Los defensores de exfuncionarios, financistas y empresarios procesados en la llamada “Causa Cuadernos” confirmaron que sus representados ofrecieron pagar cifras millonarias para no ir a juicio, posibilidad que fue rechazada tanto por la fiscal del caso como por la Unidad de Información Financiera (UIF).
En la audiencia virtual que comenzó este viernes por la mañana, el Tribunal Oral Federal 7 recibió las propuestas que presentaron los abogados de los empresarios, como en el caso del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami cotizados en un millón y medio de dólares.
Entre las 82 personas conectadas al Zoom había 50 empresarios y exfuncionarios junto a sus abogados. Entre ellos estaban Julio De Vido, Claudio Uberti Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Ángel Calcaterra (Iecsa), Héctor Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neira (Electroingeniería), Enrique Pescarmona (Impsa) y Ernesto Clarens, entre otros.
La defensa del empresario Enrique Pescarmona, que entró en la categoría de imputado colaborador, ofreció entregar 510 millones de pesos. Su abogado, el doctor Marcelo Nardi, sostuvo que la compañía de su cliente (Impsa) “no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.
Por su parte, Mario Rovella ofreció pagar 732 millones de pesos y Julio Paolini 826 millones. Los abogados de todos los imputados señalaron que sus clientes, aunque “se saben inocentes”, necesitan resolver el tema judicial para hacerse cargo nuevamente de sus empresas y volver a tener una vida normal.
Ricardo Saint Jean, defensor del ingeniero Roberto Orazi (Hidraco), señaló que los acusados en este caso “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero”, y agregó que “han sufrido la publicación de sus nombres”.
Su colega Luciano Pauls agregó que el juicio podría extenderse entre 10 y 20 años, al considerar que se trata de un caso que “claramente colapsa al tribunal”. Por su parte, el abogado del exfuncionario Juan Manuel Abal Medina solicitó que le concedan la reparación económica a su cliente, lo que implicaría el pago de 60 millones de pesos (que deberían actualizarse a valor de hoy).
La fiscal Fabiana León se expresó en contra de darle a los empresarios la posibilidad de una reparación económica y exigió que vayan a juicio: “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se puede poner al daño institucional que se ha causado”. La Unidad de Información Financiera (UIF) apoyó esa negativa a aceptar una reparación económica.
Oscar Centeno, que trabajó como chofer del ex ministro de Planificación Roberto Baratta y cobró trascendencia pública por ser el autor de los cuadernos donde registraba el pago de coimas que dieron origen a la causa, expresó a través de su abogado, el defensor oficial Marcelo Sciegata, que está en contra de esta opción. “Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él, lamentablemente, carece”, destacó el letrado.
En este juicio, que comenzará el próximo 6 de noviembre, la principal acusada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le asignan el rol de liderar la asociación ilícita que le cobraba coimas millonarias a un grupo de empresarios para asignarles obra pública.