Este martes se levantó el secreto de sumario en la causa judicial que investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, por la cual ya hay tres detenidos como principales sospechosos de coordinar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
La decisión de la Justicia se da a conocer a pocas horas de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti determinara reimplantar la confidencialidad en el caso.
La magistrada había adoptado esa medida después de incorporar al expediente el contenido del teléfono de Brenda Uliarte, la novia del atacante, sospechosa de ser su cómplice.
La jueza considera que las conversaciones de aquel celular resultan claves para comprender el accionar de este grupo: gracias a ello se podría comprobar que los involucrados ya habrían querido atacar a Kirchner con anterioridad, el sábado 27 de agosto, mientras se producía la vigilia en apoyo a la líder peronista en el barrio de Recoleta.
Mensajes determinantes para la Justicia
"No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada", se lee en uno de los presuntos mensajes enviados por Sabag Montiel, que se hicieron públicos por estas horas.
Inicialmente, la Justicia detuvo a Fernando Sabag Montiel, quien aparece en todos los videos gatillando contra Kirchner, pero sin concretar el disparo. Después, pese a su intento por desligarse del caso, se privó de la libertad a su aparente pareja, Uliarte.
Por último, se detuvo a una amiga de la mujer, de apellido Diaz, ante la sospecha de que también estaría involucrada, o que al menos habría intentado encubrir a Uliarte. En concreto, se habría encontrado una conversación delicada en momentos posteriores al intento de asesinato. Así, se espera que Capuchetti le tome declaración para sacar mejores conclusiones.
Además, en las últimas horas la Justicia dispuso otros tres allanamientos: dos en la Provincia de Buenos Aire y uno en la Ciudad de Buenos Aires, para secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
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