- “Así como lo estás proponiendo, es inaplicable”. Con esa sentencia los recibió el juez de la Corte Suprema, Ruben Weder, a los senadores provinciales que el jueves por la mañana se reunieron con los cortesanos para analizar los cambios al Código de Procedimiento Laboral, modificaciones normativas con las que el gobierno busca cerrarle una de las puertas de ingreso que entiende tiene la “industria del juicio” por accidentes y enfermedades laborales.
Recién habían terminado de sentarse los asistentes, algo incómodos por la disposición apretada y lejos de la mesa que se había dispuesto tal como se puede ver en la foto, y ya los miembros del máximo tribunal habían dejado bien clara su oposición al proyecto que tenía el OK de Diputados y que el oficialismo buscaba que esa tarde apruebe el Senado.
Sobre las palabras de Weder, y como para que no queden dudas del rechazo a las modificaciones, se sumó con contundencia el juez Roberto Falistocco diciendo que “lo que se necesita son más jueces, no más peritos”. La lectura del cortesano tenía un argumento sólido en números: cada juzgado laboral de Rosario recibe unas 2.500 causas al año. Una avalancha.
Mientras que el corazón del proyecto de ley es la creación de un amplio cuerpo especial de peritos oficiales que actúen directamente sobre las causas, la Corte prefería que los casos sigan siendo atendidos por los peritos elegidos por sorteo de la lista, quedando los oficiales como auditores; como establece por ejemplo el sistema de Mendoza.
Y en la diferencia entre ambos grupos está el centro de la problemática: mientras que los peritos oficiales —ahora hay solo tres que acaban de ser nombrados— cobran un sueldo judicial, los peritos de la lista que son elegidos por sorteo por cada caso cobran honorarios en base a la magnitud del incidente; a más gravedad, mejor retribución. Y para el gobierno provincial, esa forma de cobro —toda una invitación a agravar el perjuicio que tuvo el trabajador— es un resquicio normativo que aprovechan “los caranchos” para filtrarse y hacer así florecer “la industria del juicio”.
Por el lado de los legisladores, estaban Felipe Michlig, Pablo Verdecchia, Alcides Calvo, Leticia Di Gregorio, Rodrigo Borla, Esteban Motta, Armando Traferri, Ciro Seisas, Leonardo Diana, Germán Giaccomino y Eduardo Rosconi. Los acompañaban los diputados José Corral y Martín Rosúa por ser los autores de la norma que se estaba debatiendo.
Los legisladores no se achicaron. Y contraatacaron mostrando que, precisamente, en Mendoza los peritos oficiales detectan que los incidentes que analizan están inflados y por eso evalúan ahora en su Corte Suprema ir hacia un modelo similar al que se propone Santa Fe.
El encuentro transcurrió así golpe a golpe entre las partes, hasta que empezó a quedar visible una diferencia entre los cortesanos que permitió acercar algo los planteos y terminar el encuentro con una suerte de entendimiento, bastante a regañadientes, pero acuerdo al fin.
Es que a la visión más conservadora, con Weder a la cabeza, que proponía sumar jueces ante la avalancha de expedientes, otros cortesanos, como Daniel Erbetta y Jorge Baclini, entendían que habiendo excesos de juicios la solución no era seguir cargando al sistema sino buscar cómo resolver el problema.
Lo que no se puso sobre la mesa —en una clara señal de que no está cerrado técnicamente y menos consensuado hacia el interior del Tribunal— es la modificación que evalúa la jueza Margarita Zabalza de ir en el fuero laboral a un sistema similar al penal, con un Colegio de Jueces y máxima oralidad en los trámites, que es visto como una solución más integral al problema que el cambio solo en el Código de Procedimiento.
¿Qué se acordó finalmente? La Corte dejó en claro que no le termina de cerrar la alternativa, pero terminó no oponiéndose a su aprobación legislativa —como ocurriría por la tarde y por unanimidad en el Senado— quedando abierta una mesa de seguimiento durante el año de transición dispuesta para ir evaluando en detalle su puesta en marcha.
Eso sí, rápido de reflejos, el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, le sacó un compromiso a los legisladores: tener más intervención en los temas legislativos que tengan que ver con la Justicia, como las reformas que se vienen en el código procesal civil y comercial y en el contencioso administrativo; este último una gran batalla ya que, a fin de cuentas, se trata —dicho simple— de las formas en las que el ciudadano le puede hacer reclamos al Estado.
En este tema, que asoma ya como la próxima gran batalla, también vuelven a aparecer dos visiones sobre el sistema. Y fue el propio Weder quien, como exponente de esa visión más conservadora, ya les anticipó —cuando se estaba terminando el encuentro— su oposición a ir hacia un sistema de Colegio Único de Jueces y audiencias virtuales, defendiendo el criterio actual frente a lo que considera es un intento de “desterritorializar” el sistema.
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- La aprobación del cambio laboral fue saludada por la “La Red de Instituciones por la Producción de Rosario”, que integran Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura.
“La reforma aprobada responde a una demanda estructural del sector productivo: reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa, sin resignar en ningún caso la tutela genuina de los derechos de los trabajadores. El nuevo marco otorga previsibilidad jurídica, establece reglas más claras y proporcionales, y elimina los incentivos perversos que convirtieron al proceso laboral santafesino en un factor de riesgo sistémico para quienes producen, invierten y generan empleo en la región”, concluyeron.
Y no es para menos, ya que es récord la litigiosidad laboral en el fuero laboral local, como vamos a contar en el próximo punto de este Run Run con un caso de esta semana que hasta disparó una denuncia contra un estudio jurídico de la ciudad.
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- “Hola, buenas, buscaba a XXX, es para ofrecerle una junta médica por incapacidad (desgaste físico) con la ART por los años trabajados en la constructora XXXX. Tenemos varios clientes de la empresa en el estudio, tiene hasta 2 años para reclamar el cobro de la indemnización, no debe pagar nada por adelantado. Si está interesado le dejo un audio explicativo. ¿Si es familiar o conocido podrá pasarle el mensaje o decirle que se contacte? Gracias”.
Eso decía el WhatsApp que, de la nada, le cayó al empleado de la constructora aludida. ¿Quién lo enviaba? Era enviado por el estudio jurídico Nani, con sede en calle Italia 587.
No conforme con el primer mensaje, luego le llega un “audio explicativo” el cual reza: “Hola Horacio, cómo andas, buen día. Te dejo todos los datos y si querés acordamos para mañana o cuando te quede más cómodo, normalmente en este rubro se reclama la espalda, la cintura, los brazos, pero puede haber otras lesiones, te dejo todo y si querés coordinamos en la semana”.
Alertada la constructora, y con el patrocinio del abogado Diego Martín Bálsamo, la empresa presentó una denuncia en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados contra los abogados Luciano Nani y Graciela Nani solicitando se apliquen los apercibimientos y/o multas y/o sanción disciplinaria porque, entienden, sus formas no se condicen con las conductas que deben desplegar los profesionales del derecho.
“Las conductas desplegadas por los profesionales del estudio Jurídico Nani violaron la norma ética ‘FORMACIÓN DE LA CLIENTELA’ la cual reza: ‘El abogado debe evitar escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de la clientela, absteniéndose de toda publicidad sospechosa o excesiva. Es indecoroso todo procedimiento para conseguir clientes mediante agentes o corredores, participaciones en los honorarios o asociaciones de cualquier índole’”, denuncian.
“En el caso de marras el estudio jurídico Nani opera de esta manera, tratando de captar escrupulosamente clientes mediante mensajes de WhatsApp a compañeros de trabajo de clientes que llegan a su estudio. El proceder del estudio jurídico Nani menoscaba el decoro profesional, generando así un perjuicio y desconfianza en la sociedad toda, como así también es considerada una falta disciplinaria violatoria de lo dispuesto en el art. 311 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, el cual reza: ‘Se considerará falta sujeta a la jurisdicción disciplinaria de su respectivo Colegio, sin perjuicio de las sanciones que por los mismos hechos pudieren aplicar el fuero penal y los jueces en general por razones disciplinarias, toda inconducta grave que afecte el decoro de la profesión y toda violación de un principio de ética profesional, y cualquier incumplimiento por parte del afiliado de las obligaciones contempladas en las leyes y reglamentos’”, agregan los denunciantes.
Presentada la denuncia, será el turno del descargo del abogado señalado y la sanción final del Colegio de Abogados. De lo que no cabe duda es que, entre todos los problemas económicos que afrontan hoy las empresas en Santa Fe, además deben preocuparse de “los caranchos”.
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Ya vamos a seguir con los colegios profesionales, pero antes una parada con una noticia que seguro impactará: Amoblamientos Reno prepara su convocatoria de acreedores. Al menos ese es el dato que manejan en el gobierno provincial, que ya fueron alertados.
En rigor, desde mediados del año pasado que la industria -muy competitiva y muy equipada- viene a los tumbos en fuerte ajuste, recorriendo oficinas públicas en busca de ayida. Si bien la caída del consumo y el aumento de las importaciones explican la caída, impacta también cuestiones internas: con una nueva generación a cargo.
Lo cierto es que -por más que el management tenga su cuota de responsabilidad- que una industria emblemática de la provincia (y líder de su sector) vaya a convocatoria es una clara muestra de el mal momento que atraviesa el consumo y el comercio por la caída del poder adquisitivo de los salarios.
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- Ya que hablamos de Colegios profesionales, vamos por las Cajas Previsionales. Y vaya que hubo novedades esta semana. Y es que la Municipalidad decretó que se retira como el “agente de control” que en la práctica era de los aportes que arquitectos e ingenieros realizan a su caja previsional que comparten.
En concreto, la Municipalidad deja de exigir el pago de los aportes previsionales a los profesionales que van a pedir el permiso de obra y el final de obra, como pasa hasta ahora. Obviamente, los profesionales tienen que seguir haciendo sus aportes, pero será la Caja la que deberá hacer las gestiones de cobro, una tarea que hasta ahora cumplía, de manera indirecta, la Intendencia. Insistimos, el problema no lo tendrán tanto los Colegios, sino la Caja que se quedó sin el servicio de “agente de cumplimiento” que tenía de arriba.
En rigor, el plafón normativo para que la Municipalidad tome esa decisión está vigente desde hace tiempo. Incluso, de una mirada bien fina, surge que el pedido de ese aporte no guarda relación con las exigencias (constructivas, de higiene y seguridad) que tiene que tener un proyecto para conseguir un permiso de obra y un final de obra. Ahora bien: ¿por qué se toma la decisión, que se venía venir, justo en este momento, no antes y no después?
No hay duda alguna de que se trata de una “devolución de gentilezas” del intendente Pablo Javkin al Colegio de Arquitectos, en la figura de su delegado local Rubén Palumbo, por lo que entienden es una permanente oposición política de un grupo de “socialistas nostálgicos”, como los catalogan, que trabaja en sintonía con la agrupación Ciudad Futura.
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- Sobre Palumbo, el presidente de la Cámara de la Construcción de Rosario, Mariano Schor, se quejó en una entrevista en Radio 2 de que ahora se presenta como defensor del patrimonio urbano, cuando durante su gestión en la Secretaría de Planeamiento se autorizó la demolición del Palacio Tiscornia para hacer una playa de estacionamiento, lo que lo habría eyectado del cargo en el gobierno de Hermes Binner.
También cargó contra el arquitecto se pronunció el ex concejal Carlos Cardoso, quien aseguró que Palumbo oficio, en tiempos de Miguel Lifschitz, al mismo tiempo de asesor de la Municipalidad en el cambio normativo para Puerto Norte y de asesor de uno de los desarrolladores privados con intereses en esa zona.
Lo que nosotros queremos aportar ahora es otro dato: Palumbo fue el secretario de Planeamiento que había avalado a los hermanos financistas Whpei el negocio de montar un hipermercado Carrefour en terrenos portuarios que por aquel entonces pertenecían a Carlos Sergi, iniciativa que al final no prosperó por el escándalo que suponía armar un establecimiento comercial en terrenos portuarios.
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- Como no podía ser de otra forma, la noticia cayó como una boma en la Caja. Muchos se desayunaron con el tema al ver las notas en la presna del viernes, y a última hora había contactos entre autoridades para armar un plan de acción. Estaba previstas pedido de audiencias a las autoridades municipales y había mucho malestar entre ingenieros que le pasaban factura a los directivos del Colegio de Arquitectos por la batalla política que emprendieron de la que nada tienen que ver como profesionales.
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- A todo esto, el decreto de la Municipalidad fue celebrado por el empresariado. La Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe manifestó ya el sábado su posición favorable respecto del reciente decreto municipal que dispone dejar sin efecto el control de los aportes profesionales como condición para el otorgamiento de permisos de edificación.
“Consideramos que esta medida representa un avance concreto en la modernización de los procesos administrativos y en la mejora de la eficiencia del sistema, en un contexto en el que resulta imprescindible dotar de mayor dinamismo y previsibilidad a la actividad productiva. Entendemos que el control del cumplimiento de los aportes profesionales corresponde al ámbito específico de los colegios y cajas profesionales, instituciones que cuentan con las herramientas técnicas y legales adecuadas para su fiscalización”, sostuvieron.
“La intervención municipal en esta materia implicaba una superposición de funciones que no aportaba valor al control efectivo, pero sí generaba demoras en la tramitación de los permisos, afectando los tiempos de desarrollo de los proyectos. La eliminación de este requisito permite simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo cargas burocráticas y facilitando el inicio de las obras. Esto se traduce en una mejora sustancial en los plazos de aprobación de proyectos, una reducción de costos indirectos y una mayor previsibilidad para quienes invierten y planifican desarrollos en la ciudad”, concluyó la entidad.
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- Que el comunicado de la AEV se difunda el sábado, a un día de la difusión de la sanción del decreto, muestra que al empresariado le llegó el mensaje del intendente Pablo Javkin.
Resulta que el lunes, en un foro de la construcción del que hablaremos más adelante, el jefe comunal le pidió al empresariado que lo acompañe en las batallas públicas contra quienes se resisten a la adecuación de las normativas para construir que viene llevando adelante su gestión, casi a pedido de los propios hombres de negocios, y que enfrenta el rechazo de quienes bautizó como “los defensores de las ruinas”.
A diferencia de los constructores de obra pública, que por la naturaleza de su negocio de contratista estatal entienden muy bien los juegos y tiempos de la política, los desarrolladores de obras privadas siempre buscaron tomar distancia de esa exposición pública, limitando su relación con el Estado a todo lo referente a trámites de habilitación y excepciones.
Pero esa actitud a veces decepciona en el Palacio Municipal, ya que entienden que los empresarios solo se enfocan en sus negocios y no acompañan en la discusión pública la batalla por los cambios normativos encarados, que fueron dejando sin efecto el código urbano heredado de la gestión socialista, al que acusan de haber puesto demasiados límites y exigencias que complicaron la actividad y apuntalaron la salida de inversores de la ciudad.
Esta particular situación se expresa también cuando desde la Provincia se pide más apoyo del sector privado; por ejemplo, a la gestión encabezada por la EPE que —a fuerza de inversión y lucha contra el sindicato— avanza firme en la normalización de la situación de los edificios que llevaban años esperando el servicio definitivo. ¿Será que, más allá de que esté en el ADN empresario focalizarse primero en sus intereses, los constructores reconocen y valoran los avances municipales y provinciales, pero como hay tanto atrasado por hacer tampoco se entusiasman al nivel que le gustaría a las autoridades? Debate abierto.
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- Ahora sí hablamos de negocios inmobiliarios, un punto fuerte de esta semana fueron las declaraciones del desarrollador Juan Félix Rossetti a Radio2 cuando señaló que dejó de encarar proyectos en la localidad de Funes porque “no hay condiciones éticas y morales” en la Municipalidad.
Sus dichos le pusieron más calor a la polémica por lo que serían las “compensaciones blue” que el jefe comunal, Rolly Santacroce, exigiría a los empresarios para aprobarle la habilitación de negocios y emprendimientos grandes en esa ciudad, según alientan desde algunos sectores de oposición y la mediática abogada de su exesposa, Ana Rosenfeld.
En el entorno de Santacroce cuentan que el intendente repite a sus íntimos que todo es parte de una campaña de desprestigio, aprovechada políticamente, pero que en rigor está provocada por la abogada de su exesposa con el fin de quitarle también una tajada de su “dinero en efectivo”.
A buen entendedor.
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- Más allá del tema de Santacroce, otro punto interesante de las declaraciones de Rossetti fue su visión actual del mercado de urbanizaciones.
Según entiende, existe en la actualidad una saturación de la oferta de loteos en algunos municipios del área metropolitana que fueron colocados entre inversores, no entre compradores finales (como fue el caso de sus desarrollos en Kentucky y Funes Hills), que al juntarse con expensas que son cada vez más caras y falta de operaciones de venta de usuarios finales, se activó un amplio mercado de reventa de lotes con inversores queriéndose salir.
Como buen libertario, su fórmula es que “el mercado acomode ahora el desajuste”.
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- Ahora, si no hay ventas (al ritmo que había en el viejo modelo económico) en los proyectos de urbanizaciones serios, la situación se agrava en los desarrollos parados que no estaban bien ordenados. Aparece ahí el grupo Roma, que esta semana fue centro de nuevos y encendidos reclamos de los compradores de lotes de los barrios Naranjo 1, Naranjo 2, Campo Madero 1, Campo Madero 2 y Comunidad Evolutiva.
Ocurre que ninguno de ellos tiene todos los papeles en orden y por eso, ya desde hace años, quienes compraron lotes en alguno de esos barrios no pueden tomar posesión, construir, recibir servicios básicos como la electricidad o escriturar, según el caso. Esta semana hubo protestas de los compradores frente a la Municipalidad de Ibarlucea, a la que señalan como responsable de habilitar estos emprendimientos que no tenían todas las autorizaciones en regla.
La novedad que tenemos es que (bastante tarde, hay que decirlo) el gobierno provincial parece que empezó a tomar cartas en el asunto. El primero de abril, la Defensora del Consumidor, Valeria Schvartz, recibió a un grupo de compradores que representaban a todos los loteos del Grupo Roma, que preside Pablo Scofano. El encuentro tuvo lugar luego de que se repitieran denuncias ante esa oficina, la Defensoría del Pueblo y las Municipalidades involucradas.
Durante la reunión, la funcionaria pidió que les presenten una carta contando la problemática y adjunten los comprobantes de cancelación del contrato, boletos y demás cuestiones. Con ese material, esa dependencia iba a buscar información y coordinar una reunión con todos los involucrados: vendedores, representantes de las comunas y de la empresa. “La verdad no nos fuimos muy esperanzados de esa reunión”, contó un asistente al encuentro.
¿Qué se puede hacer? De movida, si el gobierno provincial cruza información entre Hídrica, EPE, Aguas, Catastro y el Ministerio de Ambiente, puede armar un registro público online (de acceso libre y gratuito y con actualización permanente) en el que figure el estado administrativo de cada proyecto para que el ciudadano sepa dónde está invirtiendo, sobre todo el ahorrista que está armando un proyecto de vida y no haciendo una reserva de valor o una inversión (por lo que puede esperar años para obtener un retorno); un registro que podría exponer a los “sospechosos de siempre” y valorizar a los profesionales del negocio.
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- Hablando de ladrillos, en la “Previa del Run Run” de este sábado hicimos foco en lo que ocurrió, tanto en los paneles como en los pasillos, del foro que organizó la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción.
Entre otros temas, contamos del reclamo conjunto que allí hicieron dos sectores empresarios clave de la región, la promesa y el aviso del Ministerio de Economía de Santa Fe a los constructores, y la batalla que vuelve a encarar el gobierno contra los municipios del área portuaria por la tasa a los camiones.
Y no solo eso: también abordamos dos temas. Hay muchas dudas de que los terrenos de Puerto Norte que la Nación prometió ceder a la Provincia finalmente cambien de titularidad. Y además: ¿Por qué no prosperó la oferta china por el edificio de La Favorita? ¿Es cierto que hay otro interesado? Es más: ¿Está todo bien entre la familia García, propietaria del inmueble, y los desarrolladores comerciales de La Favorita?
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- Además de la “Previa del Run Run”, este sábado publicamos en Rosario3 un “Run Run” extra con todo lo que ocurrió en el acto de remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario, y que podés leer haciendo clic acá.
De todo lo allí contado, queremos destacar este punto. Resulta que el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, no oculta su malestar por el papel de los bancos Santa Fe y Municipal de Rosario en el poco movimiento que le imprimieron a una medida que anunciaron en febrero: la bonificación de tasas de interés a las empresas santafesinas que cambien cheques y descuenten pagarés en el Mercado Argentino de Valores (MAV). Y es que pasaron las semanas y no se hicieron operaciones.
Todo indica que el Banco Santa Fe, quien se sumó al plan a regañadientes, no tiene ese expertise y, además, es un negocio que maneja directo sin pasar por la Bolsa. Hay versiones de que le otorgaría su desarrollo a un fondo especializado. Pero en la Casa Gris hay más ceños fruncidos con el Banco Municipal porque entienden que es una alternativa de financiamiento que la entidad no tiene.
Ante esta situación, lo que quiere hacer Olivares es activar un acuerdo con los agentes de Bolsa y el MAV para que los cheques de empresas santafesinas que ellos envíen a descontar también tengan bonificación del Tesoro Provincial, una medida que los operadores esperan con ansiedad. Es más, Olivares proyecta en los próximos días pedir explicaciones al banco local. No se trata de un tema fácil de resolver administrativamente por las exigencias en el manejo de fondos públicos, pero eso no achica al ministro de Economía.
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- Llegamos al final del Run Run, y como nos gusta, la idea es poder dejar contadas experiencias, decisiones y actitudes que, en el marco empresario, muestran que no todo lo que ocurre siempre es malo, como se suele alentar a veces desde la prensa.
En este caso puede parecer un tema menor, pero no deja de ser importante. Resulta que esta semana el Concejo de Rosario aprobó una ordenanza que regula la venta de las llamadas bolsitas de nicotina a nivel local.
De esta manera dio un marco a la comercialización de un producto que en varios países del mundo ya funciona como alternativa a los cigarrillos, porque son mejores opciones. Lo más destacable de esta norma es que se ejecutó a tiempo, entendiendo la necesidad de hacerlo y contemplando a todos los actores: los comercios, que ven afectados día a día sus ingresos por el desplome del consumo; los fumadores, que por primera vez cuentan con una forma de consumo de nicotina que no sea el cigarrillo; y la sociedad en general, porque enmarca criterios tan importantes como que no se vendan a menores de 18 años.
Tomar medidas necesarias para la sociedad consensuadas con los actores comerciales, en este caso los kioscos. Esa parece ser una buena fórmula.
Buen domingo.