La policía federal retiró 324 ampollas de fentanilo del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) como parte de la investigación judicial por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. El operativo se replicó en distintos efectores de Santa Fe y del país, en el marco de un plan de acción dispuesto por la justicia federal con sede en La Plata.
Según confirmaron fuentes oficiales, la medida no se limitó a Rosario ni a la provincia de Santa Fe, sino que se llevó adelante en todos los puntos del país donde se detectaron casos fatales. En la capital provincial, se intervino en los hospitales Iturraspe y Cullen, en centros de salud privados y en la droguería central.
El secretario legal y técnico del Ministerio de Salud de Santa Fe, Juan Pablo Gutiérrez, explicó en De 12 a 14 (El Tres) el alcance de la medida y el origen de la intervención judicial. “A partir de esa causa judicial lo primero que se dispuso fue la guarda de las ampollas que estaban relacionadas con los lotes involucrados”, señaló.
“Luego se hizo una constatación de parte del mismo juzgado a través de la Federal, de que estaban resguardados”, agregó. “Este último paso es un plan de acción que emite el mismo juzgado en la cual establece el retiro y el secuestro de estas ampollas de todos los efectores en los que estaban guardadas”, continuó.
Gutiérrez remarcó que todas las ampollas retiradas quedan ahora a disposición del juzgado que ordenó su secuestro. “Quedan a disposición del juzgado que las retiró, no quedan más ampollas de los lotes denunciados por contaminación. No hay más en el ámbito de la provincia ni en el sector privado”, afirmó.
Los retiros realizados en Santa Fe incluyeron:
- 4.847 ampollas en el Hospital Cullen
- 811 ampollas en el Hospital Iturraspe
- 1.300 ampollas en la Droguería Central
En todos los casos, las unidades estaban previamente inmovilizadas. “Estaban retenidos en cada uno de los efectores y había una decisión de inmovilizarlo hasta que la justicia decida qué hacer con eso”, explicó el funcionario.
La investigación judicial continúa su curso mientras las autoridades sanitarias y federales buscan determinar el origen de la contaminación.