La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) confirmó su adhesión a la demanda colectiva que reclama la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión se conoció luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, habilitara el tratamiento del amparo que busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa aprobada y promulgada, pero no ejecutada.
El origen del expediente judicial fue la presentación de un padre de dos hijos con discapacidad, quien denunció que la falta de aplicación de la ley afecta de manera directa el acceso a prestaciones, debido a que los reintegros de las obras sociales se siguen rigiendo por valores del Nomenclador Nacional que quedaron congelados. Ese amparo individual se transformó recientemente en una acción colectiva, tras la unificación de presentaciones de distintos juzgados federales del país.
“El amparo se inicia por la presentación de una familia en Campana y distintos sectores del país empezamos a presentarnos. Cuando los juzgados federales enviaron todo ese material a Campana, el amparo se volvió colectivo”, explicó en Cada Día (El Tres) la titular de Apridis Mariel Chapero.
La declaración de Emergencia que aprobó el Congreso primero fue vetada por el Ejecutivo nacional y tras el rechazo al veto por parte de los legisladores, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 681/ que pospuso la entrada en vigencia de la normativa hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento.
Esa suspensión fue la que activó el amparo ya que los actores sostienen que dejó en una situación crítica a instituciones, familias y prestadores. La cautelar dictada por González Charvay ordenó garantizar el acceso a las prestaciones, lo que generó la recusación del Gobierno, más tarde rechazada por la Cámara.
Pese al respaldo de la Cámara al juez González Charvay, desde Apridis reconocieron esperan una nueva apelación por parte del Ejecutivo. “No tienen contemplada la implementación (de la ley) en el Presupuesto 2026; los números lo muestran. Y a partir de diciembre no están dadas las condiciones políticas para revertir un eventual veto. Algunas instituciones ya están al borde del cierre”, advirtió.