El presidente Javier Milei presentó este lunes, en cadena nacional, el Presupuesto 2026 antes de enviarlo al Congreso para su tratamiento formal. Durante el mensaje grabado, el mandatario indicó que el próximo año se aplicará un aumento real en las partidas para gastos en educación y salud, además de jubilaciones y pensiones por discapacidad. Sin embargo, aclaró que se mantendría el superávit fiscal o, como mínimo, el equilibrio en las cuentas públicas.
En concreto, el Presupuesto 2026 proyecta incrementos del 5% en la partida de jubilaciones, 17% en el gasto en salud, 8% en educación, y 5% en pensiones por discapacidad, todo “por encima de la inflación” (que según la proyección oficial será de 10,1%), destacó el jefe de Estado. Pero, en el caso del aumento anunciado para educación, la cifra es insuficiente y de hecho “consolida el ajuste”, según apuntaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El jefe de Estado adelantó que en el proyecto presupuestario le asignó a las instituciones de educación superior 4.8 billones de pesos para todo el año, lo que no fue bien recibido por las autoridades universitarias, que reclaman casi el doble para poder garantizar el normal funcionamiento de las facultades.
Desde el órgano que nuclea a las universidades nacionales afirmaron que el Presupuesto 2026 “es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”. “Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, indicaron mediante un comunicado, difundido en la previa de una nueva marcha federal universitaria.
Y sumaron: “Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
La comunidad universitaria reclama cambios en el Presupuesto 2026
La semana pasada, el Gobierno recortó en $40 mil millones los fondos destinados a las universidades, y en lo que va de 2025, los gastos en educación superior fueron un 30% inferiores en términos reales a los gastos de 2023, por lo que el incremento del próximo año tampoco llegaría a compensar las pérdidas ya registradas.
El proyecto del presidente Milei comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto del Congreso en los próximos días, para ser aprobado con fecha límite el 30 de noviembre. En esa instancia, las autoridades del sistema de educación superior esperan que los legisladores atiendan la situación de las universidades y reclamen una mayor asignación de recursos.
Además, el proyecto de la administración libertaria elimina el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación, la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PBI y el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas.
Por ello, desde el CIN concluyeron: “La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un Presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”.
Qué presupuesto necesitan las universidades nacionales
Según los cálculos que ya había anticipado el CIN, el monto que necesitan las universidades para el próximo año es de 7,32 billones de pesos. Esa cifra “actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional)” y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios.
Al respecto, precisaron que el monto se elaboró según los criterios establecidos en la ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que “estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento”.
El CIN sostiene que los siete billones son un piso mínimo del cual partir, que incluso “no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025”. Tampoco toma en cuenta “fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas. Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional”, señalaron.
El gasto público cayó más de un 30% en lo que va del año
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) difundió la semana pasada un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional que refleja la magnitud del ajuste implementado en 2025. Entre enero y agosto, el gasto total cayó 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con recortes que impactan en salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública.
El estudio advierte que, en contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, mientras que los Servicios de Deuda Pública concentraron un 9% del gasto total.
En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud recortó un 56%, los hospitales nacionales entre 30% y 38%, el Instituto Malbrán 26% y la ANMAT 27%. A su vez, programas críticos de atención y prevención presentan caídas de hasta 100%, con la excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció +41%.
En el área de seguridad social y programas sociales, la ejecución de la Anses cayó un 7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un 72%, el INAES 75%, y partidas como Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (-100%) quedaron prácticamente desfinanciados.
En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (-100%), mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó 88% y las becas y formación docente entre 77% y 79%. En ciencia y tecnología, el CONICET recortó -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación -83%.
En síntesis, el Cepa concluyó que la administración nacional atraviesa un escenario de reducción drástica del gasto público, que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social, mientras se incrementa el presupuesto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda pública.