El financista Luis Herrera y sus dos hijos seguirán detenidos hasta el 14 de abril. La prórroga de la prisión preventiva la dispuso este martes la jueza Paula Álvarez en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal y la decisión se tomó luego de que la semana pasada se cayera el acuerdo por un juicio abreviado que negociaban querellantes y defensores.
Durante la audiencia, realizada por la mañana, el fiscal Sebastián Narvaja pidió extender la prisión preventiva hasta el 28 de mayo. Por el contrario, la defensa -a cargo de Gustavo Franceschetti- se opuso y pidió la libertad de sus defendidos ofreciendo medidas alternativas.
Acuerdo caído
La semana pasada, el fiscal regional Matías Merlo resolvió no hacer lugar al texto acercado del entendimiento que presentó el fiscal Sebastián Narvaja “por disconformidad de los querellantes y por cambio de calificación en favor de los imputados”.
¿Cómo era el acuerdo? Cinco años de prisión efectiva para Herrera y tres condicionales para sus dos hijos con multa equivalente al doble del valor de los bienes aplicados a las maniobras de evasión. Al financista le imputaron 557 hechos de estafa, 27 de quiebra fraudulenta y 141 de lavado de activos.
En total hubo 450 víctimas que lo denunciaron en sede penal, de los cuales 193 se constituyeron en querellantes. Y entre los querellantes, 33 se manifestaron en favor del acuerdo y 27 lo rechazaron, quedando el resto sin tomar posición (pese a haber sido informado sin tomar postura) del entendimiento que negociaba Fiscalía con la defensa de Herrera, que tienen los abogados
En una reunión realizada el pasado 22 diciembre, los 27 querellantes que rechazaban el acuerdo explicaron que la negativa se basaba en que los hijos de Herrera quedaban libres, pese a ser partes de las maniobras, y que la reparación económica no lucía como suficiente. Es más, un tema no menor es que los bienes detallados en escrito del abreviado para pagar a los querellantes no podían ser objeto de disposición debido a que se encontraban afectados a un proceso de quiebra del empresario.
En rigor, ese tema siempre provocó ceños fruncidos porque, de prosperar el juicio abreviado, lo que cobrarían serían quienes denunciaron penalmente, quedando el grueso de los acreedores, que están verificados en la quiebra, sin activos para repartirse.
Puesto a analizar el tema, la Fiscalía Regional entendió que el ofrecimiento de pena a los tres implicados es parte del mínimo de la escala penal, previendo que Ignacio y Diego Herrera accederían a una condena de ejecución condicional cuando están en prisión preventiva desde hace un año. “Asimismo no se advierte una concreta voluntad de resarcimiento y una actitud de reconocimiento, daño o arrepentimiento genuino para con las víctimas”, sostuvo el fiscal. En el proceso de verificación de la quiebra se calculó el default del financista en unos 63 millones de dólares.
¿Cómo sigue el caso? El Fiscal Regional le pidió a Narvaja que apure el pase a juicio.