inminencia de ejecuciones individuales exige la apertura del proceso universal a fin de cristalizar el patrimonio, quedando la depuración, cuantificación exacta y legitimidad del pasivo sujeta al tamiz del proceso verificatorio y al control de la Sindicatura a designarse”, concluye el juez al decretar la quiebra.