En lo que va del 2024 hubo 17 homicidios dolosos en Rosario contra 28 perpetrados en el mismo período del año pasado. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, destacó este lunes en su cuenta de la red social X el descenso de la violencia y la vinculó al éxito del plan Bandera que comenzó a aplicarse en la ciudad desde el 2 de enero, pero en verdad, el programa nacional no es la única explicación –otros elementos ayudan a entender esta foto–, ni la paz en la calle está asegurada aún. Por fuera de las estadísticas que marca la violencia, hay una creciente preocupación por el delito predatorio, como por asaltos arriba de colectivos, robo de cables, de picaportes, de porteros eléctricos, de vehículos, de medidores de gas y agua.
Distintos investigadores, tanto policiales como judiciales, consultados por Rosario3 coinciden en que el descenso de la violencia está sujeto a varias medidas, principalmente, a las tomadas sobre la población carcelaria y que el panorama todavía está lejos de dejar de ser crítico: en Rosario hubo 30 balaceras entre el 2 de enero y la mañana de este 5 de febrero, lo que arroja un promedio casi diario de un ataque a tiros en la ciudad. No obstante, sobre ese número hay que agregar dos datos. Por un lado, que está basado en hechos denunciados –por lo que la cantidad de casos podría ser superior–, y por el otro, que es menor al registrado en meses anteriores.
De los 17 asesinatos en el departamento Rosario, 16 fueron cometidos en enero y el restante en febrero. En ocho casos, los atacantes utilizaron armas de fuego, por lo que se infiere, al menos en este contexto, que se redujo en los homicidios el uso de pistolas o revólveres. A esa cifra se añade otra que también es producto de la violencia: las personas que son heridas en los ataques a tiros, que en lo que va del año fueron 13, según los datos recolectados por Rosario3 de fuentes judiciales.
Algunas de las balaceras son, además, consecuencia o “reacción” a modificaciones en pabellones de unidades penitenciarias de Santa Fe. Así lo sostuvo el pasado mes el secretario de Seguridad Pública Omar Pereira al hacer referencia a la seguidilla de intimidaciones donde se dejaron carteles donde se hicieron menciones al gobernador Maximiliano Pullaro o al ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, hechos por los que se allanó a la presunta banda liderada por Francisco Riquelme, sindicado como jefe de una célula que opera en la zona noroeste para el capo narco Esteban Alvarado.
En el caso de Rosario, los cambios que tuvieron mayor efecto fueron los llevados a cabo en Piñero y Coronda, cuya población carcelaria compuesta ampliamente por reclusos de la ciudad. Sin embargo, a los internos que dependen del Servicio Penitenciario Federal también les endurecieron las condiciones o se los trasladó a lugares con mejores condiciones para aislarlos de tener frecuentes comunicaciones para planificar delitos a través de sus visitas o de teléfonos, ya sean los fijos de los pabellones o celulares ingresados ilegalmente.
Otro análisis que puede desprenderse de los fríos números de la cantidad de intimidaciones ocurridas en el último mes y medio es que hay un interés carcelario en generar conmoción pública y malestar, como puede causar el cambio de frecuencia de una línea de colectivos que fue baleada con el objetivo de dejar un cartel mafioso, o un ataque a un bar lleno de comensales en pleno verano y en la zona norte de la ciudad, como pasó en Rondeau al 3900, donde afortunadamente no salieron las balas.
Sobre el plan Bandera, investigadores señalaron a Rosario3 que las fuerzas federales tienen asignados cuatro sectores de la ciudad: Las Heras, Tablada, Empalme Graneros y Ludueña. Por ese motivo, sostienen, fueron sacados los binomios o trinomios de caminantes que antes se veían en un radio céntrico, ya que el objetivo es que absorban responsabilidades en puntos calientes de la criminalidad local.