El agente de Bolsa, Daniel Casanovas, quedó este miércoles detenido en prisión preventiva hasta febrero próximo, según dispuso este miércoles el juez Gustavo Pérez de Urrechu, al término de una larga audiencia que se extendió varios días y en la que se le sumaron nuevas imputaciones por estafas y colusión en el marco de su millonario default de 2019. A su esposa, Samanta Bravo, también imputada como partícipe, se le prohibió salir del país.
Según dispuso el magistrado, la prisión preventiva es renovable en forma automática si el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concreta las acusaciones.
El fiscal Miguel Moreno fue quien condujo las imputaciones y participaron como abogados querellantes Guillermo Mionnet, Mariano Pujol y Héctor y Sabrina Superti.
Casanovas fue detenido el 22 de agosto en el marco del avance de las investigaciones de Fiscalía por los posibles fraudes cometidos a sus clientes al momento de la caída de sus empresas (cerealeras y financieras) por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.
En la audiencia se le imputaron 36 hechos nuevos de administración fraudulenta y otros 37 hechos de colusión, la mayoría en la convocatoria de Cereales del Sur (CDS) y algunos en la financiera Rosario-E Trade.
Las imputaciones
Además de las primeras imputaciones por estafa (tomando fondos que sabía que no iba a devolver y recibiendo granos que sabía que no iba a pagar), ahora la hipótesis del fiscal Miguel Moreno -fundada, sobre todo, en la evidencia recogida en el último allanamiento de mayo de este año- es que el financista también generó (mediante una serie de contratos simulados) un entramado societario que descapitalizó o quitó a muchos de sus bienes del alcance de los acreedoresPor ejemplo, indispuso por contratos de alquiler o arrendamiento los campos de Cereales del Sur hasta el 2040. También se acreditó que por estos arrendamientos dados antes de tiempo levantó aproximadamente 1 millón de dólares.
Además, se detectó que Casanova se valió de un grupo societario para lograr financiamiento para la compra bienes antes de concursarse por 7.700.000 dólares, sobre todo campos, concursando luego a dos de sus sociedades.
Lo importante también es que el fiscal Moreno destacó que todo esto se hizo a espaldas de la Sindicatura del concurso de Cereales del Sur, que incumplió a lo largo de todo el trámite muchos deberes que son propios como el de auditar a la empresa.
Fue ahí que anticipó que está bajo investigación la posibilidad de imputar el tráfico de influencias porque se habrían detectado ciertos pagos a la Sindicatura previo a que se le regulen honorarios, cuando los síndicos deben cobrar al final del proceso.
También se detectó que armó todo un un tramado de sociedades en el exterior, por ejemplo una de ellas es titular de un inmueble en Irlanda que lo tiene alquilado por 15 años a un precio anual de $50.000, y esas cuentas están activas con plata.
Además se acreditó en cierta forma que mintió en sus declaraciones a la justicia. Por ejemplo, se le encontró un un avión que teóricamente está en Paraguay, pero ahora manifestó que está en San Nicolás.
Básicamente, el MPA planteó que Casanovas entorpeció la investigación mediante el armado de estructuras por las cuales ocultó su patrimonio. Por ejemplo, cuando se allanaron las oficinas que teóricamente eran de Cereales del Sur y de Rosario E TRade, resultó que ya no tenían sede allí y que funcionaba otra sociedad con otro nombre que está fuera del radar, llamada Rosario Trust, que no tiene actividad comercial ni giro propio, y haciendo averiguaciones durante el allanamiento se se llegó a la conclusión de que esa sociedad también era de Casanovas y que se la usaba como pantalla para ocultar evidencia.
Es más, encontraron en esas oficinas de Rosario Trust información comprometedora de Cereales de Sur y de Rosario E TRade.
El turno del juez
Luego de escuchar las imputaciones y a la defensa, el juez Pérez de Urrechu tomó los argumentos de la Fiscalía para definir la prisión preventiva. Sostuvo, por ejemplo, que las colusiones eran un elemento de peligrosidad procesal.
Además, sostuvo que su actitud frente a las víctimas en estos casi 7 años desde su default también eran un elemento a ponderar para dejarlo tras las rejas.
También dispuso la medida privativa de la libertad porque entendió que se podría fugar ya que tiene una estructura societaria financiera y de bienes en el exterior que podrían ayudarlo a la hora de fugarse de la Justicia.