Este viernes, agentes municipales derribaron un inmueble ubicado en un espacio de la zona sur de la ciudad en el que en el último tiempo se produjeron hechos de violencia y se daban situaciones muy conflictivas con el entorno y los vecinos. La intervención tuvo lugar en calle Fonseca al 5600, encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, acompañados del secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, quienes supervisaron las tareas realizadas con personal y maquinaria del municipio.
Cococcioni explicó que que el inmueble derribado “es municipal, por lo cual no hizo falta ni siquiera la autorización judicial, porque el Gobierno tiene la potestad administrativa de inactivarlo y de disponer del lugar". Y recordó: "Acá funcionaba una vecinal, dejó de ser utilizado y ya luego de la época de pandemia apropiado, y en este marco se desarrollaron varias actividades ilegales, foco de molestia y de delito para todo el barrio. Hace poco más de dos semanas en este mismo lugar hubo un homicidio”.
“stamos recobrando niveles de seguridad y paz en la provincia de Santa Fe, pero todavía queda mucho por hacer y seguimos tratando el tema con mucha responsabilidad. Esta es una pata fundamental del Gobierno, pero seguimos afianzando el método en materia de seguridad, nuestra política de seguridad, y demostrándole a la gente que esto es de largo plazo. Tenemos que ir recobrando todos los días un poco más la paz que necesitamos para vivir”, resaltó Scaglia.
En ese sentido, la vicegobernadora valoró: “Hoy Rosario es otra ciudad, se siente como otra ciudad, pero todavía tenemos que seguir profundizando y trabajando. Y esto es parte de lo que hay que hacer”. La vicegobernadora agregó que “cuando en un barrio te dicen que hay un lugar que genera disturbios, la política provincial, la Policía de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad, tienen que actuar, y la ley de Microtráfico nos permite hacer esto, y lo estamos haciendo. La provincia de Santa Fe ha tomado determinaciones muy contundentes que para nosotros son centrales en lo que nos corresponde y es nuestra responsabilidad”.
El secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad explicó que “en el lugar anteriormente funcionaba una vecinal. El inmueble fue creado con ese objetivo. Se construyó sobre el espacio público y luego la vecinal había iniciado un expediente para un comodato que, finalmente, nunca se otorgó”.
“Lo que pasó en los últimos años es que la vecinal dejó de funcionar y el espacio se transformó así en un lugar inseguro. Había mucha juntadera de gente. Y en los últimos meses tuvimos hechos de violencia altamente lesivos: un tiroteo y luego un homicidio en la zona”, añadió Herrera.
Pablo Cococcioni contó también que el inmueble derribado en Rosario “es municipal, por lo cual no hizo falta ni siquiera la autorización judicial, porque el Gobierno tiene la potestad administrativa de inactivarlo y de disponer del lugar". Además, recordó que "hace poco más de dos semanas en este mismo lugar hubo un homicidio”.
Cococcioni destacó que “en estos 20 meses de la Ley de Microtráfico tenemos 70 inactivaciones de puntos de ventas de estupefacientes, de las cuales 50 fueron en Rosario. Luego empezamos también en Santa Fe, en la zona de Frontera (departamento Castellanos), en otras localidades del sur provincial, y esto es algo que lleva tranquilidad a los vecinos”.
“Son lugares donde directamente el Estado parecía que no podía entrar, donde mandaban los narcotraficantes, y es territorio que se recupera, donde los vecinos ya no tienen que pedir permiso para hacer su vida pacífica y libremente. Esto es algo que vamos a continuar en conjunto con otras acciones”, finalizó el ministro de Justicia y Seguridad.
Ley de microtráfico
El Gobierno de Santa Fe cuenta con la herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Desde entonces, el Ministerio de Justicia y Seguridad lleva cerca de 70 lugares intervenidos en toda la provincia.
Este tipo de dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.