- Vamos a arrancar con una buena. El próximo jueves 18 de junio se presentarán las ofertas para una trascendental licitación provincial que servirá de base para el desarrollo urbano y fabril de una importante región cuyo crecimiento se vio hasta ahora dificultado y casi impedido por la falta de infraestructura de servicios.
Se trata de la licitación para la construcción de una estación transformadora de 80 MVA que se instalará en la localidad de Alvear (sobre la A012) y que podrá abastecer de energía eléctrica a todo el cordón sudoeste de Rosario.
Mucho se escribió en esta columna sobre la traba que significaba para los proyectos de urbanizaciones, tanto fabriles como residenciales, en esa zona por la falta de disponibilidad de energía.
Se trata de una obra que tiene un presupuesto oficial de $23 mil millones de pesos, que comprende obras complementarias de montaje de líneas de media y alta tensión, y que tiene que estar lista para diciembre de 2027.
En principio, se requerirán solo 40 MW (que sobran para abastecer la nueva cárcel y los desarrollos proyectados) y, si bien se financia con fondos públicos, la EPE —que operará la nueva estación— ya negocia la compra anticipada de la potencia que requerirá cada proyecto inmobiliario que necesite la autorización o regularización.
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- En este caso particular lo que hay que destacar —además del desafío de conseguir los millonarios fondos (que no es menor) para una obra en un contexto de necesidades urgentes y crecientes— es un trabajo silencioso pero muy importante: el de la gestión. En este caso, del Ministerio de Desarrollo Productivo.
¿Y por qué lo decimos? Hace años que el tema estaba estancado porque la EPE se mantenía en su postura histórica de que las obras para ampliación de potencia y distribución para abastecer nuevos desarrollos inmobiliarios los tiene que afrontar enteramente de su bolsillo el empresario, financiando primero la construcción y luego donando todo a la empresa provincial que, en algunos casos (no todos), devolvía a muy largo plazo la inversión con descuentos en las tarifas.
Esa fórmula puede servir cuando se trata de un proyecto que está en cabeza de un desarrollador de los grandes (con espalda financiera) en zonas con el m2 muy bien cotizado (en las que el comprador del lote puede afrontar un costo extra), pero no para el cordón sudoeste, en el que operan muchos urbanizadores pymes y el segmento que atienden es, en su mayoría, de clase media.
Por otra parte, juntarse todos los desarrolladores (como les pedía la EPE) para afrontar los costos millonarios de la obra (estamos hablando de, al menos, 10 mil millones para 40 MW) no solo les quedaba grande por los montos involucrados, sino que también forzaba a urbanizadores correctos a asociarse con otros que operan en la zona de Piñero, que si por algo son conocidos es por incumplir cada uno de sus contratos.
La gestión, entonces, del ministro Gustavo Puccini y de la titular de la EPE, Anahí Rodríguez, de ir sorteando escollos burocráticos y encontrar el sendero administrativo y el fondeo para la nueva estación fue clave para activar la realización de la obra.
Y, como siempre sostenemos, la infraestructura, principal déficit de la economía argentina, es la columna vertebral del desarrollo porque habilita el crecimiento. Y por eso estas inversiones se celebran.
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- A todo esto, la licitación de la nueva estación transformadora quedó en cabeza de la misma unidad ejecutora de los complejos penitenciarios de Piñero, a cargo de Diego Leone. Y ahí también hay novedades muy importantes en materia de infraestructura.
Resulta que, como también venimos dando cuenta en esta columna, hace tiempo que el sistema de contención de efluentes cloacales que tenía la penitenciaría colapsó, con todo lo que eso significa para el ambiente.
La novedad es que para diciembre de este año estará lista la planta depuradora de líquidos cloacales que se construye para atender a las nuevas unidades penitenciarias, pero que también atenderá a la actual Unidad Penitenciaria 3.
En efecto, los nuevos presidios no vienen a complicar la cuestión ambiental sino que, con las inversiones en infraestructura licitadas, vienen a solucionar el problema que está generando en la actualidad el drenaje de materia fecal directo al Saladillo.
Y lo importante es que la nueva planta depuradora estará lista antes de que se terminen las nuevas cárceles, que empezarán a estar listas hacia mayo del año que viene.
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- Siguiendo este recorrido regional, y ya que algo dijimos antes sobre loteos, hay novedades en torno al Grupo Roma y su secuela de incumplimientos.
Resulta que la Secretaría de Defensa del Consumidor de Santa Fe organizó el pasado 20 de mayo una audiencia de mediación para los damnificados del Grupo Roma, a la que asistieron familias de los loteos Naranjo 1 y 2 de la localidad de Ibarlucea y, de parte del Grupo Roma, se presentó su titular, Pablo Cófano, junto con su abogado.
Allí se escuchó el reclamo de los damnificados, que no pueden tomar posesión de sus lotes comprados por la falta de obras y de autorizaciones provinciales ante los incumplimientos normativos del desarrollador. Por su parte, Cófano señaló que ya inició los trámites para ponerse al día, no sin antes aclarar que cuando, en el gobierno anterior, arrancó los trámites para las habilitaciones, no le exigían los mismos requisitos que en la actualidad.
Fue allí que le pidió al gobierno provincial mayor celeridad en las respuestas porque los expedientes no se mueven y culpó a Recursos Hídricos por la demora en la normalización. “Sacaron a dos personas que trabajaron mucho en esa oficina y ahora los funcionarios están a la defensiva de la industria”, se quejó.
"A mí me habilitó la comuna de Ibarlucea, yo tengo un convenio urbanístico hecho y la comuna me obligó a pagar todas las contribuciones por adelantado. Son casi 400 mil dólares de contribuciones en obras que se hicieron por adelantado”, dijo.
Pero como pocos le creen a Cófano, y su relación con las autoridades de Ibarlucea siempre despertó sospechas y activó polémicas, los damnificados del Grupo Roma le pidieron a la Secretaría del Consumidor que exija la presentación de documentos que certifiquen los pagos porque las obras se ven poco y nada.
“Queremos el respaldo de la Secretaría de Defensa del Consumidor para que nos ayuden a destrabar la situación y podamos tener lo más rápido posible nuestros lotes para construir nuestras viviendas. Somos muchas las familias que no contamos con vivienda y pagamos alquiler, y hace más de cinco años que estamos a la espera de nuestro terreno", le dijo una de las damnificadas a este medio.
Según averiguó Rosario3, en los próximos días Defensa del Consumidor convocará a una nueva reunión para analizar el caso de otro barrio del Grupo Roma que está en mora total, que es Comunidad Evolutiva Pueblo Esther. Por su parte, los vecinos de ese loteo le llevarán este lunes un pedido de audiencia formal al Concejo Municipal de Pueblo Esther para ver si los concejales también pueden apuntalar su reclamo.
En la Secretaría de Defensa del Consumidor hay confianza de que si Cófano se deja de dar vueltas y saca de su bolsillo fondos para realizar obras faltantes y, por su parte, el gobierno provincial apura respuestas y aprobaciones a los expedientes, el conflicto se puede resolver más temprano que tarde, a diferencia de otros casos de grandes incumplimientos de desarrolladores cuya solución no aparece en el horizonte.
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- Y hablando de tensiones, vamos a Rosario. Es que hay mucha preocupación entre los proveedores de los dos supermercados que tiene el sindicato de Empleados de Comercio por el retraso en los pagos.
Tanta es la demora que en las últimas semanas muchos ya dejaron de entregarle mercadería, cansados de los incumplimientos contractuales, y sus asiduos clientes notan la falta de productos de primera marca en las góndolas.
La “proveeduría”, como la llaman en el gremio, viene de años de vertiginoso crecimiento con dos centros de ventas, uno en el centro y otro en Fisherton. Y de la noche a la mañana, el plazo de pago a proveedores que era de 30 días se fue a 120 días, generando inconvenientes en la cadena.
Lo que nadie se explica es qué está pasando con el dinero que se recauda, ya que la proveeduría cobra en efectivo, transferencia o máximo a 30 días con tarjeta, pero paga a los proveedores a 120 días.
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- Y si de gremios se trata, el conflicto paritario en el sector aceitero se encuentra bajo conciliación obligatoria hasta fines de junio, con los gremios avisando que si la suba salarial no es del 20% irán al paro por tiempo indeterminado.
Más allá de los argumentos que esgrimen de una y otra parte sobre la justeza del reclamo, las empresas ahora están poniendo la lupa en una caja de 60 millones de dólares que manejan el Sindicato Aceitero de San Lorenzo y la Federación Aceitera en base a los aportes sindicales anuales obligatorios de sus trabajadores que sería, sostienen, la verdadera razón por la cual los gremialistas traban los acuerdos paritarios.
Veamos. En base al convenio paritario vigente aceitero y la información que surge de la Secretaría de Trabajo de la Nación, las empresas están obligadas a hacer aportes del 2,7%, más el 3% como cuota sindical. En un universo total de 20 mil trabajadores aceiteros en todo el país, ambos gremios recaudan por esa retención obligatoria —aplicada tanto a afiliados como a no afiliados bajo el concepto de "aportes solidarios"— unos 6 mil millones de pesos por mes, es decir, unos 4,3 millones de dólares.
Ocurre que cada vez que los gremios negocian una revisión del convenio, el primer mes del aumento, el sindicato se lleva el 40% del incremento salarial de cada trabajador. Esto se transfiere automáticamente por las empresas a los sindicatos, no a los trabajadores.
Es por eso, y no por una lucha genuina en defensa de los trabajadores, que para los industriales aceiteros los dos sindicatos están obsesionados en su reclamo por un aumento salarial del 20%. Y no es para menos: calculan que recaudarían unos 8 mil millones de pesos extra en un solo mes, es decir, 5,7 millones de dólares.
Los industriales también observan que esos fondos carecen de auditorías transparentes y sospechan que, en rigor, terminan financiando las estructuras políticas en vez de traducirse exclusivamente en prestaciones sociales directas para los operarios.
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- Sigamos con la cuestión laboral, pero ahora pongamos el foco en una industria que sí sigue floreciente en la provincia, que es la del juicio laboral por accidentes y enfermedades, que según los números de las ART este año volverá a romper el récord de litigios en la Justicia provincial, sobre todo en el fuero laboral de Rosario.
Ocurre que la Legislatura provincial aprobó una reforma al Código de Procedimiento Laboral de Santa Fe con cambios que, estiman, le cerrarán una puerta de acceso a los “caranchos”. ¿Qué modificaciones? Básicamente, la creación de un cuerpo oficial de peritos con un régimen de honorarios independientes a la magnitud del incidente atendido, que para los legisladores oficialistas era toda una invitación a elevar artificialmente los porcentajes de afectación y daños.
Pero el tema es que la Corte Suprema de Santa Fe viene bastante “remolona” a la hora de efectivizar las modificaciones sancionadas. Puntualmente, no inicia el proceso de selección de 6 nuevos peritos oficiales, que se sumarían a los 3 actuales. ¿La razón? La que esgrimen los cortesanos es que en realidad necesitarán 17 nuevos peritos para evitar el colapso de causas a atender en los Tribunales.
Para las ART, por el contrario, ese número que surge de dividir las causas actuales en trámite proviene de un cálculo erróneo, ya que —proyectan— con el nuevo sistema que desalienta la litigiosidad, dejaría de haber tantas denuncias por atender.
La sospecha, en realidad, es que detrás de todo está la histórica puja de la Corte con el Poder Ejecutivo por un mayor presupuesto.
Y en tren de apuntalar la puesta en vigencia de los cambios, además de poner sobre la mesa otras propuestas para hacer frente a la industria del juicio, la Red de Instituciones por la Producción de Rosario se reunirá el jueves con todos los ministros de la Corte.
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- Y si hablamos de cuestiones laborales, La Segunda Seguros anunció el armado de una nueva empresa de salud ocupacional y prevención del riesgo laboral bautizada Vitta. Y la primera experiencia será en el parque industrial Micro Pi, de Alvear.
¿De qué se trata? Tras acordar un comodato a 10 años por un predio equivalente a una manzana, levantarán allí un moderno complejo para atender todo lo referente a medicina laboral, salud ocupacional, control de ausentismo y capacitación en prevenciones, con salas de atención médica y hasta un helipuerto que ya están construyendo.
Desde allí no solo atenderán a las fábricas del Micro Pi, sino a empresas de todo ese radio con una oferta atractiva para las compañías: que sus trabajadores no pierdan el día cada vez que tienen que hacer los controles obligatorios viajando a Rosario.
Está claro que la oferta también busca potenciar el crecimiento de sus seguros para el sector corporativo, como ART, y las tarifas de la nueva empresa para los asegurados en La Segunda tendrán fuertes descuentos y amplias bonificaciones.
Esta semana llegan los módulos sobre los que se montarán las instalaciones y la idea es que en agosto la nueva empresa del holding esté cortando cintas.
“A los proveedores de los módulos les interesó tanto lo que estamos haciendo que ya nos ofrecieron llevarlas a parques industriales de la provincia de Buenos Aires, y nuestra idea es replicar estas estructuras en distintas áreas fabriles”, le dijo a Rosario3 el gerente comercial del grupo, Mario Teruya.
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- Otro tema. Vaya que le sorprendió al establishment la denuncia penal que empujó el CEO de Bioceres, Federico Trucco, contra la exdirectora de Legales, Gloria Montaron Estrada, por presunta estafa al sospechar que, tras ser separada de su cargo y usando documentos apócrifos, transfirió u$s 12 M en acciones de Bioceres Crop (que cotiza en Wall Street) a otra empresa del grupo, Moolec, que ella preside y cuyo dueño es el empresario uruguayo Juan José Sartori, enfrentado a Trucco por el control del grupo.
A muchos no les termina de cerrar y hasta les parece fantasiosa. Y es que parece difícil que un banco como el Intercontinental Bank, que tenía en custodia las acciones, acepte realizar esa transferencia sin los debidos chequeos, solo aceptando una carta con una firma trucha de Trucco y porque conocía de toda la vida a Montaron Estrada. No faltan los que, por el contrario, creen que es una estrategia de Trucco para anticiparse a denuncias de vaciamiento y mostrar que también fue víctima de esas maniobras.
Es cierto que, lejos del brillo del pasado, la opacidad de la estructura de Bioceres, generada sobre todo a partir de su desembarco en Wall Street y la adopción de prácticas corporativas más vinculadas al mundo financiero que al de la ciencia y el agro, da para todo, y por eso todo tiene en la actualidad la apariencia de verosímil.
Ahora, un factor que para el establishment le imprime seriedad a la denuncia es que lleva la firma del abogado Walter Stramazzo, muy bien reconocido en el empresariado.
Y la pregunta es: ¿por qué se hizo la denuncia en el MPA de Rosario? Es que Bioceres Crop tiene sede en Luxemburgo (para pagar menos impuestos) y también allá está radicada legalmente Moolec. Es más, el Intercontinental Bank también tiene sede en el extranjero. Si todos los participantes están afuera, ¿tienen jurisdicción los fiscales locales? ¿Están buscando jugar de local o dan batalla en la ciudad porque es más barato que en Nueva York? ¿O es porque la Unidad de Delitos Complejos de Rosario ya tiene fama entre los empresarios de que no le asusta pedir prisiones preventivas a importantes hombres de negocios mientras investiga presuntas estafas de guante blanco?
En el estudio Stramazzo saben que la jurisdicción será un tema de debate. Pero tienen un argumento importante. Según sostienen, si bien una parte del hecho se desarrolla afuera, el ardid se inició en Rosario y el perjuicio lo sufre una empresa con base en Rosario como es Bioceres SA, que es la que sufrió la presunta estafa, ya que eran suyas las acciones de Bioceres Crop —que estaban en custodia en el Intercontinental— que la exdirectora de Legales se llevó, con autorizaciones apócrifas, a otra empresa dejando sin respaldo económico a la firma rosarina, que finalmente quebró.
Es más, aclaran que antes de presentar la denuncia, además de una investigación administrativa, intervino un renombrado estudio jurídico de los Estados Unidos que concluyó que la denuncia debía realizarse en Rosario.
Por lo pronto, y al menos hasta el viernes, el tema todavía no había ni empezado a analizarse en Fiscalía.
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- Tampoco hay muchas novedades de la denuncia presentada por Rosario Fiduciaria contra Metalfor por presunta malversación de los fondos que debían depositarse y no se depositaron en fideicomisos administrativos.
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- Y hablando de Fiscalía, llegaron novedades inquietantes a oídos de los denunciantes por presuntas millonarias estafas a sus clientes de la financiera CIAG, a cargo de Paola Allegranza. Muy inquietantes.
Los estafados se vienen quejando, cada vez más en voz alta, de la falta de avances de la Fiscalía en la investigación, si bien sostienen que está a la vista y a la mano toda la documentación con pruebas para avanzar sobre Allegranza, la titular de la financiera a la que le reclaman más de cuatro millones de dólares que no les devuelven y que, aseguran, están invertidos en propiedades y colocaciones en el exterior.
Sobre todo porque la lentitud para investigar luego de las denuncias presentadas por casi 30 accionistas contrasta con la ejecutividad que tuvo el caso en el arranque cuando, tras las primeras tres denuncias, se detuvo y dejó en prisión preventiva por más de dos años (sin acusación) a uno de los altos empleados de la firma, Luciano Roatta.
Precisamente, Roatta firmó una probation (que permite a una persona acusada de un delito evitar el juicio oral y una condena si cumple con ciertas reglas de conducta y repara el daño; la causa se cierra sin antecedentes penales) y asegura que lo tuvo que hacer para poder salir de la prisión. Y por eso ahora batalla por no quedar como un chivo expiatorio, reclamando que la investigación escale hacia Allegranza y su red de contactos con financistas y escribanos que, aseguran, hicieron posible la desapropiación de todos sus bienes y de los clientes.
¿Y cuáles son las novedades? Por un lado, sus abogados les dicen a los denunciantes que el caso —que ya pasó por tres fiscales (ahora lo tiene Federico Aranda)— quedaría prescripto hacia fin de año. Pero si bien la primera denuncia es de hace años y encajaría en materia de plazos para la prescripción, hubo una segunda denuncia el año pasado que la mantendría activa.
También aseguran que Aranda les dijo que en julio imputarán a Allegranza, lo que —por otro lado— invalida el primer mensaje de pronta prescripción. Para los denunciantes, la combinación de falta de avances y mensajes ambiguos y contradictorios lo que expone, en rigor, es que no tienen voluntad de investigar.
Consultados por Rosario3 sobre ambas versiones y el estado de la investigación, desde Fiscalía respondieron oficialmente lo siguiente: “Cuando hay una causa en curso por el inicio a partir de una denuncia, los plazos se renuevan inmediatamente al realizar la imputación. In este caso, si se imputa próximamente los plazos se reinician y no prescribe en el plazo original. Respecto de la causa particular que lleva el fiscal Aranda, es una causa con medidas investigativas en curso en reserva, las cuales han sido informadas a las partes interesadas. Por el momento, al haber reserva de investigación no se pueden brindar detalles”.
Todo es raro en este caso. No suena lógico estar divulgando acciones futuras, como una imputación o un allanamiento. Y si la Fiscalía igual anticipa a las víctimas y sus abogados este tipo de acciones, también parecería más correcto mantener la reserva.
En fin….
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- Vuelta de página. Una UTE entre las constructoras Obring y De Paoli & Trosce ganó esta semana el contrato para las obras de remodelación en la Florida y el Parque Acuático. Las 3 ofertas contra las que competía la UTE, que eran de Edeca, Rovial y Dinale, fueron desestimadas por la Municipalidad por razones formales.
En el caso de Dinale —que era la que había presentado la oferta más barata (10%), siendo la UTE de Obring y De Paoli la que venía segunda con un valor casi 10% superior al presupuesto oficial— la Intendencia sostuvo que “no podía garantizar el cumplimiento de las normas IRAM 9001:2015 requeridas para la ejecución de las obras”.
Es cierto que se trata de un requerimiento no muy usual para obras públicas, pero al tratarse, entre otras cosas, de la construcción de un parque acuático que será utilizado por muchos niños y niñas, la Municipalidad optó por sumar la exigencia con el argumento de la necesidad de extremar al máximo las garantías de seguridad para el montaje y posterior uso de las instalaciones.
En rigor, ya durante el proceso, Dinale había hecho una presentación a la Intendencia en la que sostenía que, además de ser un requisito no habitual, estuvo mal expresado en el pliego y mal aclarado en las notas aclaratorias.
Según su postura, en el pliego decía que “la empresa contratista y/o las subcontratistas” tenían que tener la certificación, pero luego en una circular aclaratoria se exigió que fuera para “todas las empresas que intervengan en la obra”.
La Municipalidad avanzó con la adjudicación y, como en Dinale habían quedado realmente molestos, el jueves pasado, a instancias de la Cámara Argentina de la Construcción, el titular de la firma, Daniel de Vincenzo, fue al Palacio de los Leones a reunirse con el intendente Pablo Javkin, quien volvía de participar de Agroactiva; encuentro del que también participó Mariano Schor, el titular de la cámara empresaria.
¿Qué pasó durante la reunión, que duró una media hora? Cada parte puso sobre la mesa su postura. Javkin insistió con que la norma solicitada era motivo de desestimación de la oferta, mientras que De Vincenzo insistió con la ambigua redacción del pliego.
Finalmente y tras el intercambio, la decisión de la Municipalidad fue la de seguir adelante con el trámite de adjudicación, mientras que la de Dinale —que dice que los valores, las capacidades y las ofertas están a la vista— fue la de no obstaculizar el proceso de la construcción del Parque Acuático y la remodelación de la Florida.
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- Concluida, entonces, la licitación, la Municipalidad está enfocada por estas horas en defender en la Justicia los embates contra las obras de remodelación de La Florida. Hay 5 presentaciones que buscan parar las obras en distintos juzgados y esperan que pronto se unifiquen en uno solo.
Ante uno de los argumentos de quienes aseguran que el proyecto debería haber pasado por el Concejo al tratarse de una zona de “Plan de Detalle” o “Plan Especial”, ya que carece de indicadores urbanísticos que regulen la construcción, la Municipalidad sostuvo que jurídicamente eso competería si se tratara de una inversión privada, cuando en este caso se trata de una obra pública cuya administración posterior seguirá siendo pública.
Pero entre los documentos que giraron a los distintos juzgados para sostener que tienen todo el andamiaje jurídico para encarar las obras sin autorización especial del Concejo apareció uno particularmente llamativo en términos políticos.
Se trata de un proyecto de ordenanza presentado y aprobado en el Concejo en 2003 que fue impulsado por el por entonces concejal justicialista Lisandro Cavatorta y que contó con los votos afirmativos de todos los ediles de Ciudad Futura, en el que se le encomendó a la Municipalidad desarrollar un Plan Integral de Revitalización de la Rambla Catalunya en el que se ordenó, entre otras cosas, la “implementación de medidas de atracción turística a través del mejoramiento de la oferta cultural, artística y gastronómica de la zona, como la construcción de un anfiteatro”.
Un anfiteatro.
Para la Municipalidad, se trata de un argumento contundente en el pleito judicial ya que muestra que la oposición es claramente de tinte electoralista, ya que los mismos sectores políticos que hoy quieren parar la obra son los mismos que hace tres años le ordenaron al Municipio hacerla.
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- Siguiendo por la costa, pero bajando al sur de la ciudad, el martes que viene vence el plazo para la apertura de sobres para la licitación de la Guardería del Centro.
Hay dos grupos interesados. Por un lado, la constructora Obring, que ya maneja la concesión de la guardería náutica del Ludueña. Y por el otro, un grupo cuya cara visible es el empresario de las finanzas y la construcción Gabriel Guglielmino.
¿Participará el operador portuario Juan Manuel Ondarcuhu, que maneja las Unidades VI y VII del puerto de Rosario y está levantando una terminal en Timbúes? Y es que a través de una de sus empresas, Muelle de Rosario, y en alianza institucional con el MOP, había participado en las últimas y fallidas compulsas por la Guardería del Centro.
Rosario3 pudo saber que en los últimos días hubo febriles gestiones para interesarlo y lograr que también presente una oferta.
No obstante, Ondarcuhu parece por estas horas estar más concentrado en una millonaria inversión en infraestructura con la que apuesta a copar un negocio portuario como es el de los servicios de estiba portuaria.
Ocurre que ya empezó a recibir las primeras palas mecánicas de última generación marca Volvo que pondrá a disposición de puertos de la región con la oferta de mayor productividad en las tareas de estibaje. ¿Cuántas palas mecánicas traerá? Se habla de que serían unos 40 equipos.
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- En la previa del Run Run, publicado el sábado en formato de podcast, nos focalizamos en Agroactiva. Por ejemplo, contamos sobre:
x) El furor por los créditos en pesos.
x) Que se demandó más capital de trabajo que para inversiones. ¿Eso qué significa?
x) Los bancos, siguen en déficit en los créditos a contratistas, semilleros y prestadores de servicios.
x) El malestar de los fabricantes de maquinaria agrícola será porque lo que se les achicó fuerte fue la renta más que las ventas. Tema que poco se debate en público.
x) Y los precios de la maquinaria agrícola: ¿bien, pero n o tan bien? ¿mal, pero no tan mal?
x) Chinos copan el negocio de los tractores pequeños y las agropartes con menos valor agregado.
Vale la pena puntualizar dos temas ahora. Primero que nada es gratis. Vaya que lo sabrán los fabricantes de maquinaria agrícola a los que el Banco Nación les exigió un aporte de 16 puntos en dólares para entrar a la línea de créditos en dólares a tasa 0. Algunos aceptaron haciendo la “gran hot sale” de primero subir los precios de lista para compensar algo de esos 16 puntos a poner y otras, que se pueden dar el lujo de resistir, como es el caso de la multi John Deere dijeron que no y prefiero priorizar las alianzas con el Banco Galicia, el Santa Fe (con subsidio provincial) y su propia oferta financiera.
El otro punto tiene que ver con una de las medidas más innovadoras tomadas por el gobierno de Santa Fe, y que no se circunscribe al agro: que cualquier pyme de la provincia a través de cualquier agente de Bolsa pueda ir al mercado de valores a descontar cheques, pagarés o facturas con una bonificación del 10 puntos de la tasa.
Sobre esta medida, lo que queremos resaltar, como hicimos en el arranque de este Run Run, es que lo que vale es la gestión, en este caso de los Ministerio de Economía y de Desarrollo en lograr que, por primera vez, se puedan volcar fondos públicos al mercado de capitales y a más bancos, cuando en el pasado todo quedaba bajo control y conveniencia casi exclusiva del agente financiero. Y hacerlo supone gestión, decisión y capacidad porque la burocracia es dura.
Y una última miscelánea de este tema: desde el Banco Municipal, que junto con el Santa Fe fueron los primeros en operar esta línea, sostienen que ellos también están operando con normalidad la línea, luego de que se cumplieran todos los pasos reglamentarios, negando versiones de que la operatoria era casi nula.
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- Y ya que hablamos de inversiones, vamos a terminar este Run Run con este tipo de novedades, que siempre vienen bien. Sobre todo porque la protagonista es una empresa histórica de la provincia que en los últimos años viene siendo noticia por malas noticias, como puede confirmar una simple repasada por Google. Y que ahora aparezca invirtiendo y cerrando contratos vaya que vale doble. Se trata de Acindar.
La novedad es que PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron esta semana las obras de ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, que significó la energización de los nuevos capacitores shunt instalados que permitirán aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía en 500 kV de todo el corredor troncal Comahue-Buenos Aires, que forma parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en un equivalente al abastecimiento de 600 mil hogares y que presentaba restricciones de capacidad en condiciones de máxima demanda.
Con una inversión de 40 millones de dólares, se trata de una primera etapa estratégica del proyecto integral de PCR y ArcelorMittal Acindar que incluye también, en su fase de ampliación del sistema de transmisión eléctrica, la expansión de la capacidad de la Estación Transformadora de Olavarría.
El proyecto se completa con la construcción del Parque Eólico Olavarría con una capacidad de 185,6 MW de potencia con 29 aerogeneradores y la instalación de una línea eléctrica de 25 km para conectarlo al SADI, sumando así un desembolso total de 275 millones de dólares.
Durante la construcción de todo el proyecto en su conjunto se emplearán 350 personas en total, estando prevista su puesta en marcha definitiva en enero de 2027.
Esta inversión es un aporte privado a la mejora y expansión del sistema de transmisión del país que será entregada al SADI y forma parte central del primer proyecto de generación eólica aprobado bajo el esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Que las grandes inversiones pasen de los anuncios en la prensa a las obras concretas. Que así sea.