Calibración precisa.
Buena parte del “run run” de este domingo tendrá como hilo conductor el desafío que tienen los actores económicos y los decisores políticos de lograr un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo y pueda seguir pasando con la marcha de la economía.
Reducir la compleja situación actual a una lucha ideológica a favor o en contra del modelo, o moverse solo sobre la base de intereses preelectorales, puede arrojar un análisis desajustado que oriente malas decisiones.
Con solo darle un primer vistazo, aparece que la quiebra de Sancor y las crisis en lácteos Verónica y en Vassalli, por nombrar algunos casos de los más resonantes, son de larga data y no guardan relación directa con el actual modelo económico. Pero, lejos de los casos mediáticos, es palpable la tensión reinante en fábricas y comercios atados al consumo interno.
Ahora, sobre la base de un innegable y fuerte bajón en el consumo interno, ¿hay sectores ganadores y otros perdedores en este modelo económico o es que hay empresas ganadoras o perdedoras con independencia del rubro porque la llave está en las decisiones que se toman puertas adentro? ¿Quiénes están perdiendo (empresa o sector) se lo deben al modelo por su ADN o por sus promesas incumplidas, como la baja de la carga impositiva nacional?
Por ejemplo, ¿una empresa que le vende equipos a las constructoras sobrevuela el default por la combinación de la menor demanda y la competencia de la importación o porque su modelo de ingresos históricamente se basó en el canje de sus productos por propiedades (muchas en el exterior, que puso en cabeza de sus socios y no de la empresa), pero ahora que se debe capitalizar la empresa para mantenerla a flote los dueños no quieren desprenderse de sus departamentos en Miami?
¿Los incumplimientos que tanto se están registrando por estos días en los plazos de entrega de propiedades por parte de desarrolladores inmobiliarios (ya sean departamentos o lotes) se deben al bajón abrupto de las ventas o a que los modelos de negocios no tenían bases sólidas, se pasaron de rosca con la expansión y no tenían la profesionalidad necesaria para gestionarlo?
¿Una industria del cordón que desde 2024 está en plena lucha cuerpo a cuerpo contra la baja del consumo y las importaciones chinas arranca ahora un fuerte plan de ajuste que venía evitando vía retiros voluntarios porque la situación económica no da para más o porque sorpresivos y costosos paros en reclamo de aumentos salariales por encima de la paritaria que se decidieron en asambleas arengadas por las comisiones internas (sin aval y sin apoyo del sindicato) provocaron que se rompiera la relación con los dueños?
Todos estos ejemplos son reales y actuales.
Visto desde otro ángulo: ¿Cuantas empresas cuyas ventas no paran de caer estrepitosamente vienen demorando la convocatoria de acreedores porque sus fundadores están dispuestos a dar pelea hasta el final por una cuestión de honor? ¿Cuántas fábricas que arrastran pérdidas desde hace tres años siguen en pie en la actualidad porque sus dueños vienen poniendo plata de su bolsillo por el compromiso con su gente y el ADN de los industriales de buena fe?
Ambos ejemplos son reales y actuales.
Finalmente, ¿Cuánto del cierre de locales, muy visibles en el centro de la ciudad, se debe a la fuerte caída de las ventas y cuánto al profundo cambio en los patrones del consumo que vuelven ineficiente y costoso tener locales que pagan alquileres altos, ya que si hay algo que viene creciendo de manera sostenida es la venta online, y no solo de plataformas extranjeras?
El debate está abierto en todos los círculos empresariales. Y es probable que a las respuestas haya que buscarlas caso por caso. Heterogeneidad.
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- Y si hablamos de comercios, y la necesidad de ponerle la lupa, aparece el caso de La Favorita. De arranque, hay realidades innegables como el bajón del consumo y el estado del centro. También, hay que admitirlo, la oferta comercial no terminó de convencer al segmento medio rosarino (en parte por diseño, en parte porque no había en el interior una propuesta que ya no se encontrara en la cercanía), aunque hay que recordar la patriada que fue reabrir el histórico edificio con lo que había disponible en la economía pospandemia.
La situación entre los propietarios y el desarrollador no es la mejor. Y se puede seguir tensionando. En el fideicomiso formado por la familia García sostienen que se están registrando incumplimientos en los compromisos de pago y hasta estuvieron avisando que se preparan para ejecutar las garantías dejadas en caución si no se regularizan los pagos. Y no ocultan la preocupación por las marcas que no renuevan contrato de locación. Y, en materia de renovaciones, este mes es decisivo para La Favorita: en mayo se vencen unos 15 contratos.
Pero del lado del desarrollador aportan otra mirada. Lo que le complica la renovación es que los propietarios del inmueble no le están firmando a ellos la renovación del contrato como explotadores comerciales que vence a mediados del 2027. Con ese horizonte tan corto, aseguran, es muy difícil conseguir locatarios que le firmen su estadía por año o año y medio.
Ese ruido —sumado a que el inmueble está a la venta (lo de los chinos, como adelantamos, no prosperó porque el fideicomiso dijo que era muy mala la oferta para una familia que no va a regalar un peso del inmueble y con muchos integrantes, algunos de avanzada edad, que no quieren pagos a largo plazo)— es lo que dificulta la reactivación comercial de La Favorita.
Y si de incumplimientos se trata, en la desarrolladora comercial —a cargo de Guillermo Nudemberg— sostienen que los que están en falta son los propietarios. ¿Un ejemplo? Hay una escalera mecánica dañada que, dicen, es un problema estructural del inmueble por lo que debería ser afrontado por el fideicomiso y no por el locatario. Es más, la desarrolladora no está dispuesta a afrontar su reparación porque con un año y medio de contrato, calcula, no le alcanza para amortizar semejante gasto. Y no es la única discusión de ese estilo.
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- Otro tema de la coyuntura que aparece cruzado por tensiones que exceden la temática en cuestión es el debate por la planificación urbana de la ciudad, sobre todo en materia patrimonial. ¿Cuánto del choque de posturas tiene raíz técnica y profesional y cuánto está inspirado solamente en la carrera electoral del año que viene para ver quién llega al Palacio de los Leones?
Por ejemplo, la conducción del Colegio de Arquitectos (salvo por un pedido para que le resuelvan un trámite personal que su titular, Rubén Palumbo, encaró aprovechando la primera reunión protocolar con Eduardo Bressan apenas asumió en Planeamiento) se convirtió en un actor decididamente político opositor aliado a Ciudad Futura y el kirchnerismo.
Es más, el socialismo (culposamente callado en este debate porque se siente heredero de las normas urbanísticas que la actual gestión está desarmando) encontró allí una válvula de escape para expresar lo que sería difícil de decir públicamente al estar dentro de la alianza electoral de Unidos.
¿Y por el lado de la Municipalidad? Por más que digan que el tema venía siendo estudiado desde hace largo tiempo y que recién ahora por la autonomía municipal pueden aplicarlo, a nadie convencen cuando dicen que no fue por una vendetta política contra el Colegio de Arquitectos que días atrás decretaron dejar de exigir los pagos al día de los aportes a la Caja de Jubilaciones conjunta de Ingenieros y Arquitectos para tramitar un permiso y un final de obra; decisión que pone en jaque a todo un sistema previsional y asistencial.
Es que la Caja —que tiene 20.000 profesionales, 2.000 jubilados y 9.000 abonados a la obra social— se financia con aportes profesionales. El 50 % de sus recursos proviene de los aportes vinculados a permisos de edificación, lo que dimensiona el impacto directo que esta medida tiene sobre el sistema por la evasión y el retraso en los pagos que generaría.
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- Sobre el tema de la Caja de Ingenieros, esta semana será de alta tensión. Luego de una primera gestión con Bressan que no arrojó un entendimiento, sus autoridades —indignadas por la medida que caracterizan de inconsulta y de poner en jaque a todo el sistema— pidieron una audiencia con el intendente Pablo Javkin, que se agendó para el martes, para buscar una salida negociada.
Pero el viernes ocurrió algo que alteró el plan: con bombos y platillos la comuna de Ibarlucea anunció la misma medida y con el mismo argumento: abaratar y facilitar las gestiones para la realización de obras privadas. Ante el temor de un “efecto contagio” que se expanda rápidamente, la Caja no va a esperar hasta la reunión del martes con Javkin.
En efecto, según le anticiparon a Rosario3, el lunes temprano van a presentar formalmente en la Municipalidad un pedido administrativo para que se retrotraiga inmediatamente el decreto. Y si en la reunión del martes Javkin no les anuncia que deroga el decreto, a la salida del encuentro van directo a Tribunales para pedir su inconstitucionalidad junto con una medida cautelar. No van solos a la batalla; tanto el reclamo administrativo como la avanzada judicial llevan la firma de la Caja que tiene base en la ciudad de Santa Fe.
Javkin llega esta noche a Rosario de un congreso en Madrid y cuando el lunes se reúna con su secretario de Gobierno, Sebastián Chale, este tema tendrá un lugar en la agenda. Chale lo recibirá tras haber recolectado el apoyo de todo el sector empresario (Cámara de la Construcción, Asociación de Empresarios de la Vivienda y Cámara de Urbanizadores) y convencido de que les sobran argumentos para la batalla normativa.
Y hay un dato que no les pasa desapercibido: tanto descansaba la Caja en el “poder de policía” que les prestaba gratis la Municipalidad que la entidad ni tiene área jurídica para gestionar y reclamar pagos a sus afiliados.
Por el contrario, en la Caja confían en que el decreto de Javkin no aguantará ni un round en la Justicia porque va en contra de dos leyes provinciales (la 4.889 y la 6.729) que obligan a los entes públicos a exigir el aporte previsional. “Creemos que estuvieron mal asesorados. Quisieron ir contra los Colegios Profesionales y se equivocaron en involucrar a la Caja”, le dijo a Rosario3 el presidente de la entidad, Germán Picarelli.
Habiendo un decreto ya vigente desde la semana pasada, dar marcha atrás supone un costo político importante para la Intendencia: ¿encontrar una re-redacción aclaratoria que solo incluya la no obligatoriedad de la presentación de aportes a colegios puede ser una salida?
El reclamo de base de la Caja tiene puntos fuertes: muestran que el trámite solo representa el 0.6 % del costo de una obra y que su gestión se cierra en unas 48 horas. Otros argumentos, en cambio, son debatibles (¿por qué no gestionan su cobro de manera privada?) pero, de última, en ese punto tienen dos leyes provinciales a su favor, según insisten desde la entidad.
Pero hay también una falacia en la batalla pública que salieron a dar la Caja y los colegios, sobre todo por redes sociales, cuando dicen que la Municipalidad deja de exigir profesionales matriculados y eso afectaría la seguridad de la construcción.
Es que lo que la Intendencia deja de exigir para otorgar un permiso o final de obra es que el profesional firmante tenga los aportes jubilatorios al día con la Caja. La exigencia del profesional con la Caja, según la Intendencia, es una cuestión a resolver entre ellos.
Eso es una deliberada mentira, una falacia muy riesgosa y plausible de reclamos judiciales, que también muestra cómo la política metió la cola (en ambos lados).
Y en tiempos en los que todo está muy fino, como los márgenes, y un costo no bien previsto puede sacar a una empresa del juego (atención con el tema del gas en las industrias, si bien el invierno no promete ser duro), tener el diagnóstico acertado, y despolitizado, puede significar que una empresa pueda contar o no la historia