- Nuevo capítulo en la batalla por Damfield. El Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, le reclamó a DaviK SA, la desarrolladora del emprendimiento inmobiliario frente al Kentucky, “que proceda a la restitución de las condiciones originales y a la remediación del daño ambiental producido en la fracción de terreno que fue intervenida”.
El reclamo, al que tuvo acceso Rosario3, para que la empresa vuelva a acomodar el terreno para dejarlo como estaba antes de los movimientos de tierra que hizo es la consecuencia procedimental corriente tras el decreto provincial que clausuró y prohibió la concreción de la urbanización. En este contexto se supone que la empresa desarrolladora recurrirá la decisión en línea con lo que viene sosteniendo.
Adicionalmente siempre sobrevuela la idea que el cambio de postura de la provincia sobre la posibilidad de desarrollar ese terreno no puede afectar a los inversores que adquirieron los lotes cuando Santa Fe había dado originalmente el permiso. Una decisión que, según dicen, no solo tuvo razones jurídicas o técnicas sino otros motivos imputables a la anterior gestión que la provincia hizo saber off the récord pero nunca investigó.
Algunos inversores creen que al final del camino será la provincia la que deba repararles el daño que tengan por ese cambio de posición. Todo un escenario que a la fecha no puede adivinarse como terminará todavía. En el caso de Damfield, además, el tiempo apremia, según se expresó el Fiscal de Estado por la amenaza de lluvias hacia fin de año por la llegada de El Niño.
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- Y hablando de urbanizaciones trabadas, hay novedades en lo que respecta a los loteos inconclusos del Grupo Roma. Mientras que los clientes autoconvocados le llevaron sus quejas a diputados provinciales (básicamente de la oposición), que se comprometieron a indagar sobre la situación y darle visibilidad, siguen sintiendo que es muy light la ayuda que reciben desde el gobierno provincial.
Entienden que así como la Provincia fue rápida y contundente para clausurar todos los loteos del Grupo Roma porque no tenían las autorizaciones correspondientes (hídricas, ambientales, de servicios), a la hora de buscar salidas y apurar respuestas todo queda en armado de insípidas reuniones de mediación, como la nueva audiencia de seguimiento proyectada para octubre a la que irán en masa pero con baja expectativa.
A todo esto, el titular del grupo, Pablo Cofano, estuvo llamando a referentes de los autoconvocados (de Comunidad Evolutiva y de Los Naranjos) pidiendo que lo dejen de escrachar con un argumento interesante: por cada escrache en sus oficinas de Puerto Norte tiene que afrontar multas de $1.5M de parte de los administradores del consorcio.
Mientras algún movimiento se percibe en Los Naranjos (con la llegada de caños) ya que allí faltan obras hídricas, en otros barrios como Campo Madero, en los que se necesita elevar torres de la EPE, hay vecinos que esperan un compromiso mayor de la autoridades provinciales y municipales para el armado de un esquema de pago de la obra en la que todos -la empresa, los compradores de lotes, la EPE y la Municipalidad de Ibarlucea, gran responsable por habilitar loteos en cualquier lado- contribuyan.
A todo esto, apareció un interrogante. ¿Estamos frente a un típico esquema Ponzi que se cortó cuando la Provincia le clausuró las obras y la clase media, que era su público, dejó de invertir en loteos? ¿O también hubo desvío del dinero de los ahorristas a otros negocios en el exterior? La pregunta viene a cuento porque hay gente que está empezando a poner la mira en las dos torres que Cofano anunció que invertiría (para terminarlas) en Europa en 2021 y 2022.
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- La crisis del Grupo Roma también empezó a tener rebote entre los corredores inmobiliarios. Y es que se presentaron 10 denuncias al Tribunal de Ética del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Coccir) contra agencias matriculadas que comercializaron los desarrollos de Cofano.
Hasta ahora, con 800 páginas de documentación, se trata de la mayor denuncia por razones éticas presentadas en la entidad colegiada. Esas 10 denuncias se presentaron luego de que las autoridades de la entidad recibieran a unos 40 damnificados.
Allí les explicaron que el Colegio, de encontrar culpables a colegas por vender lotes sin haber hecho la debida diligencia previa de informarse sobre la situación de los terrenos o sin informarle a sus clientes de la situación de los terrenos, los puede sancionar con multas y quita de matrícula, pero que no tiene facultades judiciales para resarcir a los ahorristas afectados como puede tener la Justicia.
Ocurre que Cofano comercializaba sus propios desarrollos con jóvenes vendedores desde su oficina, ninguno matriculado como corredor, pero también recurrió a servicios de inmobiliarias externas.
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- Precisamente, estos temas de loteos irregulares y vendedores de propiedades por parte de no colegiados serán temas centrales del Congreso Inmobiliario de la Provincia de Santa Fe 2026, un evento que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte de Rosario, y que es organizado por COCIR, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe, la Cámara Inmobiliaria Rosario y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Durante el acto de presentación que se hizo esta semana, y del que participaron autoridades municipales, legisladores y referentes de instituciones vinculadas al sector inmobiliario, la presidenta de Coccir, María Cristina Peraccia, destacó el carácter trascendental de esta iniciativa para el sector y remarcó la importancia de generar un ámbito de debate que permita abordar y clarificar algunas de las situaciones más neurálgicas que atraviesa actualmente la actividad inmobiliaria.
Una de las principales características del congreso será justamente su formato de mesas de trabajo, pensado para trabajar de forma directa y presencial cuestiones concretas que atraviesan cotidianamente a la profesión. En ese sentido, habrá dos mesas de trabajo del coloquio que tendrán particular importancia: una sobre regulación y ejercicio profesional titulada ¿Quién puede ejercer el corretaje inmobiliario? Y otra sobre seguridad jurídica y protección del consumidor titulada “Consumidor Inmobiliario: ¿Quién y Cuándo responde?
“La propuesta apunta así a trascender el formato tradicional de un congreso basado exclusivamente en exposiciones, para generar un verdadero espacio de intercambio, discusión y construcción de una agenda institucional propia para la profesión inmobiliaria”, dijo Peraccia.
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- Para cerrar el capítulo inmobiliario, más allá de los casos resonantes que venimos hablando o de Pilay (esta semana hubo una nueva manifestación de los clientes afectados, quienes además están molestos por la poca difusión que le da el Concejo al Registro de Afectados que se puso en marcha en la Oficina de Defensa del Consumidor), lo cierto es que el sector cruje.
Particularmente, en todos los operadores (desde desarrolladores a constructores pasando por corralones y estudios) que trabajan con los segmentos medios y que vienen de años de fuerte expansión. Con costos de la construcción que siguen en alza (duplicando la inflación general, por ejemplo, en insumos como el aluminio), y dólares atesorados que ya no alcanzan como antes para pagar cuotas, escasean los inversores y/o compradores de la clase media.
Entonces, las obras se van parando (o se trabaja al mínimo posible) y la cadena de pagos se tensa, trasladándose demoras en cobros y los cheques rebotados a todos los eslabones. Entonces, las empresas con estructuras más grandes, mayor exposición en la financiación de sus clientes y más cantidad de compromisos adeudados son las que más están sufriendo.
En ese delicado estado de situación, son cada vez más insistente entre operadores del mercado inmobiliario las versiones de crecientes tensiones financieras en una desarrolladora y constructora de las que más vino creciendo en las últimas décadas con mucha presencia en segmentos medios y en la comunicación a la prensa.
Los comentarios de sus empleados y contratistas por el parate de obras y de sus clientes por las demoras en las entregas son las usinas de los rumores que circulan con insistencia desde hace 15 días.
Hay empresarios del rubro que minimizan las versiones y recuerdan que los comentarios sobre su situación financiera son históricos y muchas veces son alentados por competidores celosos. Que la constructora no tenga cheques rechazados y tenga una situación bancaria normal, respalda esa creencia.
Pero otros no duermen sin frazadas porque temen el impacto (y corrida) en todo el sector que puede significar la caída de una de las grandes.
Como sea, en las Charlas de Mercado de este sábado, que podes ver haciendo clic acá, quedó de manifiesto que las empresas pymes están atravesando una situación de iliquidez muy fuerte (por la caída de la actividad y las ventas) que no se condice con su salud económica o patrimonial, que es buena.
“En la actualidad vemos que empresas pyme patrimonialmente fuerte, competitivas, con costos ajustados y negocios viables, están afrontando serios problemas de iliquidez; que producto de la caída del consumo interno atraviesan tensiones financieras”, señalo el consultor Cristian Bergmann.
“No es que las empresas estén mal económicamente. El problema es de liquidez, ya que por las menores ventas se estiró el plazo de pagos y hay más cheques rebotados”, insiste el constructor, quien detalla también la morosidad en las industrias pyme se aceleró. “Ocho de cada 10 morosas eran pagadoras regulares hasta el 2024”, calcula el especialista.
Según Bergmann, “hoy el problema es de cronograma de pagos, no de solvencia”. Y señaló: “las empresas hoy tienen que refinanciar y no encuentran alternativas, lo que estresa aún más sus flujos de caja por los intereses que deben afrontar. y por eso estamos viendo muchos casos de empresas sólidas con problemas financieros”
Y justo cuando las pymes más necesitan el financiamiento de corto plazo se encuentran con que aquellas entidades como la SGR, fundadas precisamente para facilitar el acceso al crédito garantizando préstamos, están más restrictivas para dar avales.
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- Vamos ahora a otro de los temas centrales de este Run Run. Resulta que Esta semana, Eduardo “Nico” Gómez, candidato a intendente de Arroyo Seco en 2023 por el partido Unite, fue imputado por 17 estafas cometidas el año pasado con un perjuicio económico de 37 millones de pesos.
Las maniobras, que perjudicaron a una agencia de viajes, una estación de servicios, un supermercado y la empresa familiar de un funcionario provincial del área de Comercio, fueron explicadas al detalle por el periodista Agustín Lago en Rosario3. ¿Y por qué nos interesa el tema de un simple estafador compulsivo? Por el tipo de estafa que pergeñó para engañar a un importante empresario de logística de la región, cuyo hijo es Director de Inteligencia Comercial del gobierno de Santa Fe, invocando un contacto clave con ni más ni menos que la alta gerencia de Arcor.
Según la denuncia de Alfredo Contini, socio gerente de Digital Insumos, su hijo -Manolo, hoy Director de Inteligencia Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe- conoció en 2021 a Gómez con quien armó un vínculo fluido a raíz de esgrimir su pertenencia al mundo de la logística, como supuesto consultor experto, y también por compartir inquietudes y proyectos políticos al estar ambos vinculados al pensamiento de derecha.
“En 2025, a través de mi hijo Manolo, el señor Gómez viene con una propuesta comercial de participar de un negocio comercial con Arcor SAIC para trasladar contenedores desde la planta de Complejo Arroyito, Córdoba, al puerto de Rosario”, cuenta Contini. Gómez les dijo que había una posibilidad de ofrecer fletes más económicos a la misma y poder ingresar en el esquema de proveedores del grupo ARCOR. ¿Cómo era posible?
“Hizo alarde de supuesto vínculo con la gerente de Comercio Exterior Arcor, a la que hacía referencia como "Romi" y en la que exhibía mediante capturas de pantalla como "Romi Arcor", que según decía, le proponía conseguir nuevos proveedores de logística”, relató Contini.
Tras varias reuniones, pero sin tomar contacto directo con “Romi Arcor”, acuerdan un esquema en el que Gómez se encargaría de organizar las operaciones con los camiones (traslado de los conteiner hacia el puerto de Rosario) y con ARCOR, mientras que Digital Insumos adelantaría los fondos del combustible para los viajes/fletes y la facturación del servicio para después repartir las ganancias.
Si al lector ya le hizo ruido “Romi Arcor”, imagino que -sabiendo cómo terminó todo- le dio un “chucho” leer que la logística tenía que adelantar el dinero. Sigamos: en agosto de 2025 arman un grupo de whatsapp app Contini padre e hijo, ejecutivos de la empresa, y Gómez con una socia de apellido Garrido.
“En el grupo de Whatsapp, el ardid del Sr. Gómez en complicidad con Garrido comienza a desarrollarse, compartiendo una serie de print de pantallas de supuestas conversaciones de whatsapp con la supuesta Romi Arcor y tras un par de días de supuestos ajustes administrativos, alta de proveedores y ajuste de tarifas, el día 13 de agosto de 2025 comienzan las supuestas operaciones”, recuerda el empresario. Un dato no menor: en las capturas de pantalla no se podía ver el número de contacto de “Romi-Arcor”.
El 30 de agosto de ese año, Gómez y Garrido le emiten una factura a Digital Insumos por $2.080.000 equivalente por el traslado de 4 contenedores, que la firma paga inmediatamente. Fue así que los presuntos estafadores empezaron a emitir las facturas -mostrando las capturas de pantallas de los supuestos pedidos de fletes por parte de la firma ARCOR a través "Romi Arcor"- de entre cuatro y seis contenedores por viaje.
A partir de allí emite en agosto 5 facturas por $9.360.000 El 30 de agosto de ese año, dentro del grupo de Whastapp, fue cuando se le indico a la DIGITAL INSUMOS SRL que emita factura a la firma ARCOR por el monto $ 30.600.0000 más IVA. En septiembre, le facturan a Digital Insumos en 10 oportunidades por $20.800.000, que la firma paga al toque, según lo acordado.
Con el correr de los días sin cobrar, habiendo adelantado la plata y emitiendo facturas, Contini padre empieza a quejarse de la falta de liquidación de pagos y Gómez responde que “que el pago de 30 hasta 90 días corridos desde la emisión es algo frecuente y común en el comercio exterior”.
Generando falsas expectativas de cobro, los cuales según sus dichos iban a ser inminentes, Gómez solicita a Digital Insumos un adelanto de $ 4.235.000. para ser imputado al pago de un tercero, el chofer de camión de los utilizados para un servicio de traslado de 4 contenedores, prometiendo el pago de la factura emitida por parte de Arcor para el día 6 de octubre.
“El 17 de octubre, y sin haberse abonado esa factura, Gómez se comunica directamente con mi hijo Manolo Contini, evitando de esta manera de dejar mensajes en el grupo de Whastapp, continuando el ardid no solo de estafar a Digital Insumos sino también con el dolo de evitar dejar evidencias en su contra, para notificar que había recibido una notificación de transferencia programada para el día 22 de octubre del corriente año”, dice el denunciante.
El tema es que el comprobante de transferencia bancaria que envió fue falso y lleno de anomalías, como no contar con las retenciones de impuestos ni comisiones en el supuesto comprobante. “Gómez además de haber llevado a error a la empresa mediante todo el ardid descripto y que se acredita con las capturas de pantallas que se acompañan, adulteró un comprobante de transferencia bancaria. A los cuestionamientos sobre el mismo, se le requirió que nos exhiba el correspondiente comprobante de la orden de pago por parte de Arcor (documento habitual en el que se detallan los ítems a pagar) con lo que Gómez vuelve a maniobras dilatorias sin dar explicaciones concretas al respecto”, agrega el denunciante.
“Fue ahí que decidimos intentar tener un dialogo directo con la firma Arcor, y buscando información, mi hijo Manolo Contini, quien desempeña funciones en la Secretaria de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe como Director de Inteligencia Comercial, encuentra el contacto de Romina Raimondi, quien es gerente de comercio exterior de esa empresa, y que la misma en su momento fue presentada por Gómez el año pasado en una actividad organizada por el gobierno de Santa Fe”, recuerda el empresario estafado. Cuando se la consultan sobre las facturas y los traslados de contenedores al puerto de Rosario, niega rotundamente todas las operaciones y de Gómez solo dice que le habían llegado malos comentarios por sus comportamientos.
Con toda esa información, los Contini confrontan a Gómez, éste comienza con un nuevo relato con confusión de datos, queriendo involucrar a “un tal Sergio”, supuesto encargado de logística quien le habría remitido el comprobante apócrifo. Pero ya estaba todo perdido para el presunto estafador y, tras las denuncias y la imputación de Fiscalía, quedó preso.
No hay dudas que Eduardo “Nico” Gómez es un hábil estafador que se aprovechó de las deficiencias en la inteligencia comercial de la empresa.
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- Cosas llamativas pasan en el comercio exterior local. ¿Se acuerdan del caso del depósito fiscal Transtotal, ubicado en Pérez, en el que Arca encontró a finales de 2023 300 toneladas de maíz almacenadas (unos 8 camiones) que buscaban exportarse a Uruguay sin tener los papeles en orden, tanto de la mercadería como de la empresa vendedora, y -sobre todo- sin tener el depósito fiscal las autorizaciones correspondientes para mover granos?
Bueno, la novedad que trascendió ahora es que la dirección regional de Rosario de ARCA le decomisó y luego le subastó, de manera electrónica por el Banco Ciudad, troncos de madera de la especie palos lanza que Transtotal importó a su cuenta y orden sin tener todos papeles en orden y las autorizaciones correspondientes, operación que les detectó y paró el personal de la Aduana al percatarse de la irregularidad.
Al que le interesan más precisiones, el expediente de Arca es EX-2025-03521851, pero no tiene remate que aun depósito fiscal que tiene la Aduana adentró lo descubren por importaciones irregulares.
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- Hablando de Arca, esta semana fue noticia el informe de la Fundación Apertura que detectó que los embargos a empresas en Rosario crecieron un 56% en el año y que tres de cada cuatro afectan a micro pymes. El informe, sobre un tema que genera mucha preocupación en las pymes, aporta muchos datos, por ejemplo, sobre la evolución de la cantidad de embargos desde 2021, la afectación por tamaño de empresa, la duración de las sanciones, la periodicidad de las cautelares, etc.
Todos datos sobre lo que pasa en Rosario con una problemática sensible. Precisamente, esos eran los datos que la Red de Entidades por la Producción de Rosario (de la que es parte la Fundación Apertura) fueron a buscar en julio a la reunión que pidieron con las autoridades regionales.
El interés, además de acercar propuestas para enfrentar el tema, era tener datos que confirmen o desmientan la preocupación que había “en la calle” con el tema de los embargos. Encuentro del que se fueron con las manos vacías con la ya clásica respuesta de los sabuesos locales que ellos no manejaban ni podían dar esos datos por razones de secreto fiscal, pese a que no se les pedía identidades.
Fue así que el titular de la Apertura, Cristian Bergmann, les presentó apenas unos días después del encuentro un pedido de Acceso a la Información Pública y Arca le respondió al poco tiempo todos los datos requeridos. La información estaba. Los funcionarios locales solo tenían que tener buena voluntad, ganas de trabajar y hacerse un tiempo. Total muy buenos sueldos ya cobran.
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- Hablando de temas judiciales, esta semana la Cámara de Apelación de Rafaela rechazó los pedidos de nulidad de la subasta de activos de la quebrada láctea Sancor y resolvió mantener el esquema general de la licitación, aunque hizo algunos cambios para precisar condiciones y evitar nuevas dilaciones.
La primera interpretación que se hizo en los medios fue que se destrabó todo y ahora la subasta acelerará. Pero esa consecuencia parece ser relativa porque para la nueva licitación se pusieron muchos pasos y requerimientos para cumplir que llevarán su tiempo, aun transitando el proceso sin nuevas dilaciones.
Pero lo más importante de la resolución de la Cámara es el contundente mensaje que envía al juez de la quiebra, Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rafaela. ¿Qué le dijo? Que no puede basarse en informes, como venía haciendo, de solo algunos de los síndicos, sino que debe esperar a que la Sindicatura, como órgano colegiado, tome una decisión.
En el apuro por subastar los activos (una decisión cuyas razones nunca quedaron claras), Gelcich tomó decisiones en base que no tenían consensos entre los síndicos, una de las causas por las que tuvo que intervenir la Cámara ante la protesta de interesados por los activos de la láctea.
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- Vayamos ahora de Sancor al Puerto de Rosario. Algo más vamos a agregar luego sobre todo lo ventilado por los fiscales federales sobre lo que ocurrió en el pasado con Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de los muelles I y II, y que podes leer en detalle haciendo clica acá. Pero antes vamos a poner el foco en el presente y en el futuro porque esta semana el gobierno provincial dio una señal importante.
Repasemos: como venimos sosteniendo, todos los problemas tienen raíz en una característica fundacional de la empresa: su opacidad sobre las tenencias accionarias y los reales dueños, su gaseosa institucionalidad y los permanentes cambios en la titularidad de las acciones que parecen siempre estar en el fleje de la legalidad.
También insistimos que el principal desafío que tiene el gobierno de Maximiliano Pullaro, si quiere extenderle la concesión a la firma que llegó en aquel 2002, no es sólo conseguir millonarios compromisos de inversión que la conviertan en una terminal de punta, sino también garantizar la estructuración de una empresa concesionaria de base patrimonial real y transparencia accionaria (aprovechando que todos los personajes del oscuro pasado ya no están) ya que es imprescindible una plataforma institucional para el desarrollo.
En efecto, tras un inicio a cara de perro y dientes apretados, el gobierno provincial y TPR alcanzaron un entendimiento sincero y la empresa concesionaria se puso al día con sus obligaciones contractuales activando una millonaria inversión en los muelles que hacían décadas cuya infraestructura no se intervenía.
Ese acercamiento, que también incluyó un muy buen feeling entre el gobernador Maximiano Pullaro y el presidente del grupo Ultramar, Richard Von Appen, es la base para las conversaciones de cara a la extensión contractual, negociaciones que la Provincia no apura ya que la concesión se vence recién en 2032.
Y en el contexto en el que se ventilaban diariamente en la prensa las presuntas maniobras de lavado de los anteriores dueños de TPR, fue que el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, convocó a empresarios y organizaciones técnicas a una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario para definir un posicionamiento conjunto santafesino para aprovechar la licitación del Belgrano Cargas lanzada por el gobierno y poner en agenda nacional las necesarias obras de accesos ferroviarios al complejo portuario santafesino.
Fue ahí que el ministro no sólo convocó al CEO de TPR, Aldo Signorelli Bonomo, para que exprese su postura operativa sobre el tema, sino que invitó al directorio en pleno de la empresa para que esté presente en el encuentro con el gobierno en la Bolsa. Todos los directores de la firma asistieron a la reunión, y por más que la voz cantante la tuvo el CEO, compartieron espacios y fotos con Puccini, un gesto de acercamiento institucional entre el gobierno provincial y la empresa concesionaria que no pasó desapercibido y que muestra que el entendimiento alcanzado sigue firme.
Además, del discurso de Signorelli Bonomo sobre la postura de la empresa en lo que hace a la necesidad de mayor infraestructura ferroviaria y los planes de la empresa (como la construcción de una zona de actividad logísticas para la minería y los hidrocarburos en un terreno de Alvear), lo que no pasó desapercibido cuando se refirió a la concesionaria como la “Nueva” Terminal Puerto Rosario.
Así como uno de los accionistas de TPR que es Vicentín ahora en manos del grupo Grassi se rebautizó como “Nueva Vicentín Argentina”, se está empezando a hablar de la “Nueva Terminal Puerto Rosario”
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- Una cuestión vinculada a las investigaciones sobre el pasado de TPR, sobre las cuales ya nos explayamos la semana pasada y podés revisar haciendo clic acá, que sí podemos agregar es la siguiente: ¿Por qué aparecen ahora investigaciones, iniciadas hace una década, sobre maniobras que se hicieron entre 2002 y 2012?
Y es que el histórico manejo poco transparente de la Justicia Federal en Rosario, y las fuertes internas que lo cruzan desde lo más alto en la Corte pero que se disputan en todos los terrenos, provocó la costumbre de tener que preguntarse quién y por qué motoriza tal o cual expediente.
Hay varias hipótesis que circulan por los pasillos:
x) Una es que hubo movimientos recientes de bienes de la familia Shanahan que mostraron que la causa seguía viva.
x) Otra la enmarca como parte de la cruzada de los “nuevos tiempos de la Justicia federal” para limpiar la Justicia federal rosarina y reactivar investigaciones que los magistrados tuvieron paradas, como quedó demostrado en el caso del destituido juez Marcelo Bailaque.
x) Pero este caso no se ajusta a este último argumento. Resulta que las investigaciones en TPR no las tenía ni Bailaque ni Gastón Salmain, ambos muy complicados, sino que estaban en el juzgado de Carlos Alberto Vera Barros. Pero la investigación de esta esta causa, como lo habilitaba en el viejo sistema inquisitivo de la administración federal, no estaba en cabeza del juez, sino que Vera Barrios la había delegado a los fiscales del momento. Así que si alguien le hizo “el noni-noni” al expediente, vendría por el lado de los fiscales.
x) Es un tiro por elevación para otros actores empresarios de la región que ya están fichados en las carpetas de los fiscales en otras causas.
x) También están los que dicen que habiendo un cuerpo de casi 30 fiscales federales asignados en la zona, más vale que el personal se muestre bien activo. Y una causa rutilante como la del puerto con tantos protagonistas estelares vaya que generó exposición mediática y sirve para construir una nueva imagen de la Justicia federal en la ciudad.
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- Volvamos a la reunión que convocó la Provincia en la Bolsa por el tema del ferrocarril. Como la administración del gobierno santafesino estuvo centrada (y bien que lo hizo) en los juegos Sudamericanos, el encuentro entre funcionarios y empresarios -que fue importante- no tuvo la trascendencia en los medios. Pero tiene temas a destacar.
Es que el gobierno provincial -con las limitaciones sobre lo que puede hacer en materia ferroviaria nacional- escuchó todos los puntos de vista de los privados y de los equipos universitarios para estar al tanto de las necesidades y los intereses regionales para el desarrollo. Apareció ahí la cuestión central de la privatización del Belgrano y la necesidad de que haya un lobby santafesino en favor de la inversión nacional en accesos ferroviarios a los puertos de la provincia.
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- Y sobre la Bolsa de Comercio, en concreto, se realizó esta semana un encuentro trascendental por sus implicancias. Y es que la principal entidad empresaria de la provincia (y del interior del país), tradicionalmente identificada con los granos y los valores, apuesta también a convertirse en interlocutor oficial con Nación, las provincias y los empresarios de la cordillera y puente institucional para la integración con la economía (y las empresas) de la región centro.
Esta semana, la Bolsa de Rosario mantuvo una reunión con autoridades nacionales del área de Minería, representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, A3 Mercados, ROSFID, Mercado Argentino de Valores, ENAPRO, el Ministerio de Producción de Santa Fe y la Secretaría de Desarrollo Industrial de Santa Fe, en una instancia orientada a intercambiar miradas sobre el desarrollo del sector y su vinculación con los mercados.
Durante la reunión se abordaron temas relacionados con infraestructura y logística para el desarrollo de la actividad minera, su vinculación con el entramado productivo regional, herramientas de financiamiento para empresas y proveedores de la cadena de valor y el aporte del Tribunal de Arbitraje General de la BCR para la resolución de controversias, entre otros temas de agenda.
La institucionalidad público/privado, puente para el desarrollo. Es por ahí
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- Y, finalmente, vaya que la estructuración de objetivos entre gobiernos (de distintos sentidos) y el sector privado aporta resultados en favor del crecimiento. Un caso es el de los Juegos Sudamericanos, que se realizan en la provincia.
Más allá de que pueda resultar cansadora la apabullante repetición publicitaria y el aprovechamiento electoral de su realización (cosa que está bien porque son las reglas del juego), no quedan dudas del efecto positivo para la economía.
Si te interesa profundizar en datos, en Rosario3 se pueden ver muchas notas con los números positivos y balances favorables para los distintos rubros. En los últimos días, los principales referentes del comercio, la hotelería y la gastronomía hicieron declaraciones a la prensa contando en primera persona el resultado positivo y estimulante para sus economías de la realización de los Juegos.
“Parecía que estamos en Vaca Muerta”, decían. Pero también tuvo un impacto muy positivo en la industria. Por ejemplo, días atrás en un piki piki de presentación de nuevos productos, Marcelo Mariettra, el director de Ventas de la fábrica plástica conocida por la marca Voss 2000 instalada en Villa Gobernador Gálvez, contaba lo provechoso que había sido la participación de la empresa en los Juegos ya que fabricaron todas las butacas de los nuevos estadios y también colocaron las sillas (y parte del mobiliario) de la Villa Olímpica de Rosario.
¡Que la fiesta no termine!