La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) reclamó este martes una negociación urgente entre el Gobierno nacional y los profesionales del practicaje para destrabar el conflicto que mantiene paralizada la operatoria en la Hidrovía y afecta el funcionamiento de los principales puertos del país.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje "frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina", además de evidenciar la necesidad de actualizar el sistema normativo.
El pronunciamiento se conoce después de que la Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 prácticos y pilotos a retomar de inmediato sus tareas, bajo apercibimiento de sanciones administrativas y eventuales denuncias penales, en el marco del paro por tiempo indeterminado que mantiene frenada la actividad en los puertos.
La cámara, que representa a las principales terminales privadas del país, advirtió que la situación ya tiene consecuencias concretas sobre el comercio exterior. Entre ellas, mencionó la acumulación de buques fondeados, la interrupción del flujo de exportaciones e importaciones, el freno al ingreso de divisas, el colapso de las cadenas logísticas y el riesgo de incumplimientos contractuales que incrementan los costos para las empresas. También alertó sobre un deterioro de la imagen internacional de la Argentina como proveedor confiable y la posibilidad de que embarcaciones sean desviadas hacia puertos de países vecinos.
En ese contexto, la CPPC respaldó la modernización del régimen de practicaje impulsada por el Gobierno nacional mediante el decreto 690/2026. Señaló que la coyuntura demuestra la necesidad de "adecuar, modernizar y desregular" el sistema para dotarlo de mayor competencia, transparencia y previsibilidad, aunque aclaró que esos cambios no deben comprometer la seguridad de la navegación.
Al mismo tiempo, la entidad reconoció la idoneidad técnica y el profesionalismo de los prácticos, pero rechazó que las medidas de desregulación impliquen un riesgo para la navegación. En ese sentido, sostuvo que ninguna naviera, capitán o compañía de seguros operaría un buque en vías complejas sin el respaldo profesional correspondiente.
Como salida al conflicto, la Cámara instó tanto al Gobierno nacional como a los representantes del sector de practicaje a conformar una mesa de negociación que permita normalizar de manera inmediata la actividad y avanzar luego en la implementación del nuevo régimen dentro de un marco de diálogo y consenso.
El conflicto se inició tras la entrada en vigencia del decreto 690/2026, que desregula el sistema de practicaje y pilotaje en la Hidrovía. Los profesionales del sector suspendieron las maniobras de ingreso y salida de buques en reclamo de la derogación de la norma, mientras que el Gobierno sostiene que la reforma busca introducir mayor competencia y reducir costos logísticos para el comercio exterior.