El fútbol argentino está en una de sus crisis más importantes de los últimos años. A todo el escándalo dirigencial y organizativo, se sumó la derrota en la final de la Copa América, la renuncia de Lionel Messi al seleccionado y la intervención de FIFA, que fue desconocida por la AFA, que ahora se expone a sanciones. El presidente Luis Segura, negó esta tarde enfáticamente que haya renunciado a su cargo, al afirmar que hoy estuvo "cumpliendo" con sus funciones en la entidad.
"Si hubiese renunciado lo diría sin ningún problema. Confirmo oficialmente que sigo siendo el presidente de la AFA para dejar de lado versiones maliciosas", sostuvo Segura.
El mandato interino de Segura tiene fecha de vencimiento el próximo jueves 30 de junio, según el acuerdo firmado a fines de 2015, tras el fallido acto eleccionario de diciembre pasado.
Por si hacía falta algo, la sede administrativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió esta mediodía una amenaza de bomba mediante un llamado telefónico, fue desalojada por instrucción de la Policía Federal y normalizó su actividad dos horas después, una vez constatado que se trató de una falsa alarma.
Una voz anónima se comunicó con la mesa de entradas del edificio de Viamonte 1366, en el barrio porteño de Tribunales, para alertar sobre la supuesta colocación de explosivos en las instalaciones, lo que fue tomado como un hecho sugestivo en medio de la grave crisis política e institucional que atraviesa la entidad.
De todos modos, la brigada de explosivos de la Policía Federal montó de inmediato un operativo en el lugar, cortó el tránsito en la cuadra de AFA y desalojó hasta la esquina de la calle Uruguay al nutrido grupo de cronistas que hacía guardia periodística en el lugar.
Después de la amenaza, el presidente desplazado Luis Segura evacuó el edificio y se negó a formular declaraciones. Esperó el accionar de la brigada en la vereda de enfrente y al rato se retiró en una camioneta.
La AFA ingresó el viernes pasado en una delicada situación institucional cuando la FIFA notificó la creación de una Comisión de Regularización, que estará integrada entre cinco y siete miembros y administrará la actividad diaria de la entidad por el término de un año hasta que se fije fecha para nuevas elecciones.