River resolvió dar un paso institucional fuerte en el conflicto por la salida de Luca Scarlato y declaró persona no grata al representante Martín Guastadisegno, a quien además le prohibió el ingreso a todas las instalaciones del club, desde el estadio Monumental hasta River Camp y el predio de Cantilo, donde trabajan las divisiones inferiores.
La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva en su reunión del jueves por la noche y también alcanza a los socios de la agencia ByG Players, en una señal de endurecimiento frente a una maniobra que en Núñez consideran lesiva para el patrimonio deportivo y económico de la institución.
Según Noticias Argentinas, el trasfondo de la medida es la salida de Scarlato, una de las promesas de las inferiores riverplatenses, quien quedó en libertad y pasó al Parma de Italia mediante la figura de patria potestad, un mecanismo que desde hace años genera fuerte preocupación en los clubes argentinos por la pérdida de futbolistas formados en sus estructuras sin una compensación acorde.
Pero River no se quedó sólo en una sanción interna. Desde enero, el club presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Guastadisegno, al que responsabiliza por haber intervenido para impedir que el juvenil firmara su primer contrato profesional con la entidad. La acusación apunta a una presunta maniobra deliberada que, según la postura riverplatense, afectó el proceso formativo del jugador y perjudicó directamente a la institución.
En esa presentación, el Millonario acompañó testimonios y detalles económicos que buscan robustecer su postura. Entre ellos figura una versión según la cual, en el marco de una videoconferencia, el agente habría reclamado la devolución de dinero entregado a la familia del futbolista para sostener la representación. Ese monto, de acuerdo con la documentación aportada, rondaría los 200 mil dólares y habría sido respaldado en su relato por la madre del jugador.
No es un nombre menor en este tipo de antecedentes. Guastadisegno también aparece vinculado a los casos de Joaquín Panichelli y Matías Soulé, futbolistas que dejaron sus clubes bajo condiciones similares y luego construyeron sus carreras en Europa, hasta llegar incluso a la órbita de la selección argentina.
Con respaldo de AFA y Conmebol, River busca encuadrar el caso en el artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que prevé sanciones ante eventuales violaciones al código de ética. En el club entienden que, si la denuncia prospera, el expediente podría derivar en multas, suspensiones e incluso una inhabilitación, en una resolución que excedería el caso Scarlato y podría sentar un precedente fuerte para todo el fútbol sudamericano.
Más allá del impacto puntual, en River leen el episodio como una pelea de fondo: la defensa de sus juveniles, de su inversión en formación y de un sistema que, sostienen, no puede seguir quedando expuesto a vaciamientos silenciosos disfrazados de decisiones familiares.