Oscar Jorge García Rúa, el paciente internado en grave estado con coronavirus en el Sanatorio Otamendi murió, luego de que la Justicia Federal ordenara un tratamiento con dióxido de cloro que su hijastro había pedido tras perder a su mamá por la misma enfermedad. Se trata de un fallo sin precedente en el país. El uso de dióxido de cloro fue rechazado por las autoridades de la Anmat y autoridades gubernamentales.

A pesar de que la entidad apeló la decisión del magistrado, el hombre recibió la sustancia de las manos de su médico personal, Dante Converti, que se la administró sábado y domingo. Además, Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor de la Sociedad Argentina de Infectología, indicó que la única forma de conocer "la causa de muerte es que se dé la intervención judicial por causa de muerte dudosa”.

“Para conocer esa información, debería realizarse una necropsia y, a través de ella, que se establezca si hay una relación causal entre el consumo de dióxido de cloro y la muerte. De todas formas, el paciente estaba en una condición muy crítica”, sostuvo el especialista.

El polémico fallo judicial estuvo a cargo del juez federal subrogante Javier Pico Terrero. El hijastro del hombre, José María Lorenzo, que ya perdió a su mamá por la enfermedad, fue el responsable de la presentación ante la Justicia para que reciba un tratamiento de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y la administración por vía intravenosa de dióxido de cloro.

“La pretensión fue planteada con carácter definitivo y, en el Sanatorio Otamendi, están obligados por la Justica Federal a suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. Día histórico para la República Argentina”, indicó el hijastro del hombre en un video.

Una locura

"¡Es una locura lo que se ha hecho!, expresó el doctor Maglia a Télam y consideró al fallo como "un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina, que si bien en algunos casos puede ser beneficiosa para dar respuestas justas a pacientes que lo requieran en este caso es todo lo contrario, absolutamente perniciosa", aseguró el también asesor jurídico del Hospital Muñiz y del Sanatorio Finochietto.

Por otra parte, Maglio consideró un despropósito "que un juez pueda dar una resolución basado en una sola receta, sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o bien a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

En cuanto a la prescripción del médico, Maglio manifestó que se trata de "una aberración técnica médica" de un médico del que "ni siquiera se chequeó si es un especialista como dicen que es, ya que dispuso algo "en contra de toda la evidencia médica disponible" y acotó además que "no está autorizada por la Anmat y está contraindicada por diversas instituciones médicas entre ellas la SADI.

"Hay un mal proceder judicial y una actitud criminal del médico que indica esta prescripción", reiteró el asesor jurídico del Hospital Muñiz.

Este fallo puso sobre el tapete "la competencia de los médicos" y la verificación de sus habilidades y capacitaciones profesionales con el paso del tiempo.

Según la opinión de Maglio, que aseguró comparte con un calificado grupo de encargados de seguridad del paciente de casi todas las organizaciones del país, de seguros médicos y de posgrados, nucleados en un grupo de consultas mutuas, "de la misma forma que para manejar un vehículo, un avión o cualquier medio de transporte se exige una verificación de habilidad de manejo, debería exigírsele a los médicos que renuevan su matrícula médica cada cinco años y que ahora se realiza de una modo casi automático".

"En el caso de este médico en cuestión -Dr. Dante Converti-, sabemos que se recibió en el año 1965, que figura como neurocirujano, y según pudimos constatar con la Asociación Argentina de Neurocirugía no figura en ningún curso de capacitación o actualización realizado en los últimos años", indicó Maglio a Télam.

"No es una cuestión de discriminación ni de "edaismo", añadió el miembro del comité asesor en cuestiones bioéticas, se trata de una preocupación que hoy se está discutiendo en distintos países. Un ejemplo, en los Estados Unidos se está discutiendo y evaluando si los cirujanos que tienen más de 70 años pueden seguir operando o no", contó Maglio.

Fuente: Infobae/Télam