Este año los embargos fiscales a empresas en Rosario aumentaron un 56% respecto del año anterior y la mayoría, el 75%, recayó sobre sobre las micro pymes. Las cifras surgen de un informe realizado por la Fundación Apertura –en el marco de la Red de Entidades por la Producción de Rosario– en base a datos del ente recaudador a los que accedió por medio de un pedido de Acceso a la Información Pública.

De allí surge que entre 2021 y julio de 2026 se registraron 27.045 embargos trabados por la Delegación Regional Rosario de Arca sobre un total de 11.458 empresas, cayendo tres de cada cuatro de estas medidas sobre microempresas. 

Es más, la participación del segmento micro en el total de los embargados pasó del 37,3% en 2021 al 87,4 % en 2026. Además, el monto real promedio reclamado a las microempresas creció un 122 % entre 2024 y 2026. 

El aumento de los embargos tiene un alto impacto negativo en las empresa porque el embargo inmoviliza el capital de trabajo de firmas con caja diaria y sin acceso a descubierto, afectando salarios y proveedores. Según el informe, las microempresa aguardan un promedio de 6 meses (181 días) 

Además, al perder capacidad de pago, la firma destruye crédito comercial y posicionamiento de mercado. Es más, resolver un embargo demora en promedio 181 días (dos trimestres), en empresas cuyos ciclos de planificación no superan los 90 días. Y en las microempresas el problema es mayor porque les falta departamentos legales o fiscales propios, encareciendo el costo del trámite.
 

Aceleración
 

Entre 2021 y 2026 el monto nominal de los embargo en Rosario se multiplicó por 55,8 veces, frente a una inflación acumulada del IPC de 23,3 veces. Y si se hace el recorte sobre la micropymes, el monto real por embargo a microempresas creció un 122 % entre 2024 ($8,8 M) y 2026 ($19,6 M), y un 28,9 % respecto de 2025 ($15,2 M).  Además, la cantidad de embargos por empresa ascendió de 1,1 medidas en 2021 a 3,2 medidas por empresa en 2026.

Según calculó la Fundación, se proyecta un incremento del 57,8 % en la cantidad total de embargos para 2026 respecto a 2025 en los embargos totales y del 61.5 por ciento en lo que hace a microempresas frente al año pasado, lo que muestra una fuerte aceleración de los embargos en el último tiempo.

En la comparativa de los embargos totales, hubo 10.184 en 2022; 6.200, en 2023; 2.582, en 2024; 4.034, en 2025; 3.713 en los primeros 7 meses de 2026, proyectando  6.365 para 2026.  

Y si se hace el recorte sobre las microempresas, hubo 6.916 en 2022; 4.844 en 2023; 1.850 en 2024; 3.443, en 2025; 3.244 en los primeros 7 meses de 2026) y 5.561 para el proyectado 2026.  

En lo que hace a la cantidad de empresas alcanzadas, hubo 304 en 2021; 5.928 en 2022; 1.971, en 2023; 653 en 2024; 1.448 en 2025; 1.154 en los primeros 7 meses de 2026. Y en lo que hace a las medidas promedio por empresa: hubo 1,09 en 2021; 1,72 en  2022; 3,15 en 2023; 3,95 en 2024; 2,79 en 2025; y 3,22 en (2026). 

En ese contexto, la pequeña empresa registra la intensidad más alta acumulada con 4,03 medidas por firma (frente a 2,43 en microempresas y 1,86 en contribuyentes sin caracterización).
 

Propuesta regional
 

“Ante esta situación, desde la Red de Entidades Por la Producción de Rosario estamos pidiendo que haya medidas que permitan  sortear esta situación en un contexto donde las empresas están con ventas en baja, con costos en alza y con dificultades de acceso al crédito”, dijo Cristian Bergmann, presidente de la Fundación Apertura, una de la entidades del grupo.

“Es muy importante que haya ciertas medidas de Arca, como por ejemplo una notificación previa, que esa notificación previa se dé en la realidad y se respete con un plazo real para el contribuyente para poder adecuarse antes de que caiga cualquier medida como un embargo. También que haya planes de facilidades más extendidos, con cuotas que una empresa chica pueda sostener”, agregó.

“También se necesita un régimen especial para este tipo de empresas que gradúe las medidas en función del tamaño, un régimen de alivio fiscal o suspensión de las medidas cautelares a las empresas que mantengan sus fuentes de trabajo y un régimen especial de regularización que permita condonar multas”, destacó.

“Nosotros sostenemos que Arca tiene el deber de cobrar y eso no lo discutimos. Lo que estamos discutiendo es cómo poder ajustar las medidas para que las empresas puedan sobrellevar la situación de la mejor manera”, concluyó Bergmann.