El agente de Bolsa Daniel Casanovas, en prisión preventiva imputado por múltiples estafas financieras, le solicitó a la Justicia que impida la subasta de su avión, un Cessna 402 A, que el gobierno provincial realizará el próximo 16 de abril en el marco de los remates de bienes sustraídos al delito en la provincia. Este miércoles, el juez Alejandro Negroni presidirá una audiencia en el Centro de Justicia Penal para definir la situación.
El caso pone en cuestión la corrección jurídica del accionar de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ya que siempre dijo de que los remates se basan en casos con sentencia firme, que en este caso no aplica.
En efecto, según la defensa de Casanovas, a cargo del abogado Emiliano Díaz, el avión está a nombre de la empresa Cereales del Sur (CDS), que preside Casanovas y que está concursada e inhabilitada para disponer de sus bienes en garantía de los acreedores del concurso preventivo, que esperan su cumplimiento y son unos cientos más que los denunciantes en el fuero penal.
Es más, según Díaz, CDS pidió su propia quiebra, porque hasta mediados de enero, por pedido de la Fiscalía, existió una medida cautelar penal que le prohibió disponer de todos sus activos, incluidos los corrientes.
Así que, por un lado, el concurso esta vigente y los acreedores esperan cobrar en base a los activos. Pero además las víctimas que denunciaron penalmente a Casanovas por estafa también esperan un resarcimiento económico.
Es más, un informe de la síndica del concurso de CDS, Nancy Ortíz, cuestiona la competencia de la APRAD y sostiene que el juez de la convocatoria es quien tiene la potestad toda de los bienes de la defaulteada.
“La cuestión planteada queda todavía más en evidencia al entender que se trata de dos personas distintas; la investigada en sede penal y la concursada en sede comercial, y que el bien en cuestión integra el patrimonio de esta última”, agrega la Sindicatura.
Por eso, entiende, “no deben salir bienes del patrimonio de la concursada y permitirlo implicaría un grave perjuicio para los acreedores que verían disminuido el activo de la concursada”.
El tema es que si la Aprad subasta, se pierde el 20% del valor en la comisión por el remate, más los gastos de depósito. Ese dinero con esos descuentos, va a Rentas Generales que los otorgaría a las víctimas cuando haya sentencia firme, pero actualizada por la tasa pasiva del Banco Nación que es mínima frente a una inflación del 30 por ciento, se quejan los abogados de la querella que también quieren frenar la subasta.