"Toda decisión que tomamos en contra del ambiente es una decisión que tomamos en contra de nosotros mismos" y, por eso, es necesario incluir en la nueva Constitución de Santa Fe "una normativa que deje en claro que desde hoy y para siempre ante la duda se estará a favor de la naturaleza”.
Eso es lo que significa el principio "In Dubio Pro Natura" que el abogado especializado Matías De Bueno pidió incorporar como "Cláusula Constitucional Ambiental". Algo inédito que podría cambiar la forma de gestionar permisos de proyectos o juzgar conflictos en Santa Fe.
Como presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, De Bueno expuso los alcances de esa norma en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Es uno de los 700 proyectos presentados por particulares y grupos a la Convención.
Existen constituciones en donde la naturaleza fue declarada como “sujeto de derecho” pero no hay antecedentes de este principio que marca un cambio muy claro: para empezar una actividad o desarrollo no debe haber dudas de un eventual impacto negativo en el ambiente.
Hoy, explicó De Bueno a Rosario3, eso funciona de forma invertida. Iniciativas que se aprovechan de vacíos legales, de leyes que no son reglamentadas o incluso se prometen estudios de impacto ambiental que no se realizan. Cuando el daño es advertido ya es tarde.
“En la actualidad, ante la duda se avanza y se produce la afectación o daño. Este nuevo principio modifica eso que se da en la práctica. «In Dubio Pro Natura» significa que ante la duda se está a favor de la naturaleza”, afirmó el además docente y secretario del Área de Política Ambiental de la UNR.
Si la norma se suma a la Constitución, Santa Fe sería la primera provincia en dar este paso. No solo implicaría una referencia clara para los jueces a la hora de analizar una denuncia por contaminación, también lo sería para legisladores y funcionarios que deben actuar antes de que ocurra un problema. No niega el principio de “lo que no está prohibido, está permitido” sino que define prioridades.
En la cláusula, eso quedó expresado así: “La gestión y protección del ambiente en el ámbito administrativo y judicial se sustenta en el Principio In Dubio Pro Natura".
Y completa: "En la gestión de las políticas ambientales o resolución de conflictos se deberán tener en cuenta las disposiciones que surjan de los tratados sobre derechos humanos y las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La interpretación y aplicación de las normas a través de las cuales se ejecute la política ambiental provincial estarán sujetas al cumplimiento de los principios consagrados en el ordenamiento jurídico ambiental".
Ese punto forma parte de un documento más amplio que suma otras propuestas ambientales.
Fiscal del Ambiente y Tribunales Especializados
De Bueno señaló en la comisión que junto a sus colegas que participaron de la redacción pensaron en dotar a la provincia de “herramientas jurídicas para los próximos 50 años en materia ambiental”.
Cada vez que debemos tomar decisiones lo hacemos contra la naturaleza, qué es, en definitiva, en contra de nosotros mismos
“Cuando nuestros ríos, el aire o nuestras tierras se contaminan, se degradan. Cuando hay sequías, olas de calor, incendios, cuando nuestras ciudades, nuestros campos se inundan, o la flora y la fauna desaparecen, somos muy creativos para dar los justificativos de por qué estas cosas suceden. Sin embargo, está muy claro, es una obviedad, sucede porque cada vez que debemos tomar decisiones las tomamos contra la naturaleza, qué es, en definitiva, en contra de nosotros mismos”, expresó.
“No estamos en contra del desarrollo, pero debe ser un desarrollo humano sostenible", aclaró.
El proyecto crea “una Justicia con Tribunales Ambientales Especializados y el Fiscal General del Ambiente”.
No estamos en contra del desarrollo, pero debe ser un desarrollo humano sostenible
Además, “establece que quien genere un riesgo o daño ambiental colectivo o individual será objetivamente responsable”.
Según resumió el abogado, “este bien jurídico es la defensa de la propia existencia de la especie humana, porque nosotros también somos ambiente”.
Derecho al agua, Constitución Ecosocial y soberanía alimentaria
En paralelo, como anticipó este medio, el director de la Cátedra del Agua de la UNR, Aníbal Faccendini, pidió sumar a la Constitución provincial un artículo que plantea: “El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial. El agua es un alimento fundamental para todos los seres vivos y la tierra".
La segunda parte del artículo tiene dos fórmulas posibles: "Los humedales, ríos, arroyos, lagunas y cuencas de jurisdicción de Santa Fe tienen personería jurídica protectiva" o "son sujetos de derecho".
Faccendini disertó en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Explicó que desde 1993 trabajan con un grupo de especialistas, entre juristas, ambientalistas y 51 universidades, y habló de "los pobres del agua".
El agua hoy está lesionada. Sufre un daño ambiental grave
En Argentina, hay más 7 millones de personas que no acceden al agua segura integral y 400 mil personas padecen en Santa Fe distintas maneras de escasez.
Faccendini también se refirió a la contaminación global. "El agua hoy está lesionada. Sufre un daño ambiental grave", dijo Faccendini y resumió: "Tenemos que proteger el agua en todos sus aspectos. Sin agua no hay vida".
La iniciativa tiene puntos en común con otra elaborada por varias organizaciones ambientales que fue presentada en la reforma: una "Constitución Ecosocial".
Entre los artículos, proponen “reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos” y “proteger de forma integral el agua, los humedales, los suelos y la biodiversidad”. (Ver más desde acá).
Otras iniciativas presentadas incorporan el principio de soberanía alimentaria: acceso a alimentos saludables, promoción de la agricultura familiar, protección de las semillas nativas y restricciones al uso de agrotóxicos cerca de zonas urbanas y escuelas rurales.