El juicio por la expropiación de YPF sumó esta semana un capítulo inesperado: una disputa por la ubicación exacta del oro del Banco Central. En paralelo a la apelación del fallo “madre” emitido por la jueza Loretta Preska, el fondo Burford Capital intenta acelerar el cobro de los más de USD 18.000 millones de la sentencia mediante maniobras de discovery que buscan exponer activos soberanos para un eventual embargo.
Según fuentes oficiales, la Argentina deberá responder la semana próxima una serie de requerimientos, aunque el Gobierno anticipó que no revelará información sobre el destino del oro, considerado un dato estratégico. Pese a eso, Preska dejó claro en las audiencias que espera conocer la ubicación precisa de esas reservas, alimentando la ofensiva de los demandantes.
¿Qué es el discovery al que apela Burford
Tras años de litigio, Burford intenta ejecutar la sentencia aun con la apelación en marcha, aprovechando una herramienta prevista en la legislación estadounidense: el discovery. Este mecanismo permite solicitar correos, documentos y datos patrimoniales con el fin de localizar bienes susceptibles de embargo.
La estrategia incluye pedidos para obtener los mails de los últimos ministros de Economía, movimientos financieros del Estado e incluso la localización del oro que el BCRA trasladó al exterior en los últimos años. Desde el Gobierno remarcan que la intención del fondo es clara: “Generar ruido político interno y forzar una negociación que Argentina no va a aceptar”.
Cerca del Presidente señalan que “Burford está nervioso porque sus acciones vienen desplomándose”, algo que se reflejó en los mercados: desde la audiencia de apelación, la firma perdió más del 20% de su valor.
Qué exige Preska y el riesgo de desacato
Un informe de Latam Advisors, la consultora de Sebastián Maril, advierte que la magistrada ordenó al Gobierno designar funcionarios con conocimiento directo de siete temas estratégicos. Entre ellos, venta o traslado de oro, activos en el exterior, operaciones con China, movimientos bancarios internacionales y pagos realizados en beneficio del país.
El planteo es especialmente delicado en un punto: responder con precisión dónde está el oro. Si el funcionario convocado evita contestar, Preska podría avanzar en sanciones por desacato, un escenario que el Gobierno considera “totalmente injustificado”.
Además, la consultora recordó que el BCRA informó a fines de 2023 que una parte del oro había sido enviada al exterior para su certificación, mientras que otra permanecía en bóvedas locales. Actualmente, esas reservas están valuadas en alrededor de USD 4.900 millones.
Implicancias políticas
La posible revelación de información sensible preocupa también por su impacto interno. Mostrar esos datos a un juez estadounidense, sin compartirlos al mismo tiempo con el Congreso argentino, podría generar tensiones políticas en momentos en que el Gobierno necesita sostener apoyos legislativos.
Latam Advisors alertó que “sería la primera vez que un gobierno argentino divulga formalmente información sobre reservas de oro a actores no gubernamentales”. Y advirtió que cualquier filtración posterior podría complicar la posición negociadora del país en litigios futuros.
A su vez, el viernes próximo vencerá el plazo para entregar datos sobre exfuncionarios y actuales, mientras que las declaraciones de los testigos comienzan esta misma semana. La Procuración del Tesoro deberá definir quién se presentará ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Especialmente después de descartar a Mariana Lozza, originalmente prevista como testigo.