- Jueces de la Corte Suprema de Santa Fe impulsan un importante cambio para el fuero laboral de Rosario que, estiman, contribuiría decisivamente a la reducción de la industria del juicio por accidentes y enfermedades laborales, una problemática que está al top de la agenda empresaria en la provincia. En líneas generales, piensan la conveniencia de aplicar un esquema muy similar al implementado en la actualidad en el ámbito penal, pero adaptado a particularidades del fuero laboral.
El concepto central de la propuesta sería armar una oficina de gestión judicial (OGJ) que asista a un grupo de jueces que se encargarían de resolver los casos que se les asignen sin tener que hacerse cargo de la administración de juzgados; todo en el marco de un proceso oral y no escrito. Además de apurar resoluciones, desprenderse de otras tareas hasta les permitiría tener más contactos para unificar criterios para la resolución de controversias, por ejemplo, en las tasas de interés a aplicar.
La oralidad de los procesos, además de aportar transparencia y posibilidad de seguimiento público, también expondría la sapiencia de cada una de las partes, sobre todo de los abogados de las ART, ya que muchos jueces de primera instancia vienen sosteniendo que, entre otros factores, muchos reveses que tienen las empresas en los juicios son por deficiencias notables de los abogados corporativos.
Los magistrados Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Daniel Erbetta son quienes vienen estudiando la factibilidad de la implementación de un paquete de modificaciones procesales de fondo que debería aprobar la Legislatura.
Es por eso que, además de venir manteniendo encuentros con jueces, funcionarios del poder judicial y académicos, también están en contacto con legisladores. La idea es tener armado luego de la feria de enero el trazo grueso de la propuesta. Y para lograrlo también necesitan de operadores actuales del sistema que comprometan su tiempo y esfuerzo para darle impulso a la iniciativa.
Como los jueces de la Corte concluyeron que es el sistema el que funciona mal, sostienen que medidas aisladas no lo resolverán. Tampoco esperan que haya mejoras con solo migrar a la oralidad los actuales litigios escritos. Y si bien es cierto que la Corte se encamina a presentar un protocolo para mejorar la oralidad en tribunales civiles y comerciales, la avanzada en lo laboral busca ser más profunda.
Ocurre que cada uno de los 10 juzgados laborales de Rosario recibe una avalancha de 2.000 causas al año, y ese volumen es una de las principales razones que demora por años las sentencias y afecta la calidad de trabajo, con audiencias que se fijan en plazos de 6 meses y no en 30/60 días como debería ser y en las que ya ni participan los jueces.
Pasar, entonces, a un procedimiento oral no aportaría, razonan, mejora alguna. Todo lo contrario. Los jueces hasta evalúan que esa sola modificación de procedimiento no se podría aplicar ante tantas causas. Ante esta avalancha, en la Corte -que valoran la reciente decisión del gobierno de cubrir cargos en las salas 2 y 3 de la Cámara Laboral- sostienen que se necesitará que se designen más magistrados en el fuero laboral rosarino (no más juzgados), pero dentro de un cambio integral de sistema que mejore la eficiencia del proceso judicial.
Ahora, que al año haya 20 mil causas que se inician en el fuero laboral rosarino, activa la necesidad de poner la lupa en la instancia previa, que es la labor de la Comisión Médica (CM) rosarina de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que, como venimos advirtiendo en esta columna, su preferencia por el bochazo masivo (le pone 0 de incapacidad a la gran mayoría de los casos denunciados) es un claro incentivo para que el trabajador lleve su reclamo a sede judicial.
Por eso, en la Corte siguen con especial atención lo que está pasando en Venado Tuerto, que ante la reciente formación de una CM de la SRT, se registró una baja de los expedientes que llegan a Tribunales. Ajustar y calibrar, entonces, los criterios de la CM de Rosario también asoma como fundamental para reducir la litigiosidad.
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- La conveniencia de esperar una resolución de fondo a la cuestión “de la industria del juicio” como la que estudia la Corte es el principal argumento que esgrimen los legisladores socialistas para ponerle un freno a las iniciativas de cambios al sistema que impulsan diputados radicales, con aval del gobierno provincia; división que exhibe las diferencias de criterios en el bloque de la alianza gobernante de Unidos.
Fue así que el socialismo mandó a boxes un proyecto de los legisladores radicales Martín Rosúa y José Corral, que buscaba un cambio a la ley orgánica del Poder Judicial que modificando el sistema de cobro de todos los peritos auxiliares de la Justicia (médicos, contadores, abogados, sicólogos, etc.), que ata el monto de los honorarios de los peritos a la gravedad de la lesión detectada, un polémico sistema que es visto como uno de los resquicios que permite florecer la alta litigiosidad laboral.
Los socialistas también le siguen negando los votos a otro proyecto de los dos diputados radicales que reduce la modificación sólo a los médicos legalistas.
Es probable que, en extraordinarias, solo prospere una iniciativa de Corral que está orientada a reducir la litigiosidad laboral en la provincia, promoviendo mecanismos que fortalezcan la instancia previa al juicio y agilicen la resolución de controversias sin perjuicio de los derechos de las partes involucradas.
El tema es que Las diferencias ya generaron cortocircuitos entre legisladores de ambos partidos, y en el radicalismo no solo piensan que hay una diferencia de estrategia (ellos prefieren ir punto por punto para no demorar respuestas y lograr avances concretos, mientras que los socialistas prefieren una solución integral), sino que ven a sus socios muy permeables al lobby de los peritos médicos.
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- Y es que los médicos legalistas no se quedaron callados ante la avanzada contra su régimen de cobro en la Legislatura, al que defienden con uñas y dientes.
“El sistema vigente no compromete la imparcialidad, ya que la labor pericial está sujeta a control judicial, impugnaciones y sanciones. En cambio, sí garantiza una retribución proporcional, previsible y acorde a la responsabilidad técnica asumida. Romper esa vinculación implica, en los hechos, desvalorizar el trabajo pericial, desalentar a los profesionales idóneos y provocar un grave vaciamiento y deterioro del sistema de auxiliares de la justicia”, decía el modelo de carta que se distribuyeron entre peritos (también contables y jurídicos) para enviar a legisladores.
Además, de enviar correos electrónicos a los principales referentes reclamando que no se trate la iniciativa porque, alertaban, nunca habían sido convocados para debatirla pese a legislar sobre sus tareas, hubo contactos directos y reuniones con legisladores de distintas fuerzas políticas.
Incluso, la Asociación Médica de Rosario (AMR) expresó su preocupación “por los cuestionamientos al desempeño y la honorabilidad de las y los peritos médicos legistas, que intervienen en procesos judiciales laborales en la provincia de Santa Fe”.
Para la entidad, “es injusto todo intento de estigmatización a profesionales, atribuyéndoles la responsabilidad de la denominada alta litigiosidad laboral” y “es preocupante la posibilidad de que se tomen decisiones que puedan afectar las condiciones de trabajo; por lo que entendemos que es necesario generar un respetuoso espacio de diálogo”.
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- Frente al lobby de los peritos -que para los radicales prendió en el socialismo porque también propone “grandes mesas” de diálogo- los diputados Rosúa y Corral, con guiño de la Casa Gris, respondieron saliendo a buscar apoyo empresario.
Fue así que se reunieron con directivos de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Grupo Trascender, Fundación Apertura, Sociedad Rural de Rosario, OAME y el Foro Regional Rosario para difundir sus proyectos y sumarlos a la discusión pública.
Y lo lograron porque empezaron a aparecer comunicados en los que los representantes de instituciones productivas coincidieron en la necesidad de avanzar sobre reformas que obstaculicen a la “industria del juicio”. También señalaron la necesidad de darle más transparencia al régimen de cobro de los peritos, de impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, y que haya una mejora de las comisiones médicas jurisdiccionales.
Los empresarios también plantearon la importancia de fortalecer la cooperación entre el Poder Legislativo, el sistema judicial y los sectores productivos para diseñar soluciones que favorezcan la inversión y el empleo formal en la provincia.
Más allá del choque de intereses, hay un dato que es inapelable: en la provincia hay 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, cifra que duplica la media del país. Y pese a lo que sostienen los abogados “caranchos”, la plata de los juicios no la cubre la ART, sino que sale del bolsillo de las empresas, ya que las aseguradoras se cubren pasando el costo de la litigiosidad laboral a la alícuota, que -no en vano- en Santa Fe duplica a la de la media nacional.
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- Vuelta de página, pero sin dejar los pasillos de Tribunales. Vamos al fuero penal porque hay novedades en el caso del contador y asesor bursátil Marcelo Pozzi, a quien la jueza Lorena Arone dictó el lunes la prisión preventiva por 6 meses por estafar a sus clientes que le entregaron fondos para invertir en producto de poco riesgo en Bolsa que tuvieron como destinos colocaciones de alto riesgo perdiéndose toda la plata.
Durante la audiencia imputativa, Pozzi ejerció su defensa responsabilizando de las maniobras a uno de sus empleados (quien a su vez denunció al contador por obligarlo a realizar los desvíos) y a la agencia de Bolsa con la que trabajaba (que es Cohen, con base en Buenos Aires).
En particular, apuntó contra Nicolas Parrondo, que es el vice de la casa bursátil. Y, precisamente, ese señalamiento era el que estaba esperando el abogado de la querella, Mariano Pujol, quien desde el arranque de la investigación sostiene que la maniobra no podría haberse realizado sin participación de Cohen. Por eso, pidió a Fiscalía comience la investigación contra Parrondo y contra Joaquín Cohen, también miembro del directorio, una línea de investigación avalada por la jueza.
¿Y por qué Cohen queda involucrada? Es que en el perfil de cuenta que el cliente abrió en la agencia de Bolsa (a instancia de su asesor bursátil con mátricula de CNV, que era Pozzi) se registró tolerando un nivel de riesgo “medio” con un perfil “conservador”. Pero los casi 80 mil dólares y 11 millones de pesos que uno de los clientes que denunció depositó fueron invertidos (sin autorización del comitente) en productos de mucho riesgo, como es la compra de “Puts”.
Lo mismo le pasó a otro cliente que lo denunció, y a quien Pozzi le recomendó que deje de operar con la agencia en la que estaba (la rosarina Brío Valores), para llevar sus fondos a Cohen, a la que le pidió que invierta sus 114 millones de pesos en productos conservadores, pero que sin su autorización terminaron colocados “Puts” y operaciones de pagarés y cheques diferidos sin garantía, que también es un producto de alto riesgo.
Es más, de la reconstrucción que Fiscalía hizo de este último caso suma otra particularidad: Pozzi habría usado los fondos de la víctima para realizar operaciones bursátiles de alto riesgo, como es apostar por una devaluación que haría caer precios de acciones y bonos y por ende suba de valor de las opciones PUT compradas. Como eso no ocurrió, la posición le empezó a generar importantes pérdidas.
“Para sostener su apuesta, Pozzi procedió a vender en corto acciones que no eran de su propiedad, sino acciones pertenecientes a la cartera de la víctima, con el objetivo de re-comprarlas más baratas en el futuro. Esta operatoria no fue consentida, no fue informada, y se realizó en detrimento de la composición sana y diversificada de la cartera del cliente", dice Fiscalía.
"Las acciones vendidas fueron las de primera línea —que aseguran crecimiento a largo plazo—, luego ingresó masivamente a operaciones con E-cheqs, generando liquidez para continuar con su operación especulativa sobre PUT. Los fondos obtenidos mediante esos E-cheqs fueron utilizados con fines ajenos al perfil y a los intereses de la víctima. Cuando la apuesta falló, los emisores de los E-cheqs no cancelaron sus obligaciones y la ALyC Cohen SA comenzó a refinanciar esas deudas aplicando interés compuesto. Estas refinanciaciones eran tramitadas directamente por Pozzi sin informar a la víctima, por lo que esta desconocía completamente la existencia de tales obligaciones crecientes”, sostuvo la imputación.
Es muy delicado lo que está pasando con Cohen porque daña un valor clave de la relación cliente / agencia de Bolsa: la confianza.
El armado del “perfil inversor” del cliente es el primer paso a la hora de abrir una cuenta comitente y que quede expuesto que una agencia lo puede contradecir e incluso realizar operaciones sin avisar (con complicidad del asesor bursátil, independientemente de que sea el dueño o un empleado) espanta a los ahorristas, sobre todo a los medianos. Y además ocurre justo cuando el fortalecimiento del mercado de capitales es más que nunca necesario para convertir en financiamiento accesible para las empresas el ahorro de los particulares.
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- Pozzi rima con Ponzi. Y vaya Ponzi que escondía el local de alta costura Alesca, de Italia al 700, y que fue armado por la diseñadora María Tedesco. Ya en noviembre de este año avisamos en esta columna el muy particular caso de la diseñadora de 54 años que tomaba inversiones de clientes y amigos para supuestamente comprar a precios competitivos telas importadas de alta calidad que luego usaba para los vestidos que confeccionaba y vendía a precios altos, generando así un rendimiento para sus financistas que llegaba al 30 por ciento anual en dólares; intereses que para esa fecha ya estaba incumpliendo hasta caer en un default total y acumular denuncias por estafa.
De la imputación que le hizo días atrás la fiscal María Teresa Granato a Tedesco, junto con su esposo Jaime Mestre (60), como partícipe secundario; su ex empleada María Juncos (43), como partícipe primaria; y el novio de esta última, el peluquero Rodrigo Ruggeri (44), en la misma calidad se desprende que el Ponzi tuvo 37 víctimas y causó un perjuicio económico de 594 mil dólares y 115 millones de pesos. La fiscal concluyó que siempre fue un esquema ponzi, ya que no figuran en la contabilidad de Tedesco la compra de las famosas telas importadas.
Pagar una exorbitante tasa del 30% en dólares por un negocio textil ya de por sí debería servir para alertar a cualquier ahorrista de que entraba en una suerte de “telar de la moda” como lo podríamos bautizar.
Ese 30% hace parecer como un jugo de niños al 20% que prometía el financista Luis Herrera por sus supuestas inversiones en el mercado de Chicago, de cuyo rastro tampoco nunca se supo. El tema es que de los testimonios recogidos por la fiscal en la denuncias se pueden extraer otras “reds flags”. Resulta que sus inversores estafados siempre destacaron la apariencia de solvencia y conexiones de Tedesco y su marido, siempre rodeados de fotos con famosos que, supuestamente, usaban sus diseños, y protagonizando conversaciones sobre inversiones inmobiliarias y turismo internacional.
Lo que asoma como fundamental (salvo que voluntariamente se decida poner el dinero consciente de los riesgos, pero apostando a salir antes de que se caiga la estafa piramidal) es darse cuenta de que la apariencia de solvencia del supuesto empresario no tiene nada que ver con la calidad y la naturaleza de la propuesta de negocios. Antes de dejarse guiar por las apariencias, conviene indagar un poco sobre cómo es el negocio, de donde sale la diferencia entre la inversión y la ganancia.
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- ¿Dijimos Herrera? Sí. Y parece que el caso del otrora financista estrella de la ciudad, y uno de los “sospechosos de siempre” de esta columna, no se quedará afuera del último “Run Run” del año. Y vaya que hay noticias: se cayó el acuerdo de juicio abreviado que estaban conversando entre las partes, y que parecía al borde firmarse.
¿Qué pasó? El fiscal regional Matías Merlo resolvió no hacer lugar al texto acercado del entendimiento que presentó el fiscal Sebastián Narvaja “por disconformidad de los querellantes y por cambio de calificación en favor de los imputados”.
¿Cómo era el acuerdo? Cinco años de prisión efectiva para Herrera y tres condicionales para sus dos hijos con multa equivalente al doble del valor de los bienes aplicados a las maniobras de evasión. Al financista le imputaron 557 hechos de estafa, 27 de quiebra fraudulenta y 141 de lavado de activos.
En total hubo 450 víctimas que lo denunciaron en sede penal, de los cuales 193 se constituyeron en querellantes. Y entre los querellantes, 33 se manifestaron en favor del acuerdo y 27 lo rechazaron, quedando el resto (pese a haber sido informado sin tomar postura) del entendimiento que negociaba Fiscalía con la defensa de Herrera, que tienen los abogados
En una reunión realizada el pasado 22 diciembre, los 27 querellantes que rechazaban el acuerdo explicaron que la negativa se basaba en que los hijos de Herrera quedaban libres, pese a ser partes de las maniobras, y que la reparación económica no lucía como suficiente. Es más, un tema no menor es que los bienes detallados en escrito del abreviado para pagar a los querellantes no podían ser objeto de disposición debido a que se encontraban afectados a un proceso de quiebra del empresario.
En rigor, ese tema siempre provocó ceños fruncidos porque, de prosperar el juicio abreviado, lo que cobrarían serían quienes denunciaron penalmente, quedando el grueso de los acreedores, que están verificados en la quiebra, sin activos para repartirse.
Puesto a analizar el tema, la Fiscalía Regional entendió que el ofrecimiento de pena a los tres implicados es parte del mínimo de la escala penal, previendo que Ignacio y Diego Herrera accederían a una condena de ejecución condicional cuando están en prisión preventiva desde hace un año. “Asimismo no se advierte una concreta voluntad de resarcimiento y una actitud de reconocimiento, daño o arrepentimiento genuino para con las víctimas”, sostuvo el fiscal.
¿Cómo sigue el caso? El Fiscal Regional le pidió a Narvaja que apure el pase a juicio.
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- Para cerrar el capítulo judicial, “Va a haber un fortalecimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos”, anunció este martes la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, durante una entrevista realizada en Radiópolis, por Radio 2.
Tras la salida del fiscal a cargo de esa unidad, Miguel Moreno, quien asumió como juez camarista, el puesto quedó en manos del fiscal Sebastián Narvaja. Pero ese no será el único cambio. “Se está reformulando la unidad. Vamos a sumar dos fiscales. La resolución está al salir y el fiscal regional, Matías Merlo, será quien dará las novedades”, anticipó la funcionaria.
Pero así como se valora la iniciativa de los fiscales de la provincia de investigar los llamados delitos de guante blanco, también aparecieron críticas de abogados penalistas por lo que, entienden, es una tendencia de llevar al fuero penal cuestiones más vinculadas a crisis económicas, propias de los juzgados civiles y comerciales.
“Muchas investigaciones se trabajan en razón de las denuncias presentadas por estafas y otros delitos económicos. Para nosotros es muy importante, y a veces no es fácil, establecer un límite de cuando es un conflicto civil y comercial y cuando hay un delito. Y, en principio, ya hay una circular del Fiscal Regional donde se establece que sea priorizado los casos en los que haya una multiplicidad de víctimas y haya causado una conmoción social, por ejemplo cuando se pierden todos los ahorros de las familias, por más que no sean sumas millonarias”, explicó Vranicich.
“El MPA no está para que vengan a dirimir cuestiones dinerarias”, dijo la fiscal general, y luego criticó que “hay casos en los que después de años en los que los equipos de fiscales trabajaron mucho respondiendo a denuncias por delitos económicos, incluso con querellantes impulsando penas de prisión efectiva a los imputados, un día aparecen que llegaron a un acuerdo con los defensores y piden que miremos para el costado y firmemos suspensión de juicio a prueba”.
Finalmente, Vranicich destacó sobre la persecución de delitos económicos que “el objetivo priorizado del MPA son las violencias altamente lesivas. Y en lo que hace de delitos económicos será priorizado lo que tenga relación con la circulación ilegal de dinero que provenga de las violencias altamente lesivas”.
Esta última declaración no cayó del todo bien entre abogados que suelen ser querellantes en causas judiciales porque, entienden, que no se debería aflojar en la persecución de estafadores económicos.
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- Hablando de estrés financiero, hace quince días advertimos sobre las demoras en el pago de los granos recibidos en uno de los corre-acopios más grandes del sur de la provincia, que es CAM. El tema es que en la cadena comercial del agro todo luce ajustado.
“El que nunca llamaba para cobrar, ahora llama. Se acortaron los plazos de pagos. Todo es inmediatez y urgencia de cobro. Y con tasas del 30/36 por ciento, nadie quiere tomar financiamiento y por eso apura el cobro de deudas”, comenta José María Piccione, empresario agropecuario de la zona de Bigand.
Por caso, en el brindis de fin de año con operadores del mercado que organizó la Bolsa de Comercio de Rosario en el recinto de negocios, los corredores se mostraron muy optimistas por el volumen de la cosecha, pero sin dejar de advertir que no solo los precios no son tentadores sino que el negocio está fino en materia de rentabilidad por el costo de la estructuras y el peso de los impuestos.
Es cierto que cuando hay volumen, todo se afronta con tranquilidad en el agro.Y tras el cosechón que se viene de trigo, los corredores avisaban que se viene uno muy importante de maíz (que hacia marzo sumará tensión logística al negocio y a los accesos portuarios); con lo cual el brindis de fin de año fue con muy buen ánimo de los operadores del mercado. Sobre todo luego de varias campañas de caída de producción por la sequía. Pero nadie tira manteca al techo.
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- Si hablamos de “cheques vacas” (que son aquellos que cuando los miras, decís mmm…mmmm…mmm), la semana pasada dimos cuenta de un grupo desarrollador con un alto estrés financiero en una de sus empresas causado, según explicaron, por un contrato de impago de obra pública que tienen en provincia de Buenos Aires, pero asegurando que el descalce quedó contenido en esa unidad de negocios funcionando sin problemas las otras empresas del llamado Grupo Terraz.
Pero, como venimos diciendo, es la cadena de pago la que cruje en el negocio de la construcción. Y en los últimos días el ruido vino de Acril, una fábrica de Revestimientos Acrílicos localizada en Funes, que está en boca de todos porque suma 175 cheques rechazados por $260.880.601 y cuatro créditos en distintos bancos por $137 millones en situación de pago irregular, según la central de deudores del Banco Central.
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- Hablando de empresas en problemas, esta semana se conoció que Transportes Bieler, de Nicolás Bieler, compró la fábrica de muebles Zurschmitten SRL, en convocatoria de acreedores.
En principio, había trascendido que la compra estaría acotada a la nueva planta, que de hecho no llegó a inaugurar la firma de San Jerónimo Norte, porque estaba en busca de un predio para mudar y ampliar sus actividades logísticas, pero finalmente el cambio de manos fue de toda la sociedad (marca incluída), por lo que se abre un horizonte de diversificación (como comercializar materiales de la construcción).
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- Vamos de la construcción a los desarrollos inmobiliarios. Y es que se está tejiendo un acuerdo que permitiría destrabar un nudo al desarrollo urbano del cordón sur oeste del Gran Rosario (con epicentro en Piñero) que es la falta de potencia energética de la EPE para darle servicio a los nuevos loteos.
Y para explicar cómo se estaría destrabando el nudo podríamos recurrir a una adaptación libre de la remanida frase de Bill Clinton diciendo: “Es la política, estúpido”.
Ocurre que los estatutos, reglamentos y usos de costumbre en la EPE nunca tuvieron la suficiente flexibilidad para encontrar soluciones a problemas no previstos o de difícil resolución. Es más, siempre estuvo en duda de si la apelación a la falta de flexibilidad de la normativa no escondía una deliberada e histórica intención de sus líneas burocráticas de esquivarle al trabajo que demanda esfuerzos extra.
¿Qué pasaba? Cuándo aparecía una demanda extra tendencial, la EPE le exigía al desarrollador que financie y luego done las obras y equipos correspondientes para poder darle servicio al nuevo complejo. Cuando se trata de grandes jugadores con espalda o proyectos para el sector ABC1 al que se le puede pasar a precio del m2 el costo extra, la fórmula funciona, no sin refunfuños de los empresarios.
Pero la EPE no tenía respuestas para zonas, como el cordón suroeste, en cual no compra un público ABC1 y los desarrolladores no pueden juntar de la nada 40 millones de dólares para una estación transformadora, cuya potencia además excedería largamente la demanda de sus loteos.
Como la EPE no financia obras y los desarrolladores no pueden pagarla, el desarrollo se detuvo. Y las alternativas de armar pooles empresarios para costear de manera privada las obras siempre chocaban con el recelo de algunos desarrolladores de compartir un fondo común con algunos de sus pares que son rápidos para escabullirse cuando llegan las cuentas por pagar.
Y fue “la política” del ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, la que llegó a la EPE para romper con las amarras burocráticas. Dos son sus alfiles en la batalla: por un lado Anahi Rodriguez, la presidenta de la EPE que va con el mazo barriendo escombros de improductividad gremial, y por el otro el secretario de Comercio, Gustavo Rezzoaglio, de perfil dialoguista con empresarios y propenso a la rápida toma de medidas concretas para resolución de problemas puntuales, una fórmula de respuesta ejecutiva rápida sin tanto peso discursivo teórico que le gusta Puccini.
La novedad es que está muy avanzado el acuerdo marco para que sea la Provincia la que financie la obra de la nueva ET, pero con los desarrolladores pagando un canon por el uso de la potencia que cada barrio necesitará. Lo que se discute es el monto y la forma de pago, y también cómo y cuánto se les cobrará a quienes en el futuro desembarquen para hacer barrios aprovechando que ya hay potencia, para que el esfuerzo de la inversión lo tengan que hacer todos y no solo el Estado y los pioneros.
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- Los avances con la EPE exponen que el gobierno provincial, al menos en el área de Desarrollo Productivo, vino afinando su relación con los desarrolladores inmobiliarios, a los que en un principio siempre miró de lejos sin sentir la misma afinidad que profesaba, por ejemplo, con sectores industriales o agropecuarios.
En esa línea hay que sumar el cambio de la ley tributaria para que urbanizadores que efectúen la primera venta de un lote destinado a construcción de vivienda tendrán un crédito fiscal equivalente al 100% de la retención sufrida en IIBB al momento de la escrituración, o la incorporación (no prevista originalmente) de los desarrolladores inmobiliarios como sujetos de créditos subsidiados para obras y equipos menores eléctricos (el llamado plan Genera que presentó el gobierno)
No se trata de un acercamiento exento de choques, vale aclarar. Por ejemplo, hubo un episodio bastante extraño en el que el gobierno provincial informó a todos los medios que la EPE, con personal traído de otras partes de la provincia, había detectado “un desarrollo inmobiliario en el departamento Rosario (localidad de Coronel Domínguez) que consumía energía de la red sin estar dado de alta en la EPE, abasteciendo la iluminación de calles, cartelería y el obrador del barrio”.
El tema es que (y no salió en ninguna gacetilla de prensa) el loteo estaba correctamente habilitado (incluso funcionarios de la delegación de Villa Constitución, que es la responsable de la zona, se comunicaron luego con los empresarios pidiendo disculpas), sino que los enganchados ilegalmente eran algunos vecinos para sus casas y obradores, y no el urbanizador para los servicios públicos, como la iluminación callejera
¿Fue un simple error de redacción de la comunicación o se trató de algún sútil pase de factura contra socios y directivos de la Cámara de Urbanizadores, entidad que en varias oportunidades se mostró en disconformidad con otras oficinas públicas, como es la Secretaría de Recursos Hídricos?.
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- Y si de Recursos Hídricos se trata, la dependencia del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia se encamina a terminar el año sin dar un sólo ok a la realización de nuevas urbanizaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia, convirtiéndose en el blanco principal de las críticas empresariales.
El cepo -cuya solidez jurídica en la aplicación es cuestionada en ámbitos profesionales y empresarios porque se basa en “memos” que, por definición, deben aclarar y no cambiar normas vigentes- se decidió políticamente para darle tiempo a esa dependencia para poner en marcha un cambio de la normativa vigente para analizar y aprobar urbanizaciones con el objetivo de mejorar procesos y simplificar la tramitación.
Recién semanas atrás, el Ministerio y la Secretaría -con un comunicado público- blanqueó en algo la situación al informar en lo que se estaba trabajando (sin aclarar que mientras tanto está todo encepado) y reconoció que hay tantos puntos de acuerdo como puntos en los que todavía no hay entendimiento con colegios profesionales sobre las nuevas clasificaciones.
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- Eso sí, entre tantas críticas a Hidríca en su relación con el empresariado, vale la pena destacar también cuestiones positivas como el avance en el diálogo con los desarrolladores de Damfield, el loteo en construcción frente al Kentucky que el gobierno provincial clausuró hace dos años por razones de su impacto en la cuenca del Ludueña.
Semanas atrás se conoció un fallo de la Justicia en el que se desestimó el amparo presentado contra la clausura, que fue presentado en algunos medios como un rechazo a la viabilidad del proceso. Pero en realidad fue un revés al intento de quitar la clausura judicialmente. Y ese camino, que sus desarrolladores exploraron apenas fueron clausurados y el gobierno provincial se negaba al diálogo, hace tiempo que ya se dejó de transitar por los empresarios.
En realidad, la resolución es un reflejo tardío (propio de la Justicia lenta, en este caso provincial) de un estado de situación del pasado, ya que hace tiempo que las partes están en plena conversaciones.
Es más, el fallo insta que el desarrollo cumpla con los más altos estándares de seguridad hídrica y ambiental, dirigiendo la discusión hacia los canales administrativos correspondientes, que es en lo que gobierno y empresas están trabajando desde junio del 2025.
“Esta instancia nos permite concentrar todos los esfuerzos técnicos y profesionales en el Expediente Administrativo N° 01907-0023033-0, que ya se encuentra en trámite avanzado ante el Ministerio de Obras Públicas”, señalaron desde Damfield.
Ese trámite tiene varios hitos (como Inspecciones Oficiales en Julio 2025 y la Validación Técnica Privada de un relevamiento sobre el escurrimiento de aguas), siendo el principa la comunicación oficial del Subdirector de la Dirección General de Administración y Legislación de Recursos Hídricos, de los resultados del relevamiento topográfico (vía enlace digital y QR oficial) realizado.
Las conversaciones técnicas avanzan.
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- Bueno, vamos terminado el último Run Run del año, una sección al que le daremos un descanso durante enero, para retomar el febrero con un paquete de novedades.
Podríamos terminarlo haciendo referencia a uno de los hechos sobresalientes de los últimos tiempos que es la concreción de las obras de ampliación del Aeropuerto de Rosario (AIR), tema clave porque uno de los conceptos principales de esta columna es que el principal problema de la economía santafesina no es fiscal (la cuentas están ordenadas), no es productivo (las empresas son competitivas) no es de recursos humanos (ya que hay muy alta la calidad), sino de infraestructura (con años de retraso).
Poner en valor el AIR, entonces, es un paso adelante en la mejora de la alicaída plataforma de infraestructura logística provincial.
Atento a que ya fue bastante la exposición mediática sobre el tema, no queremos cansar con el tema, pero no podemos dejar de resaltar que:
- La Provincia financió en soledad la obra de la pista, que es una responsabilidad nacional.
- La obra se hizo en tiempo récord.
- Los déficits que hoy tiene el AIR en cabotaje (no hay conexión con Vaca Muerta, no hay vuelos a Córdoba y son malas las frecuencias a Buenos Aires) son por razones de políticas aeroportuarias nacionales y de estrategias comerciales de las aerolíneas.
- Está bien rumbeada la Provincia que el próximo objetivo es desarrollar el negocio de las cargas. Y ahí también se notó la afinidad del discurso con el intendente de Funes, Rolly Santacroce, pese a provenir de partidos distintos.
- Y sobre ese tema, también se resalta que el gobierno provincial llevara al masivo acto de apertura al ex gobernador Omar Perotti, quien durante su gestión también avanzó con las obras en la terminal. Pero también hay que decir que hubo poco reconocimiento a anteriores directores, sobre todo empresarios, que a fuerza de gestiones convencieron a líneas aéreas (como la que hará la conexión directa a Madrid) de desembarcar en el AIR, novedades que ahora los actuales funcionarios capitalizan política y mediáticamente, cuando en el pasado ponían el ceño fruncido cuando ex directivos armaban las valijas y se iban en soledad a recorrer ferias internacionales en busca de contactos con las aerolíneas.
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- No obstante, con la novedad que cerramos el “Run Run” no es del Aeropuerto, sino del Puerto. Y es que, la Municipalidad está por terminar de abrochar un entendimiento con Terminal Puerto Rosario (TPR), que pasaría a saldar su histórica y millonaria deuda con las tasas municipales que nunca abonó y tampoco quiso abonar en las décadas que lleva como concesionario.
El acuerdo está concluido y solo falta el ok final del directorio de la firma en Chile.
Todo un signo de los tiempos en los que Provincia, Municipio y empresa (ya no en manos de Vicentin sino controlada por los chilenos de Ultramar) parecen haber dado de vuelta la página de los desencuentros y se encuentran todos con el mismo norte: el desarrollo.
Que así sea.
Nos vemos en febrero