Georgina Orellano nació en 1986 en Villa Tesei y se crió en Presidente Derqui (provincia de Buenos Aires). Hoy vive en Constitución. Desde 2014, es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina AMMAR) que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Su primer libro, “Puta feminista”, fue publicado en España, Italia y Portugal. “Vidas de putas. Calle, sexo y mentiritas” (Sudamericana) es su segundo libro de crónicas. Lo presentará en Rosario el jueves 17 de septiembre, en el marco de la cuarta edición del Nación Trava Festival LGBTIQ+. Antes, dialogó con Rosario3.
Rachel
El WhatsApp de su celular no deja de recibir mensajes. Una tras otra llegan demandas individuales o colectivas del grupo de trabajadoras que Georgina Orellano representa. A fines de junio, tanto ella como dos de sus compañeras –Victoria Arriondo y Estrella Santama– habían sido detenidas en el barrio porteño de Constitución, en la puerta del hotel donde Rachel (otra trabajadora sexual, trans y migrante) fue hallada muerta.
El hecho fue caratulado como “muerte dudosa”. Ellas decidieron manifestar para pedir justicia y también para recabar información y poder ofrecer testigos a la Fiscalía. Según relatan, allí en la puerta, encendieron un contenedor de basura para hacer visible el reclamo, tras lo cual fueron detenidas. Se les abrió una causa por amenazas, resistencia a la autoridad y atentado contra un bien público (el contenedor de basura).
El cuerpo de Rachel estuvo en la morgue durante doce días hasta que, junto con familiares de la víctima, que residen en Perú, lograron conseguir el permiso y activar el trámite para reconocer, retirar sus restos y darle una despedida digna.
El caso de Rachel no es una excepción. La mayoría de las trabajadoras sexuales viven en una situación de mucha precariedad y conflictividad con la policía y los vecinos. No sólo en el barrio de Constitución. “Esto –dice Orellano– sucede cuando se rompe el tejido social: unas vidas importan, mientras que otras son descartables. Y se nota en los episodios conflictivos, pero también en cómo se resuelve la economía y el día a día”.
“A medida que la crisis económica se va profundizando, la precariedad y la violencia van creciendo. Todas estas personas quedan por fuera de la agenda política y carecen de asistencia del Estado, que tiene una mirada punitiva y clasista y no le importa la vida de las personas en situación de calle, ni de las trabajadoras sexuales, ni de los colectivos de migrantes, ni de quienes atraviesan consumos problemáticos o trabajan en la economía popular”.
“Vidas de putas”: el libro
Para Georgina, es necesario poder contar en primera persona las historias que les pertenecen, para disputar el sentido, el lenguaje, las narrativas y los imaginarios que se construyen sobre sus vidas.
“Sobre nosotras siempre se ha hablado; pero nunca tuvimos la posibilidad de hablar nosotras de nosotras mismas. Siempre hubo un extractivismo que nos trató como sujetos de estudio, habló por nosotras y construyó un lenguaje de victimización y estereotipos muy alejados de nuestros deseos, nuestra realidad y nuestras necesidades. Por eso, escribir un libro contando estas crónicas es una forma de acercar la realidad nuestra y corrernos de algunos debates que se dan en sectores más academicistas que no coinciden con los que se dan en la zona de trabajo, ni en las comisarías, los hospitales o el sindicato. Durante mucho tiempo, hubo sectores intelectuales discutiendo cómo nombrarnos. Para nosotras eso ya está resuelto. No hubo una discusión tan profunda ni de tantos años para poder resolver que somos trabajadoras y punto”.
Pero más allá de la semántica, su relato enumera una serie de necesidades urgentes que precisan ser respondidas hoy: frenar la violencia institucional, llenar la heladera, poder pagar un lugar para vivir, saber qué hacer cuando una trabajadora sexual cae presa o se enferma y termina internada o muere y nadie reclama su cuerpo. "Esas son las cosas que nos interesan porque forman parte de nuestra cotidianeidad y muchas veces, cuando se habla de trabajo sexual, eso no aparece. Surge una discusión teórica, una narrativa que nos es ajena, un lenguaje impuesto y categorías que nosotros ni siquiera usamos para hablar de nuestras vidas. Por eso –dice– para nosotras es importante poder irrumpir en el campo de la literatura y desde allí disputar la lapicera y la pluma, pero también un lenguaje y un sentido. Eso significa el libro”.
Las “razias legitimadas” y las realidades que ningún gobierno quiere ver
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza procedimientos que denomina “operativos de saturación”. Para implementarlos, "la policía se ampara en una política que describen como de higienización y de limpieza y tiene correlato con las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional. Consiste en realizar un control punitivo en los barrios, la vida y las economías precarizadas e informales. Es un modo de controlar que las cosas no estallen, sino que implosionen. Lo que antes se llamaba razia tiene hoy aval político e institucional y también legitimidad de una parte de la sociedad, ya que hay vecinos que celebran los procedimientos o forman parte de ellos”.
En esos operativos, según describe, la policía despliega toda su arbitrariedad, abuso de poder, violencia, racismo y selectividad. “Limpian los barrios y, en el voleo de la limpieza, criminalizan” a los vendedores ambulantes, a manteros y manteras, a personas en situación de calle o con consumos problemáticos y también a las trabajadoras sexuales. Hay una mirada de expulsión hacia los cuerpos empobrecidos que habitan la calle y muchos habitantes de esas zonas forman parte de esos operativos de exterminio y aniquilación del otro porque en el fondo creen que de ese modo va a mejorar su situación económica”.
Trabajo sexual en Argentina y la crisis que también alcanzó al sector
Del relevamiento hecho por el sindicato se desprende que las condiciones de las trabajadoras sexuales en Argentina son muy precarias. “Todas están pendientes de un hilo que cada tanto se corta, cuando alguna compañera queda detenida en condiciones de hacinamiento en alguna alcaidía o penal federal o termina internada con tuberculosis. Hay muchas que antes podían sostener el pago de una habitación de hotel o de pensión (donde viven cada vez más familias empobrecidas y que hoy ronda los $450.000 mensuales), pero hoy están viviendo en situación de calle”.
Y destaca que “muchas compañeras –por ser putas, migrantes, travestis o pobres– tienen que pagar más que cualquier otra persona, para acceder a las mismas habitaciones”.
La única forma de acceder a una vivienda es a través de contratos de palabra porque no tienen la posibilidad real de demostrar sus ingresos. No pueden ser monotributistas, ya que no hay reconocimiento formal de la actividad que realizan. “Hay compañeras que tienen plata y pueden salir a trabajar, entonces se pagan $50.000 de una habitación por día; pero al día siguiente, si no cuentan con ese dinero, duermen en la calle, en una plaza o en algunos dispositivos de paradores y se encuentran con que no hay vacante. Hay que hacer la fila desde muy temprano para poder dormir bajo techo”.
Georgina cuenta que la mayoría de esas compañeras que trabajan y viven en situación de calle se acercan a la organización para pedir algo tan básico como un lugar donde poder bañarse, cambiarse y lavar su ropa. Para poder comer y tomar algo caliente. Y esto no se da solo en Buenos Aires. De todas las filiales que tienen en el país les llega la información de que la situación de crisis se agravó. Como les pasa a otros sectores sociales, “la crisis repercute en su calidad de vida, en el deterioro de su salud, el endeudamiento para poder sostener lo mínimo y el aumento de consumos problemáticos”.
No hay datos oficiales nacionales sobre cuántas personas que ejercen trabajo sexual viven en situación de calle y el sindicato descree de los números que exhibe el gobierno de Buenos Aires. Incluso hay un relato oficial según el cual las personas que viven en situación de calle en Capital Federal, en realidad no viven allí, sino que provienen de la periferia y de la provincia de Buenos Aires.
En oposición a esto, según la información con que cuentan las organizaciones sociales, la mayoría de quienes viven en situación de calle, solo en una comuna, tienen como mínimo diez años viviendo en Capital Federal y fueron asistidos en más de una oportunidad por el gobierno de la ciudad.
Tampoco hay estadísticas oficiales sobre el grado de escolaridad de las trabajadoras sexuales en esa condición, “porque las trabajadoras sexuales somos un sujeto inexistente para el Estado –afirma–: lo que vemos es que la mayoría de las compañeras de Argentina no logró terminar la escuela secundaria. Muchas de ellas abandonaron la escuela a causa de la pobreza institucional y ante la necesidad de tener que salir a trabajar de lo que sea para ayudar a sus familias. Muchas fueron madres solteras y por eso tuvieron que dejar la secundaria; otras dejaron la escuela por situaciones de discriminación, sobre todo quienes integran el colectivo travesti trans”.
En el colectivo migrante, muchas integrantes ni siquiera pudieron terminar la escuela primaria y no saben leer ni escribir. Por eso, desde la organización, articulan con distintos programas educativos para que esas personas logren aprender a leer y a escribir. “Esto es muy importante porque nos encontramos con un montón de actas que ellas firmaron sin saber lo que decía el texto, por no saber leer. Incluso se hicieron cargo, con sus firmas, de delitos que ni siquiera cometieron, sin que tanto la policía como los funcionarios judiciales tuvieran en cuenta que son personas analfabetas”.
El morbo, el lucro y la mirada de los otros
En paralelo con la necesidad de describir sus realidades en primera persona, Orellano señala y critica cuánto las afectan las producciones audiovisuales que construyen relatos cargados de morbosidad, amarillismo y burla.
“Hay un montón de influencers que tienen un fetichismo con la prostituta pobre y los barrios atravesados por la marginalidad. Con violencia, filman a nuestras compañeras sin su consentimiento. No les importa si la persona no quiere aparecer en el video; asumen que tienen la potestad de mostrar lo que ellos quieren vender para ser vistos ellos mismos. Lo que les importa es la cantidad de visualizaciones y suscriptores que pueden obtener mostrando a la prostituta o travesti marginalizada, empobrecida y en consumo problemático. Muestran a la más rota del sistema desde un lugar asistencialista o punitivo. A su vez, eso genera comentarios de burla y expresiones de exterminio hacia el otro”.
El pasamanos (o mentiritas) y las “oportunidades laborales”
“¿Qué es trabajo para un pobre? ¿Qué es trabajo para una compañera que tiene que dejar la secundaria porque necesita darle de comer a su familia? Frente a la realidad de esos hogares, donde lo prioritario es encontrar un trabajo rápido que les dé plata lo antes posible, y no el deseo de qué carrera les gustaría estudiar, lo que decimos es que tenemos que tener una discusión honesta desde la institucionalidad y desde los feminismos sobre qué es trabajo”, plantea Georgina y cuestiona que históricamente se haya hablado de las oportunidades de reinserción real que pensaron el Estado y el “feminismo blanco” para ellas.
“Yo no quiero reinsertarme en el sistema –repite enfática–; yo ya soy parte de este sistema. Hablan como si estuviéramos abajo y alguien nos tuviera que dar una mano para subir un escalón. Cuando, en realidad, si subís ese escalón, te encontrás con trabajos que ya ejercimos y de los cuales nos escapamos por las condiciones de precariedad. Nosotros no queremos este sistema. No quiero una máquina de coser o un curso de peluquería o juntarme con otras para un taller de salud sexual y reproductiva. No quiero que me traigan una caja de preservativos y un pene de madera para que aprendamos a usarlo con la boca. Nosotras no queremos la asistencia del Estado, sino una política de transformación que incluya: obra social, acceso a la vivienda y a la educación, jubilación y sacarnos a la policía de encima. Un Estado que amplíe derechos y mejore nuestras condiciones”.
En una parte del libro, Orellano explica: “Hacer el pasamanos se ha convertido en una de las opciones más rentables dentro de las pocas que tienen las mujeres, lesbianas, travestis y trans de los sectores populares. Consiste en vender bolsitas de estupefacientes reducidos con paracetamol, ibuprofeno, harina, azúcar y bicarbonato de sodio. En el vocabulario callejero también se conocen como mentiritas. Se trata del eslabón más bajo de lo que se define como narcomenudeo en el mercado del narcotráfico”.
Al preguntarle sobre las posibles alternativas a esas opciones que conforman conductas delictivas, la dirigente apunta a la necesidad de discutir la ley de drogas en Argentina. “Los caminos que se toman habitualmente para luchar contra el narcotráfico y las drogas son asistencialistas o punitivos y ninguno de los dos resuelve. La mayoría de las mujeres, travestis o trans que hoy son criminalizadas por la actual ley de drogas (artículo 5, inciso c) que habla de la venta de estupefacientes en el espacio público, son personas pobres. Al ser detenidas, ninguna supera los 10 envoltorios. Eso nos dice que los operativos no están apuntados a las grandes estructuras del narcotráfico; lo que hacen es criminalizar la pobreza”.
“La alternativa –dice– es dejar de dar talleres o poner un montón de dinero en una estructura judicial punitiva destinada a los pobres y centrarse en modificar la Ley 23.737. La mejor forma de combatir al narcotráfico es regular las drogas. Algunos sectores progresistas y también de derecha miran a Europa como el lugar donde se gestan las grandes transformaciones sociales. Bueno, en algunos de esos países hay despenalización de las drogas apuntada no al consumo problemático, sino a combatir al narcotráfico”.
Y agrega: “La cárcel está llena de personas pobres que no tienen acceso a la Justicia y son condenadas por su color de piel. Mientras tanto, en casi todos los espacios públicos donde circula droga, quien controla y regula es la misma policía con legitimidad y protección política y judicial. Después te venden que en un operativo de saturación se cerraron tres peluquerías; se secuestró una balanza y no sé cuántos envoltorios y se metieron presas a tres travestis, como si eso fuera una política de lucha contra las drogas. En realidad, llevaron presas a tres personas pobres que tenían en su haber cantidades insignificantes en relación con lo que se denomina narcotráfico; pero la campaña que hacen con la detención de esas compañeras la instalan como si fuera parte de la política de seguridad. Al menos, eso le hacen creer a la gente y algunos lo creen”.
Justicia con perspectiva de género
Entre los aspectos positivos de sumar la perspectiva de género al Poder Judicial, Orellano rescata que hoy los defensores públicos convocan a las organizaciones de trabajadoras sexuales, para que sean ellas las que evidencien el grado de conflictividad que hay en la calle con los vecinos, con la policía y entre compañeras, y el entrecruzamiento que hay entre trabajo sexual y narcomenudeo, por ejemplo.
“Eso antes no sucedía –dice–; eran otras las expertas convocadas para conocer sobre el tema. Hoy, las propias trabajadoras sexuales mencionan su vinculación con Casa Roja (sede de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR), donde trabajamos en alfabetización judicial para poder entender qué implica atravesar un proceso judicial, conocer qué delito nos imputan en cada situación, saber cuáles son nuestros derechos al ser detenidas, conocer el alcance de las medidas preventivas, porque el lenguaje judicial es muy distinto del lenguaje nuestro”.
“Tenemos razones de sobra para odiar a las feministas institucionalizadas”
La frase se repite en el libro y dispara interrogantes que llevan a replantear lo lejanos que están algunos escritorios y cargos (aun aquellos que fueron creados desde la perspectiva de género) de las realidades concretas de las personas que dicen representar.
Orellano explica que el problema con el feminismo institucionalizado es que no ve la perspectiva de clase. “No es lo mismo ser mujer, nacer en Capital Federal e ir a la universidad que ser mujer, migrante, travesti, nacer en el conurbano, en una familia empobrecida, tener la piel de color más oscuro y no poder pisar nunca una universidad. Entonces, estos sectores feministas, desde su realidad y desconociendo (o no reconociendo) sus privilegios intervienen en el armado de las políticas públicas. Muchas funcionarias romantizan la pobreza y muestran historias individuales de personas que lograron salir de la pobreza a base de esfuerzo, superación y heroísmo. También suelen tener un discurso higienizador: borran nuestras necesidades, trayectorias, experiencias, conflictos, modos de organización, lo comunitario, la ternura y la solidaridad, entre otras cosas”.
“Digo que tenemos razones de sobra para odiar a las feministas institucionalizadas porque las feministas, cuando llegaron al Estado, no transformaron la vida de las trabajadoras sexuales. Tuvieron la oportunidad con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también tuvieron oportunidad cuando dentro de la cartera de Desarrollo Social se creó el Registro Nacional de trabajadoras y trabajadores de la economía popular y lejos de poder contar con ese número –que sería la base para generar políticas públicas– lo único que se generó fue una discusión teórica luego de la cual se decidió sacar la categoría trabajadora sexual del Registro porque (según el feminismo institucionalizado) ese no es un debate saldado por el feminismo”. Por ende, ninguna intervención del Estado puede tomar en cuenta la categoría trabajadora sexual.
Ellas se siguen sosteniendo con los privilegios que ya tenían y nosotras seguimos en la mierda.
“Bueno, gracias a ellas se perdió la gran oportunidad de tener esas estadísticas y ahora no tenemos más el ministerio. Estamos en otro gobierno que desfinanció las pocas políticas de género que teníamos y no podemos contar con datos concretos que se alejen del debate teórico y pongan en el centro de las prioridades la precariedad de quienes ejercemos trabajo sexual. Nuestras vidas están mucho más precarizadas que antes y sufrimos más violencia represiva de las fuerzas policiales, mientras que las feministas institucionalizadas siguen dando clases en las universidades, las abogadas siguen atendiendo en el ámbito privado y siguen pidiendo becas para irse a Europa y hacer alguna maestría. Es decir: ellas se siguen sosteniendo con los privilegios que ya tenían y nosotras seguimos en la mierda”.
Trabajo sexual virtual y nuevas demandas sindicales
Georgina dice que hay muchas plataformas en las que sus compañeras ejercen trabajo sexual y remarca que muchas de esas mujeres no se reconocen como trabajadoras sexuales. Argumentan que son creadoras de contenido, modelos webcam o influencers. “Para nosotras –subraya– son trabajadoras sexuales y lo que hacen es trabajo sexual por más que vendan una foto o un video y te expliquen que no hay contacto directo con el cliente. De esto se deduce también que hay una noción errónea de lo que es el trabajo sexual. Algunas consideran que es trabajo sexual sólo si hay contacto con el otro; mientras que, en realidad, hay una idea de acompañamiento, de afectividad y de disfrute sexual que no tiene que ver solamente con la penetración. Hay otros modos de disfrute sexual que no implican contacto directo con la persona que contrata el servicio sexual”.
Analiza que estas nuevas formas del trabajo sexual reconfiguraron el mercado laboral, en el que hay que reconocer nuevas subjetividades, con nuevas demandas que tienen que ser escuchadas y respondidas.
“No sólo hablo de las compañeras que hacen trabajo sexual virtual, sino también de todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales en general: Uber, Didi, Cabify, Mercado Libre y también de quienes ya no alquilan un local, sino que abren una cuenta en redes sociales: Instagram o TikTok y suben su contenido para vender ropa, tortas, servicios de cosmetología. Esta es una demanda permanente que el mundo sindical tiene que incluir –remarca– porque implica nuevos lenguajes y nuevas formas de organización. Son sujetos con trabajos muy individuales, ligados a la idea de emprendedurismo, que borra la relación laboral entre ellos y de ellos con el dueño o dueña de la plataforma digital”.
“De esos nuevos trabajos surgen nuevos problemas como el robo de fotos y videos, estafas, acoso virtual y también nuevas necesidades como aprender a sacar el dinero de la plataforma virtual sin que les cobren un porcentaje excesivo. A todas esas demandas individuales también tenemos que poder dar respuesta. Y deberían ser parte de una reforma laboral (no como la que aplicó este gobierno)".
El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina (AMMAR) nació en los calabozos de las comisarías de Flores y Constitución, el 11 de marzo de 1994 (fecha oficial). Ya lleva más de treinta años trabajando por el reconocimiento del trabajo sexual en el país y por el fin de la violencia institucional.
Desde el 28 de marzo de 2014, por decisión del 98% de sus afiliadas de todos los géneros, Georgina Orellano ocupa la secretaría general.