En medio de la discusión pública sobre una posible reforma laboral en el país, la Pastoral Social de Rosario difundió un documento con una serie de consideraciones y advertencias basadas en la Doctrina Social de la Iglesia. La institución llamó a la participación ciudadana y remarcó que serán los representantes electos quienes deberán definir los cambios legislativos.
El pronunciamiento cita al papa Francisco para destacar que la política “capaz de transformar las instituciones” es aquella que obra con grandes principios y busca el bien común a largo plazo. En ese sentido, señala que el trabajo “es la posibilidad de hacer brotar las capacidades y fuerzas de cada persona” y constituye “la mejor ayuda para un pobre” y un camino hacia una vida digna.
El documento subraya que el empleo es un derecho fundamental para hombres y mujeres, clave para conformar una familia, acceder a bienes, desarrollarse en distintos planos y contribuir al bien común. Frente a la desocupación, la Pastoral sostiene que el Estado debe promover políticas que activen el empleo y generen condiciones apropiadas para la iniciativa privada, sin sofocar su desarrollo.
Entre los derechos laborales que deben ser garantizados, la Iglesia enumera la justa remuneración, el descanso, ambientes de trabajo seguros, protección de la dignidad personal, subsidios para trabajadores desocupados, pensiones, seguridad social, prestaciones por maternidad y el derecho a la sindicalización.
A la hora de evaluar una reforma, la Pastoral destaca una serie de puntos:
- La legislación laboral debe reconocer al trabajador como sujeto de derechos y no como un recurso descartable.
- El trabajo no es una mercancía y el salario es un elemento central para la justicia y la distribución de la renta. Debe permitir una vida digna en función de las características del empleo, la productividad, la situación de la empresa y el bien común.
- Los ciudadanos no deben ser privados de tiempo para el descanso, el ocio y el culto por motivos de productividad.
- Los sindicatos tienen la función de defender derechos y promover la conciencia social, pero deben evitar el corporativismo y ponderar las consecuencias de sus acciones en relación con el bien común.
- La huelga es un recurso legítimo cuando se agotan otros caminos, pero debe mantenerse como una herramienta pacífica y proporcionada.
- La informalidad y el trabajo no registrado constituyen prácticas injustas a erradicar, y la reforma debe tener en cuenta a los sectores más vulnerables: jóvenes, mujeres y migrantes, para no profundizar desigualdades.
La Pastoral Social remarcó además que cualquier reforma debería surgir del diálogo sincero entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, y que la negociación colectiva, cuando es auténtica, favorece la justicia y la paz social.
Finalmente, la institución aclaró que la Iglesia no busca involucrarse en aspectos técnicos ni partidarios del debate, sino “alentar la amistad social” y la convivencia fraterna basada en la justicia y la caridad. El mensaje concluye invocando la protección de Nuestra Señora del Trabajo y San José Obrero para quienes trabajan, buscan empleo y quienes tienen la responsabilidad de legislar por el bien común.