El emblemático robo en los Tribunales provinciales de Rosario en octubre de 1984, cuando se sustrajo documentación vinculada a la represión ilegal y el terrorismo de Estado en Rosario, se reactivó y la causa tiene tres detenidos.
Según informó la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del fiscal Adolfo Villatte, en aquel hecho los acusados privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial del edificio, le sustrajeron sus armas reglamentarias y se llevaron la prueba contra policías y militares dentro del interior del Juzgado de Instrucción 10°.
El golpe fue se realizó “para lograr la impunidad” de los represores de la última dictadura cívico militar y por lo tanto deben ser considerados de lesa humanidad, explicó la Fiscalía especial.
En ese marco, en marzo pasado el juez federal Carlos Vera Barros ordenó la detención y recepción de declaración indagatoria del general Víctor Pino Cano, el coronel Héctor Fructuoso Funes y el coronel Luis Américo Muñoz, por sus responsabilidades en el hecho. Se desempeñaban como comandante del Cuerpo de Ejército II de Rosario, jefe de Inteligencia del Estado Mayor de dicho comando y segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, respectivamente.
Los arrestos se concretaron y ya declararon en la causa Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria. Resta materializar la indagatoria de Pino Cano, la que no se pudo materializar a la fecha por razones de salud invocadas por su defensa técnica.
“La investigación se desarrolló a instancias de la Unidad de asistencia para causas por Violaciones a los DD.HH. durante el período de terrorismo de estado de Rosario, a cargo de Villatte, quien sostiene que los hechos son integrativos del plan sistemático instaurado por la última dictadura cívico militar, y que los mismos fueron cometidos para lograr la impunidad del personal militar y de las fuerzas de seguridad y policiales implicados en las denuncias de la ex Conadep. En razón de todo ello, deben ser calificados como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles”, indica el comunicado de esa dependencia de los Tribunales federales de Rosario.
Además, la Unidad Fiscal realizó procedimientos por orden judicial en la provincia de San Luis, donde se procedió al secuestro de documentación.
El histórico robo
El 8 de octubre de 1984 un grupo de personas armadas procedió a tomar por asalto el edificio de Tribunales provinciales de Balcarce entre Montevideo y avenida Pellegrini.
“Privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial de dicho edificio, le sustrajeron sus armas reglamentarias, y procedieron también a la sustracción del interior del Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario de la causa Nro. 6/1984 y de los elementos de prueba que se encontraban en relación a ésta secuestrados, tanto en la sede de dicho jugado como en la finca de calle Dorrego 1.638 también de ésta ciudad, lugar donde se procedió a privar ilegítimamente de su libertad al personal policial de consigna y a sustraérsele su pistola reglamentaria”, resumió la Unidad Fiscal.
“Días antes, a solicitud de la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en esta ciudad de Rosario en la llamada “lucha contra la subversión”, producto de lo cual se había formado el sumario antedicho en el Juzgado de Instrucción interviniente”, recordó el parte oficial.