La Justicia rechazó la demanda de amparo que presentó el Centro de Jubilados y Pensionados Ingenieros de Santa Fe contra el decreto municipal que deja de exigir a los profesionales tener sus aportes jubilatorios al día con la Caja Previsional cuando realizan trámites de edificación y obras particulares.
Las asociaciones de jubilados (de Rosario y Santa Fe) fueron a Tribunales con el argumento de que esa medida desfinancia a la Caja Previsional y pone en riesgo el cobro y la subsistencia de sus haberes jubilatorios. Además, sostuvieron que vulneraría el artículo 48 de la ley Provincial 6.729, que establece la obligación de control oficial de los aportes previsionales por parte de las reparticiones públicas.
Por su parte, la Municipalidad defendió su autonomía municipal argumentando que tiene la potestad de desburocratizar y simplificar sus propios trámites administrativos de obras sin convertirse en un órgano de retención o control recaudatorio de entes externos
Y a la hora de resolver, el juez Mauro Raúl Bonato, de la primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario, falló a favor de la Intendencia. En concreto, determinó que:
1) El decreto municipal no padece de vicios en sus elementos esenciales (motivación, causa y finalidad), ya que cuenta con fundamentos explícitos en sus considerandos.
2) No existe derogación de leyes provinciales: El fallo aclaró que en este caso la Municipalidad solo modificó sus propios requisitos procedimentales locales, por lo que la ley previsional provincial sigue plenamente vigente y la Caja mantiene intactas sus facultades de fiscalización y cobro hacia los profesionales.
El juez resaltó además que decreto 0804/2026, publicado luego del que fue protestado por los jubilados, garantizó la exigencia de matrícula habilitante e incumbencias profesionales, certificado que deben otorgar los Colegios profesionales, por lo que se mantienen garantizado así el control de la seguridad edilicia y urbanística de las obras particulares a construirse en la ciudad.
“Al no demostrarse un perjuicio concreto e inmediato, ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte del municipio, el tribunal rechazó en su totalidad la acción de amparo”, manifestó el juez.
Hasta la entrada en vigencia del decreto, que está firme, el profesional (arquitecto/ingeniero) debía hacer un primer pago del aporte jubilatorio para poder recibir un permiso de obra y completar el pago del aporte antes de sacar el final de obra.
Para la Intendencia, el gobierno local solo tiene que chequear que haya un profesinal habilitado (por razones de seguridad) y no tiene porqué ser un agente de cobro de aportes jubilatorios. Es más, se quejan de que la Caja siempre descansó en ellos como recaudadores ahorrándose el gasto de cobranza y cobranza judicial para deudas.
La decisión de dejar de exigir el pago del aporte fue apoyada por la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, entidades empresarias que que señalaron que de esa forma se agilizarían la obtención de permisos y finales de obras haciendo así fluir mejor la actividad.
Es más, en la Intendencia sostienen que el segundo decreto –por el cual se le exige al profesional un certificado habilitante para hacer los trámites– es un guiño a la Caja ya que, en la práctica, le avisa quién está con trabajo para poder ir a cobrarle los aportes.
Incluso, en la Municipalidad resaltan que se trata del primer fallo judicial que respalda la autonomía recientemente sancionada en la Constitución.
Nuevo Round
Tras el fallo, el Centro de Jubilados apeló la resolución y ahora esperan la resolución de los camaristas. Mientras tanto, la semana pasada se realizó una concurrida asamblea de los colegios profesionales y sociedades de jubilados de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra (que todos aportan a la Caja de Ingenieros) en la que se definió que este miércoles la propia Caja realice una presentación en Tribunales.
La Caja ya agotó la vía administrativa para quejarse del decreto, con pedidos de reconsideramientos que la Municipalidad no hizo lugar, y por eso decidió ir directamente al fuero Contencioso Administrativo con una serie de documentos técnicos que preparó para argumentar que queda desfinanciada, no solo en materia previsional sino también en su servicio de salud, por lo que hay 9 mil afiliados en riesgo, sobre todo los jubilados y por jubilarse a los que les costaría ser aceptados en otras prepagas.
Según le contó a Rosario3 el presidente de la Caja, Germán Picarrelli, la ley provincial establece que el Estado debe, no solventar, pero sí cuidar y resguardar el sistema.
“La Municipalidad no cobra y transfiere. No recauda para nosotros. Solo debe verificar si está el aporte”, dijo. “Si lo que querían era apurar el trámite, con el nuevo certificado exigido ante los colegios profesionales, terminan no ganando tiempo, sobre todo si el Colegio le exige el aporte para entregárselo”, agregó Picarelli.
“Como el comitente no está obligado a pagar el aporte al inicio de la obra y puede decidir pagar todo al final, la Caja se queda sin recibir los aportes preliminares –que se exigían para dar las primera habilitación– y se rompe toda la rueda de ingresos y pagos que tenemos. Además, si se puede sacar el final de obra sin haber hecho el aporte, ¿a quién le cobra el profesional ya que el cliente no está obligado a pagarlo? Es una locura que quede el pago quede en cabeza del profesional”, señaló.
En ese contexto, afiliados a la Caja de Ingeniería protestarán este jueves frente al Palacio de Los Leones contra el decreto municipal. La concentración será a las 11 y luego marcharán hacia el Concejo.
Finalmente, si bien en la reunión del martes pasado hubo mucha participación de jubilados y pronto a jubilarse, la Municipalidad cuenta que, según las consultas que estuvo haciendo, la medida tomada sí tiene el visto bueno de los activos y jóvenes profesionales que dicen que el viejo sistema de cobro se había convertido en una pesada carga.