El proyecto que envió el Ejecutivo municipal al Concejo de Rosario llamado oficialmente Plan de Sostenibilidad Patrimonial, también planteado como “canje de altura”, comenzó a debatirse este lunes en la comisión de Planeamiento. Allí se acordó realizar una reunión con la comisión asesora de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento para que den sus miradas de especialistas en un tema tan complejo como la creación de herramientas de incentivo a desarrolladoras, para que compren inmuebles históricos con un mecanismo de canje para su mantenimiento, a cambio de un permiso de edificar en otra zona de interés municipal.
Con este proyecto se busca dar herramientas para simplificar los grados de protección según categorías de patrimonio, incorporar recursos financieros como los Derechos de Edificación Transferible (EDT), y garantizar fondos para preservar y restaurar inmuebles y espacios de valor histórico, arquitectónico y ambiental de la ciudad.
En la reunión de comisión este lunes, el concejal javkinista Fabrizio Fiatti propuso convocar para el miércoles 22 de octubre a una reunión con especialistas de la comisión asesora, para que expongan su visión sobre la temática miembros del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación Empresaria de la Vivienda.
Los concejales María Fernanda Gigliani y Juan Monteverde adelantaron en la comisión este lunes darán sus consideraciones sobre la iniciativa, y Gigliani propuso escuchar también a entidades como Basta de Demoliciones “que se ocupan siempre de asuntos de patrimonio urbano, ya que algunos de ellos vienen planteando cuestiones y pueden ver esta normativa para ver si salda sus reclamos”.
El proyecto en lo específico crea los derechos de edificación transferibles y modifica el Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico.
Actualmente, el Inventario incluye 5.656 inmuebles. De estos, 66 tienen protección casi total y 5.590 admiten algún grado de intervención. De esos 66, solo dos poseen protección total, de la categoría 1A: el Monumento Nacional a la Bandera y la Iglesia Catedral. Los 54 restantes tienen protección 1B.
En el proyecto, los inmuebles de grado 1 –de protección directa integral–, ya sean municipales, provinciales o nacionales, deberán sostenerse con fondos públicos de la jurisdicción correspondiente. En cambio, los privados de valor histórico y simbólico (grado 1.2) podrán financiarse a través de los DET.
Algunos de los inmuebles más destacados de la categoría 1 son: La Favorita, Córdoba y Sarmiento; el Remonda Monserrat, Entre Ríos y San Lorenzo, y el Palacio Fuentes, en Sarmiento y Santa Fe, donde no se admitirán modificaciones.
La categoría en el grado 2, se trata de edificios de valor histórico que integran tramos de preservación patrimonial o se ubican en Áreas de Protección Histórica (APH). En estos casos se permitirán intervenciones, como reestructuraciones interiores o ampliaciones.
El grado 3, en tanto, corresponde a inmuebles que comparten medianeras con edificios de grado 1 y 2 y que contribuyen a preservar su valor.
En torno a la protección ambiental, se incluirán especies arbóreas, áreas naturales y espacios públicos de gran valor histórico, natural y paisajístico, como el bulevar Oroño.