Tras días de multitudinarias protestas, este martes entró en vigor la pena de muerte por el delito de violación en Bangladesh. La medida recibió críticas y fue tildada como "ineficaz" por organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional.
La decisión se oficializó tras ser publicada en una ordenanza oficial del Ejecutivo bangladesí, confirmó a Efe Joynal Abedin, el secretario de prensa del presidente bangladesí, Abdul Hamid.
Anteriormente, la Ley de Crueldad hacias las Mujeres y los Niños establecía únicamente la prisión de por vida para el delito de violación. Ahora, con esta enmienda se fijó la pena de muerte para violadores.
Mediante un comunicado, el investigador de Amnistía Internacional para el Sur de Asia, Sultan Mohammed Zakaria, expresó que "Las ejecuciones perpetúan la violencia, no la previenen. En vez de buscar venganza, las autoridades deben centrarse en asegurar justicia para las víctimas de la violencia sexual con penas de larga duración que detengan esta epidemia de violencia”.
Desde el organismo se le reclamó al gobierno bangladesí que garantice la protección de las mujeres y menores que denuncian este tipo de crímenes.
“Los culpables deben ser procesados y hechos responsables, y la impunidad de estos crímenes terribles debe acabar por medio de procedimientos justos y sin recurrir a la pena de muerte”, agregó Zakaria.
La poca efectividad de las medidas para combatir el acoso sexual y la violación generaron varias protestas en el país asiático. Las movilizaciones comenzaron el lunes de la semana pasada, luego de que saliese a la luz un video de una mujer siendo agredida y asaltada sexualmente por un grupo de hombres en el distrito sureño de Noakhali.
Aunque el suceso ocurrió a principios de septiembre, el video fue publicado por uno de los acusados antes de que comenzaran las protestas, y luego de que se viralizara un tribunal ordenó retirarlo de las redes.
Entre enero y septiembre de este año, 975 mujeres fueron violadas en Bangladesh, y 208 de esas violaciones se perpetraron en grupo, según datos del grupo de derechos humanos Ain O Salish Kendra.
En cuanto a las víctimas fatales, se relevó que 43 murieron después de la violación, mientras que otras 12 se suicidaron.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que, de los casos presentados entre 2001 y julio de 2020 bajo la Ley de Prevención de la Opresión contra Mujeres y Niños, sólo el 3,5% llegó a sentencias judiciales, mientras que en el 0,37% de los casos se estableció una condena.